A partir del próximo 1 de octubre inicia la cuenta regresiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Desaparece tal y como conocemos al Poder Judicial o brinda la batalla de su vida en un combate con los poderes Ejecutivo y Legislativo, por el momento unificados en un solo ente sin identidad republicana.
En su epitafio diría que la Suprema Corte nació en 1814 y murió en 2024.
Para los estudiosos del tema los magistrados de la Suprema Corte pueden frenar la Reforma Judicial pero para ello requieren armarse de valor.
Esto significa que los magistrados que defienden su independencia tienen que jugársela en una sola acción o, como los buenos pugilistas, caer con la frente en alto.
Por lo pronto la democracia mexicana enfrenta uno de sus mayores desafíos en décadas. El presidente López Obrador, con su mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, ha logrado un control casi total sobre el Poder Legislativo.
Sus iniciativas se aprueban sin modificaciones, sin debate y sin oposición.
Esta concentración de poder amenaza con convertir nuestra democracia en una dictadura.
Ahora, el Ejecutivo apunta al Poder Judicial.
La reforma propuesta busca que magistrados y jueces sean elegidos por voto popular, supuestamente para democratizar la justicia. Sin embargo, esta medida busca politizar el sistema judicial.
Con esto se socava su independencia y abre la puerta a influencias indebidas.
La justicia no debe estar sujeta a los vaivenes políticos ni a campañas electorales.
La SCJN tiene un papel crucial en este momento histórico. Puede y debe declarar la inconstitucionalidad de esta reforma, afirman expertos.
Según la Constitución, la división de poderes es fundamental para el equilibrio democrático.
Alterar esta balanza pone en riesgo los derechos y libertades de todos los mexicanos.
Los ministros de la Corte necesitan una mayoría calificada para frenar esta amenaza.
No es una tarea fácil, pero es su responsabilidad. Defender la Constitución no es opcional; es su deber. Además, tratados internacionales como el T-MEC exigen la existencia de tribunales independientes. Ignorar estos compromisos tendría consecuencias económicas y diplomáticas fatales.
Es necesario que el gran público entienda los peligros de esta reforma y apoye a la Suprema Corte en su defensa de la justicia independiente.
No se trata de proteger privilegios de unos cuantos, sino de salvaguardar los cimientos de nuestra democracia.
La Suprema Corte es el último bastión. Si cae, caeremos todos.
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