Nada será igual en cualquiera de los casos. El rechazo de la reforma (una circunstancia posible) no supondrá que las cosas no se mueven, que la democracia se salva o que la oposición triunfa por una rendija inesperada.

El proceso de debate de la reforma ya fracturó a la Corte de manera irremediable. La mayoría de los ministros son activistas y militantes. Porristas y promotores. De permanecer en su cargo, les será muy difícil a cualquiera de los que alzaron los puños y las banderas de su causa explicar sus posturas y resoluciones judiciales a partir de un prisma de la neutralidad jurídica. El Derecho tiene causa y color. Son ministros leales u opositores al gobierno, no ministros de la Nación. A confesión de parte, relevo de togas.

No serán iguales las conversaciones en las aulas de derecho y en muchas otras zonas estudiantiles. Los jóvenes toman postura. Unos en favor de la reforma judicial, otros en contra. Otros indecisos, pero la discusión llegó a las escuelas. Un signo de vitalidad y una necesidad. El aislamiento en aulas, el desprecio por el contacto con la ciudadanía, la ruptura con la sociedad y con el entorno laboral y social empujaban a las generaciones de estudiantes a la apatía, a ser rehenes de la virtualidad e indiferentes ante la realidad. La pelea por sus derechos, por la vigencia de sus ideas, la angustia por su futuro emergen en una señal de que será importante contar con la expresión juvenil, diversa y plural, no maniatada ni subordinada.

En el debate público, el sistema judicial ha sido exhibido y denostado. Los jueces y magistrados no están en la opacidad. La desconfianza sobre su actuar ha crecido y es previsible que la vigilancia ciudadana se extienda.

Si la reforma judicial es detenida en el Senado podrán cantar victoria pero no certeza.

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Una eventual aprobación de la reforma judicial en el Senado coronaría un proceso desaseado, atropellado y contaminado. Lo ocurrido en la Cámara de Diputados pervirtió el debate y la decisión. Si era histórica se convirtió en patética. Torcer a un senador por las duras o suaves formas del chantaje o la coacción para ganar la mayoría calificada y celebrarlo como si fuera la toma del Palacio Judicial, debería parecerles indigno a los promotores de esa aprobación.

La reforma constitucional obligaría a un detallado y pulcro trabajo en las leyes secundarias que deben trabajarse para adecuarlas a la nueva norma mayor. Por esa vía podrían repararse muchos de los desatinos o excesos de la iniciativa oficial.

Pero con la aprobación de la reforma constitucional el daño será profundo. En el debate ya se llevaron de encargo al Congreso, a la Corte, a los Tribunales, a los jueces.

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Lograron 36 millones de votos en su favor en las urnas hace apenas 100 días. Hoy un voto en contra los tiene contra la pared.

En esa elección de junio empequeñecieron a la oposición; ahora le han colocado un pedestal que la levanta.

La decisión sobre la reforma judicial que, efectivamente, como candidata presidencial Claudia Sheinbaum promovió en sus mensajes proselitistas pende de un voto, el de un legislador que decida no moverse. El bloque oficial trazó su propio laberinto cuando tenía un camino libre y menos sinuoso.

El sistema judicial no se mueve sin el lubricante de la corrupción. Es lo que domina. Son excepciones aquellos trámites que no transitan por el soborno o el chantaje, por el abuso y la violación. Desde abajo hasta arriba.

La reforma judicial es más que necesaria. Mejorar la justicia es un imperativo. Forzarlo con un proceso legislativo desaseado contraviene el propósito reformador hacia un sistema de justicia expedito y transparente. La forma significa. Es fondo y definición. Hacia adelante habrá que diseñar una estrategia que repare lo afectado.