Fueron secuestrados cuatro repartidores de Coca Cola en Puente de Ixtla, Morelos. Se los llevaron al estado Guerrero, les quitaron la mercancía para mandarla a un centro propio de distribución y mandaron un recado para sus jefes: que a partir de ese día, la Familia Michoacana iba a hacerse cargo de distribuir el producto.

A fin de garantizar la seguridad de sus colaboradores, Coca Cola FEMSA adoptó la decisión de suspender sus operaciones “en los diferentes canales” de esa parte de Morelos.

“Reanudaremos nuestras actividades una vez que las condiciones de seguridad estén aseguradas”, explicó la empresa en un comunicado.

El 10 de septiembre se compartieron en redes sociales imágenes de los camiones que se iban del municipio. El gobernador suplente, Samuel Sotelo Salgado, aclaró que Coca Cola no se iría de Morelos: “Únicamente se van a dejar de surtir refrescos en esa zona”, dijo.

Desde que ocurrió el secuestro, la firma expuso el problema ante las autoridades del estado. El tema se discutió incluso en la mesa de seguridad. “Pero no hubo respuesta positiva”, relata uno de los participantes en la discusión.

Finalmente, sin acompañamiento de ninguna autoridad, la empresa se llevó camiones y productos a Cuernavaca. El presidente López Obrador señaló en su “mañanera” que FEMSA no había pedido el apoyo de su gobierno. El jefe de la 24va Zona Militar, José Luis Bucio Quiroz, indicó que la seguridad sería reforzada con elementos del Ejército y la Guardia Nacional y dijo que “las condiciones ya están dadas” para que Coca Cola regrese a Puente de Ixtla.

Hace cuatro años, la presencia de la Familia Michoacana en Morelos quedaba circunscrita a unos cuantos municipios. Bajo el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, al que en diversas narcomantas se acusó de apoyar a este grupo, la influencia de la organización dirigida por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga se extendió por la entidad, en alianza —según reportes de inteligencia— con un puñado de presidentes municipales de Morena.

En 2020 fue enviado a apoderarse de Puente de Ixtla, corredor que colinda con Taxco, Buenavista de Cuéllar y Huitzuco, Luis Gómez Gómez, conocido también como El Kalimán. La orden de Gómez era aniquilar a los grupos que disputaban el municipio: Los Rojos y los Guerreros Unidos.

Gómez desterró a las organizaciones rivales y se enfrentó a las células que obedecían las órdenes de Francisco Javier Rodríguez, El Señorón. En poco tiempo se apoderó de Miacatlán, Coatlán del Río, Coatetelco, Amacuzac y Mazatepec.

En algunas de esas zonas logró que su grupo criminal quedara a cargo de la distribución de refrescos, cervezas y cigarros.

Desde la aparición de este líder criminal la inseguridad se disparó en Puente de Ixtla. Entre octubre y diciembre de 2021 ocurrieron ocho enfrentamientos a tiros entre las células de El Kalimán y otros grupos delincuenciales. Uno de estos tiroteos se dio a las puertas de una primaria. Ferias, torneos de futbol e incluso la vacunación contra el Covid-19 se suspendieron en esos días.

No solo el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, también la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo reportes de la presencia de El Kalimán en el sur del estado, y de los estragos que estaba causando a través de pactos con autoridades municipales.

Gracias a la determinación de Coca Cola, a la decisión de irse temporalmente de Puente de Ixtla, volvió a quedar bajo los reflectores el nivel intolerable de violencia e inseguridad que aqueja Morelos.

Afirma el general Bucio Quiroz que las condiciones “ya están dadas” para que esa empresa reanude sus actividades en el municipio.

No se sabe a qué condiciones hace referencia el general. El poder de la Familia Michoacana creció de manera inédita durante el gobierno de Blanco, del mismo modo en que se extendió el dominio de otras 15 organizaciones criminales. La extorsión forma parte de la vida diaria de miles de ciudadanos morelenses. El caso Coca Cola se hizo visible por el peso de esta empresa. ¿Pero cuántas historias, en medio de este fracaso, se han quedado en la sombra?