Desde que fueron capturados Ismael el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López en un rancho cercano a Culiacán, el frágil equilibrio en el Cártel del Pacífico/Sinaloa se alteró. Pero cuando dos semanas después publicó Zambada una carta donde señaló su vinculación con el gobernador Rubén Rocha Moya y acusó al hijo de Joaquín el Chapo Guzmán de haberlo traicionado, el mensaje que le dio a sus incondicionales fue de quiénes encabezaban la lista para ser ejecutados. Desde entonces ha habido diversos enfrentamientos entre las dos facciones de la organización criminal, aunque ninguna había estado tan cerca del entorno más íntimo de Zambada como este lunes en La Campiña, un fraccionamiento en Culiacán, donde vive una parte de su familia directa.
La situación en Sinaloa, particularmente en Culiacán, se está comenzando a desbordar, coincidentemente con el inicio del proceso de Zambada en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, donde será juzgado por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Zambada se había resistido a ser trasladado a la corte del juez Brian Cogan, que sentenció a su viejo socio el Chapo Guzmán en 2019, pero el jueves llegó a un acuerdo con los fiscales para ser juzgado en la ciudad de Nueva York. No han trascendido los términos del acuerdo, pero dada su disposición actual a revelar secretos de Estado, como lo hizo al difundir sus relaciones con políticos sinaloenses, todo puede esperarse de él.
La captura de Zambada cambió por completo la relación formal e informal del gobierno con el Cártel del Pacífico/Sinaloa, que durante el sexenio había sido de tolerancia, laxitud y consideraciones: seis visitas negociadas del presidente Andrés Manuel López Obrador a Badiraguato, la tierra del Chapo, un proyecto hidráulico de envergadura para Sinaloa y una nueva autopista que conecta el estado con Chihuahua, a través de la sierra que controla la organización criminal y que sirve de ruta de trasiego de drogas hacia Estados Unidos. A cambio, de acuerdo con informes de áreas de inteligencia de los gobiernos mexicano y estadounidense, de dinero para campañas políticas de Morena.
La información más reciente a la que se ha tenido acceso, proveniente de fuentes mexicanas que han ido aportando detalles al gobierno de López Obrador sobre lo que sucedió, es que Zambada fue puesto –eufemismo criminal de traición– por el gobernador Rocha Moya, quien, como se reportó en este espacio a principios de agosto, les tendió una trampa a él y a Guzmán López a espaldas de todos menos de los servicios policiales de Estados Unidos, a cambio de que él y su hijo, presuntamente vinculados con el narcotráfico, no fueran detenidos ni procesados en ese país.
Rocha Moya, de acuerdo con la información, tiene la protección del gobierno de Estados Unidos, que ha seguido negando detalles de la captura de Zambada y Guzmán López a México. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, no ha logrado obtener información de calidad del embajador Ken Salazar, su ventanilla a la administración Biden, y cuya relación se ha enfriado por la negativa del diplomático a aportarle datos.
Siguen sin entregarles el plan de vuelo del avión que los llevó de un aeródromo el 25 de julio cerca de Culiacán, a un aeropuerto regional cerca de El Paso, pero información que ha obtenido el gobierno mexicano apunta que la ruta original del avión tenía como destino Tamaulipas, pero giró hacia Estados Unidos en pleno vuelo a una altitud fuera del alcance de los radares mexicanos. Las autoridades estadounidenses tampoco han proporcionado datos sobre la bitácora de vuelo que publicó Rocha Moya para probar que no había estado en el rancho el día que Zambada afirmó que lo iba a ver para mediar en un conflicto con su rival político, el diputado Héctor Melesio Cuén, que fue asesinado en ese lugar.
El fiscal se quejó hace poco más de dos semanas con López Obrador de que el gobernador le había mentido cuando habló con él por petición del Presidente, y que sospechaba que su bitácora había sido falsificada. La información más reciente corrobora que Rocha Mora no voló ese día a Los Ángeles, como aseguró, aunque para darle fuerza a su coartada y neutralizar una eventual geolocalización a través del GPS de su teléfono celular, un enviado de él se llevó el móvil en el vuelo a Estados Unidos, para que pudieran ubicarlo fuera de México.
Dentro del gobierno mexicano existe la certeza de que la de Zambada y Guzmán López fue una operación de captura y extracción que realizaron comandos estadounidenses en Culiacán, pero hay una nueva pieza de información delicada: la participación del Ejército en el perímetro de seguridad de esa unidad de élite. “Lo que no sabemos es ‘qué Ejército’ es el que participó, porque hay varios Ejércitos”, dijo una de las fuentes consultadas, reflejando las contradicciones internas en la Secretaría de la Defensa Nacional. “Lo que sí sabemos es que no se informó al presidente López Obrador”.
Las piezas del rompecabezas de la captura de Zambada siguen fluyendo, aunque muy lentamente y con información que le ha llegado al gobierno principalmente de fuentes del cártel. La versión oficial que mantiene Washington sobre la detención de Zambada y Guzmán López es que el hijo del Chapo le tendió una celada y lo entregó a las autoridades en El Paso.
El gobierno de López Obrador no tiene mayor información que la que les proporcionó Salazar, al encontrarse interrumpidas las comunicaciones oficiales de funcionarios estadounidenses, al punto de estar prácticamente rotas. Salazar ha tratado de dar una imagen de normalidad en la cooperación de seguridad en declaraciones que ha hecho a la prensa y posiciones en las redes sociales, para esconder que los contactos con el obradorismo se han reducido al máximo.
En Palacio Nacional están viendo la descomposición en Sinaloa por una fractura de la cual no tienen todavía la información completa, pero están viendo las consecuencias. López Obrador terminará su mandato sin saber qué sucedió, dejando el tiradero a su sucesora por una política de convivencia con el cártel que terminó estallándole en las manos.
