Un tribunal federal ha confirmado hoy la suspensión provisional que ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) detener todos los preparativos para la elección judicial extraordinaria, prevista para junio del 2025. Esto implica que se detendrá el proceso de relevo por voto popular de todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia y la elección de integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima, confirmó hoy por unanimidad la suspensión provisional otorgada por el juez Segundo de distrito en esa entidad, Francisco García Contreras, el pasado 24 de septiembre.
Los magistrados no hicieron comentarios al respecto en la sesión pública, al declarar infundado un recurso de queja presentado por la Presidencia de la República. Entre los efectos de esta suspensión, se encuentra la orden de que el Consejo General del INE se abstenga de implementar el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 y que el Senado no emita la convocatoria para la elección.
Según el juez, esta medida busca evitar la destrucción de la autonomía e independencia judicial, la división de Poderes y la República. Además, el fallo también menciona que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) debe abstenerse de implementar un plan de trabajo para transferir los recursos al TDJ en lo que respecta a las funciones de disciplina y control interno de los integrantes del PJF.
A pesar de que el Congreso de la Unión ignoró diversas suspensiones dictadas por jueces en septiembre, con el objetivo de impedir la aprobación de la reforma constitucional y su publicación en el Diario Oficial, no está claro cómo el INE y el CJF actuarán ante esta suspensión, considerando que se trata de un amparo que en teoría es improcedente al tratarse de una reforma a la Constitución que también está relacionada con cuestiones electorales.
Cabe mencionar que el amparo que derivó en esta suspensión fue promovido por la Fundación Iris en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y no por personal judicial. Además, es importante destacar que el desacato a una suspensión es considerado un delito federal, por lo que corresponde a la FGR investigarlo y perseguirlo.
