A raíz de la aprobación de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, más de 400 servidores públicos del Poder Judicial de la Federación han solicitado su jubilación. Esto se debe a la modificación que contempla la elección de jueces y magistrados por medio del voto popular.
Antes de la aprobación de la reforma, 200 servidores públicos ya habían solicitado la pensión complementaria por jubilación anticipada. Sin embargo, después del 11 de septiembre, fecha en que se declaró la aprobación de la reforma, la cifra aumentó a más de 400.
De acuerdo con fuentes consultadas del Consejo de la Judicatura, este año se ha duplicado la cantidad de jueces y magistrados que han solicitado su jubilación en comparación con el año pasado. Y este lunes, el Diario Oficial de la Federación publicó que el Consejo de la Judicatura Federal aprobó un acuerdo que baja de 65 a 55 años la edad para el retiro voluntario con al menos 25 años de servicio.
Este acuerdo establece que para acceder a la pensión complementaria es necesario tener entre 55 y 64 años y 25 años de antigüedad, lo que otorgaría un 45% de la pensión. Por ejemplo, si un servidor público tiene 64 años y una antigüedad de 35 años, se le otorgaría una pensión del 78%.
Además, se establece que para solicitar el retiro voluntario es necesario haber sido ratificado como juez o magistrado y tener al menos 25 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación. Esto con el objetivo de fijar requisitos mínimos para obtener la pensión complementaria.
Otros aspectos a destacar son que la pensión total por jubilación estará conformada por la que otorgue el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la asignada por el Consejo de la Judicatura Federal como pensión complementaria. Y para aquellos que opten por el régimen de cuentas individuales, la pensión total incluirá tanto la aportación base como la pensión complementaria.
Este acuerdo ha sido bien recibido por los juzgadores, quienes ven en la pensión complementaria un reconocimiento a su labor y un apoyo para sobrevivir económicamente después de dedicar su vida al servicio del Poder Judicial. Sin embargo, señalan que todavía está sujeto a las decisiones del Congreso respecto al presupuesto anual.