En Movimiento Ciudadano siguen las dudas, golpes bajos y versiones a medias sobre el caso del hoy famoso “senador 128”, Daniel Barreda, quien fue el único ausente durante la sesión en la que la Cámara alta aprobó la reforma judicial. Nos cuentan que en el partido hay una división porque nadie ha dado una versión oficial, ni creíble, de lo ocurrido. Hay naranjas que exigen a Barreda pruebas de verdadera lealtad con el partido y si no las tiene, que se proceda internamente en su contra. El problema, nos comentan, es que si el campechano es expulsado, automáticamente MC dejaría de tener grupo parlamentario, y perdería los recursos correspondientes, al no alcanzar los cinco senadores que se requieren según la ley orgánica del Congreso. Buena se puso la novela del senador escapista, como lo llamó socarronamente el morenista Adán Augusto López.

Nos comentan que el Congreso Nacional de Morena que se realizará el 22 de septiembre se dividirá en dos. Una parte será para arropar a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, portadora en teoría del bastón de mando como líder del movimiento de la cuarta transformación. La segunda parte será para definir a los cuadros para la dirigencia nacional morenista, a la que seguramente, como lo admitió el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, se incorporará su hijo Andrés López Beltrán, aunque no se ha definido exactamente en qué cargo. Posteriormente los congresistas guindas renovarán sus estatutos para las siguientes elecciones.

Entre trabajadores del Poder Judicial se esparció el rumor de que si continuaban con el paro el Consejo de la Judicatura Federal les descontará su salario, lo que ha causado preocupación entre los movilizados. Algunos grupos ven como una forma de desactivar el movimiento en contra de la reforma judicial, y les sorprende, nos comentan, que el mensaje sea difundido por líderes como Patricia Aguayo Bernal. Ya el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal se deslindó de la información que propagan entre los trabajadores. Pese a ello, nos recuerdan, la mayoría de los trabajadores decidió extender la suspensión de actividades en tribunales y juzgados de todos los circuitos judiciales del país.

Mientras el gobierno federal que concluye en 15 días parece decidido a sostener su política de que las fuerzas federales no intervengan en la guerra desatada en Sinaloa entre Chapitos y Mayitos, organizaciones civiles se preguntan si la nueva administración traerá un enfoque diferente. En la semana que terminó, los enfrentamientos en Culiacán y municipios cercanos dejaron 24 muertos y 28 desaparecidos, y pese a fuerte presencia del Ejército y la Guardia Nacional, hasta ahora su papel ha sido prácticamente de observadores. Incluso el presidente López Obrador hizo un llamado a los grupos criminales en pugna a actuar con “un mínimo de responsabilidad”. ¿Mantendrá el nuevo gobierno la misma actitud frente a la guerra desatada tras la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y que no tiene visos de terminar pronto?