El presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado a la Cámara de Diputados una propuesta para modificar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, con el objetivo de fortalecer el control del tráfico y uso ilícito de armas. La iniciativa permitiría a empleados de organismos públicos como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Centro Nacional de Inteligencia y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) portar armas bajo condiciones específicas.
La propuesta también incluye a empleados del Banco de México y la Casa de Moneda, quienes podrían portar armas si cumplen con los requisitos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El argumento central es que la seguridad en áreas estratégicas del país es una prioridad, y ciertos empleados podrían necesitar armamento para proteger su entorno laboral.
Entre los cambios propuestos, la iniciativa introduce una regulación más estricta sobre calibres como el 5.7 x 28 mm, .357 y 5.56 mm, que serían de uso exclusivo de las fuerzas armadas, limitando su posesión por civiles. Además, se busca regular armas accionadas por gas o aire comprimido, y el transporte de armas para competidores olímpicos.
La propuesta será revisada por la Comisión de Defensa a partir de octubre, donde se analizarán las implicaciones para la seguridad en el país y la viabilidad de convertirla en ley.
