Por fin, la Cofepris otorgó ayer el registro sanitario para que el medicamento Paxlovid, que evita casos de Covid-19 grave, se pueda vender al público en general. Dicho registro fue tomado por algunos miembros del gobierno federal como un gran logro, quienes presumen que la Cofepris se convirtió en una de las primeras agencias regulatorias en autorizarlo. Sin embargo, en Estados Unidos se vende en farmacias desde hace dos años, cuando la FDA lo avaló el 7 de julio de 2022, por lo que muchos consideran que, en lugar de pretender un reconocimiento, deberían ofrecer una disculpa a aquellas personas que pudieron evitar un cuadro grave de la enfermedad, si hubiesen tenido acceso al medicamento hace meses.

Nos cuentan que, en las bancadas de Morena en el Congreso, pero en especial entre algunos senadores que sí conocen a fondo el tema de la impartición de justicia, hay quienes auguran el fracaso del Plan C del presidente López Obrador, en el sentido de elegir por voto o tómbola a jueces y magistrados. Consideran que de nada servirá cambiar a todos los impartidores de justicia si no se hace una limpia en los Ministerios Públicos, donde abundan casos de corrupción y de una mala integración de averiguaciones, que derivan en impunidad. Sin embargo, pese a que consideran que la reforma no culminará en un mejor Poder Judicial, ya veremos si algún senador o senadora valiente sale a exponer sus cuestionamientos y posturas críticas, o simplemente cumplirá con el mandato del Ejecutivo y levantará la mano sin decir ni pío para aprobar la reforma.

Nos cuentan que en la Secretaría de Marina, que comanda el almirante José Rafael Ojeda Durán, podría estallar un asunto grave. Nos informan que en la Secretaría de la Función Pública hay un procedimiento administrativo contra el director del Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México, Víctor Pineda Hernández, por presuntas irregularidades en un contrato millonario para el servicio de circuito cerrado de televisión en las escuelas náuticas. Nos aseguran que el servicio no está en uso, pero al parecer el señalamiento a Pineda lo tiene sin preocupación, ya que viajó a China y Panamá para comprar un barco del cual no se ha reportado su adquisición. Además, según el expediente del caso, el funcionario tiene una demanda, de una empresa privada, por 38 millones de pesos.

En el PRI sigue la moneda en el aire sobre la reelección de Alejandro Moreno y el proceso avanza a cuentagotas. Nos comentan que el Instituto Nacional Electoral (INE) podría pronunciarse sobre la modificación a los estatutos hasta el 17 de agosto, después de que se vote la renovación de la dirigencia del tricolor. El órgano electoral tiene 30 días para resolver, por lo que está dentro de los plazos establecidos en la ley, sin embargo, si el INE llegara a invalidar las reformas a los estatutos, todas las decisiones que tomó el tricolor quedarían sin efecto, incluyendo la renovación de la dirigencia y la reelección de don “Alito”.