“YO VOY A romper relaciones con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces voy a eliminar de mi teléfono mi WhatsApp para siempre… ¡Fuera WhatsApp de Venezuela!, ordenó el lunes el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador abrió su conferencia matutina criticando el papel de los medios tradicionales y de sus dueños, a quienes calificó de “corruptos, potentados y machuchones”. Se congratuló del “Quién es quién en las mentiras” porque se convirtió en una herramienta para informar y sensibilizar al pueblo: “Necesitamos un cambio, una renovación en el Cuarto Poder, en el poder mediático”.

Pues señoras y señores, la 4T ya inició muy a la callada el camino para controlar a los medios y renovar y purificar su papel, vía el lanzamiento de nuevas plataformas que divulguen la información y la narrativa del Movimiento de Regeneración Nacional. Ha sido fundamental el papel del vocero presidencial, Jesús Ramírez, en la definición del discurso presidencial, y la magnificación que de éste hace cotidianamente el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que preside Jenaro Villamil.

Y es que en el marco de las iniciativas de Reforma Constitucional enviadas por el inquilino de Palacio Nacional, destaca la modificación de los artículos 25, 27 y 28 “en materia de industrias estratégicas del Estado”. Esta reforma ha captado una sustancial atención, debido a los profundos cambios que implicaría para el sector eléctrico; sin embargo, contiene ocho palabras que podrían tener graves implicaciones para la libertad de expresión.

La iniciativa contempla reformar el Artículo 28 de la Constitución, conocido por prohibir los monopolios, pero contiene excepciones para las funciones que el Estado ejerce de manera exclusiva en áreas estratégicas. Históricamente, dichas funciones han incluido el correo, los telégrafos y la radiotelegrafía, así como minerales radiactivos y energía nuclear.

Es el mismo artículo que el Presidente José López Portillo reformó el 17 de noviembre de 1982 para nacionalizar la banca; ahora se pretende incluir el servicio de internet dentro de estas excepciones.

Esta modificación debería preocupar gravemente a la ciudadanía, pues la inclusión del “servicio de internet que prevea el Estado” indica una intención de nacionalizar el internet. A lo largo de este sexenio personajes como Epigmenio Ibarra y el monero Rafael Barajas han abierto brecha en medios tradicionales, a la par de una irrupción de nuevos youtubers que han ganado la preferencia de audiencias en redes sociales.

Pero nada qué ver con los cambios constitucionales para que el régimen tenga ascendencia sobre el manejo de los contenidos en el ciberespacio. Las posibles implicaciones son muchas, pero destacan tres: Control estatal: La nacionalización del servicio de internet permitiría al Estado un control sin precedentes sobre el acceso a la información y a las comunicaciones digitales. Esto podría resultar en censura, restricciones de contenido y vigilancia masiva de las actividades en línea de los ciudadanos.

Libertad de expresión en riesgo: La posibilidad de que el Estado controle el internet plantea una amenaza directa a la libertad de expresión. El control estatal puede utilizarse para silenciar a la oposición, limitar el debate público y suprimir información crítica. Y privacidad y seguridad: Un control estatal del internet podría conllevar a prácticas invasivas de monitoreo y recopilación de datos personales, poniendo en riesgo la privacidad de los usuarios. Cuidado.

QUE OTRA VEZ la propuesta del conciliador de Tangelo, Fernando Pérez Correa, no fue apoyada por los acreedores. Éstos tienen demandada a la compañía. Pérez fue removido por el juez y aunque se amparó y hoy subsiste bajo una suspensión, sus actividades están en duda. Los abogados y asesores financieros Cleary, Houlihan y Blink, están en el limbo, pues sus contratos fueron terminados por el conciliador por orden del juzgado, lo que Tangelo no peleó para impedirlo. HSBC de Jorge Arce, Bx+ de Antonio del Valle, Bajío de Salvador Oñate y los fondos Doubleline, Moneda y Fintech de David Martínez, así como los tenedores de Certificados Bursátiles que tienen deuda total de 800 millones de dólares, están ante una inminente liquidación.

LA INTERMEDIARIA QUE definitivamente no se va ni a concurso mercantil ni a un Chapter 11 es Mega, de Guillermo Romo. Le informamos hace unas tres semanas que había contratado a un grupo de asesores, pero para trabajar propuestas de refinanciamiento. A fin de facilitar este plan recibieron una oferta no vinculante del Bancomext, que dirige Luis Antonio Ramírez, para acceder a fondos. Nos dicen que la negociación seguirá las mejores prácticas internacionales y que las pláticas con los acreedores iniciarán pronto con miras a una resolución consensuada. MEGA también fichó a Cleary, Houlihan y a Blink, como Tangelo. Sus obligaciones por unos 365 millones de dólares vencen en febrero del año próximo. A diferencia de ésta y AlphaCredit, MEGA es una entidad regulada.

DONDE IGUALMENTE SE avecinan tiempos complicados es en Vasconia, que dirige José Ramón Elizondo, tras de que ClearkDusk adquiriera los derechos litigiosos y créditos de Santander, que lleva Felipe García Ascencio, y Sabadell, al mando de Albert Figueras, y con ello se diera por terminado el stand-still con Actinver y los tenedores de Certificados Bursátiles. Salvo que se logre un acuerdo entre éstos últimos, el fondo de Enrique Bahena y el banco de Héctor Madero, se ve cuesta arriba lograr una reestructura consensuada ante el hecho de que el acreedor y anterior proveedor de aluminio, Perennial, tiene demandada a la compañía en un arbitraje internacional y en concurso mercantil. Vasconia arrastra pasivos ligeramente arriba de los 2 mil millones de pesos.