Hoy se cumplen 17 años de huelga en la mina de cobre de Grupo México en Cananea, Sonora. Casi dos décadas sin empleo, sin salud, sin derecho a pensión. Con la edad encima y sin justicia. Aún así a escasos dos meses de concluir el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, claman por su voluntad política.
Es cuestión de voluntad del presidente, precisan los mineros en la sección 65 de Cananea, quedan 60 días de gobierno, pero ya no ponen toda su esperanza en que les dé la justicia ofrecida, pero al menos, en recibir una liquidación digna.
“Es cuestión de voluntad, ya no más que se dé la voluntad política del presidente”, dijo esperanzado Antonio Navarrete, vocero de los mineros de la sección 65.
Andrés Manuel López Obrador en 2017. La contaminación y los derechos laborales.
Apenas el 1 de julio del 2023 los inscribieron para darles el servicio médico del IMSS, dijo, pero no fue por la mesa de negociación, que se creó dentro del Plan de Justicia para Cananea, sino a diversas manifestaciones y cierres de carreteras que realizaron los mineros y sus familias.
Externó que aún tienen esperanza, aunque el gobierno de México se niega a responderles sobre alguna de las cinco propuestas de liquidación que le han presentado entre 2021 y 2024.
“Hemos hecho cinco propuestas económicas para resolver el conflicto y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no ha contestado ni una, la última en marzo. Nos hemos ido bajando desde recibir el cien por ciento que nos corresponde y nada”, reveló Navarrete.
Lo piden también hoy en una carta pública dirigida a López Obrador:
“Creemos en su palabra, no más impunidad a Grupo México y su dueño, solución definitiva a las huelgas mineras. En usted está la solución, una verdadera justicia que dignifique 17 años de lucha para los mineros y sus familias.
“Una liquidación Justa y el pago de las cuotas al IMSS que se nos adeudan desde el 24 de agosto de 1990 compromiso que no ha cumplido Grupo México en Cananea y así poder alcanzar una pensión a la que todos los mexicanos tenemos derecho. Seguros estamos que en estos 60 días de su mandato se puede lograr”, indican.
Como candidato ofreció justicia, como presidente…
Como candidato en 2012 y 2017, López Obrador, acusó que Grupo México pisoteaba los derechos laborales, que tenía la complicidad absoluta de autoridades federales y estatales, que dominaba la principal región minera de Sonora. Y ofreció justicia.
Ya como presidente, ni llevó justicia, ni frenó la impunidad con que la empresa continúa operando en Sonora como en lo laboral que se niega a contratar en la mina a gente de Cananea, lo ambiental que está a punto de cumplir diez años sin remediar el daño causado por el derrame de 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos al Río Sonora, ni se responsabiliza para cubrir la atención médica especializada a cientos y/o miles de personas afectadas por el agua contaminada.
“En Cananea, Sonora, la complicidad entre autoridades y la Minera México es absoluta; los trabajadores llevan año y medio en huelga (hoy se cumplen 17 años), el gobernador de Sonora mandó a la policía a reprimirlos, les cerraron el hospital, les quitaron el agua, las autoridades laborales están entregadas a la empresa y por si fuera poco, el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, era el abogado de la empresa”, escribió López Obrador en su libro “La mafia que se adueñó de México… y el 2012”, después de su segunda campaña.
En 2017, en su tercera campaña para ser presidente de México, López Obrador escribió este tuit:
“Estuve en Ures, Moctezuma y Nacozari. En esta región domina Grupo México. Los gobernantes, como en el Porfiriato, están bajo sus órdenes y esta minera contaminó impunemente al río Sonora; pisotea los derechos laborales. El cambio no significará venganza, pero sí justicia”.
Hoy son 17 años de huelga y el caso aún se dirime ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. En 2010, en el sexenio de Felipe Calderón, la autoridad laboral decidió invalidarla y favorece a la empresa para que siguiera operando, actualmente con un sindicato de la CTM.
De los mil 200 mineros que iniciaron la huelga en 2007, hoy quedan 657, la mayoría ya son adultos mayores.
“Nos han negado el derecho al trabajo desde hace 17 años, la riqueza que recibe Grupo México de Cananea, no se distribuye en la población, sus trabajadores son gente que viene de diferentes estados del país, del sur del país”, expuso Navarrete.
Quedarían mineros sin justicia en sexenio de AMLO
Ante la demanda de los mineros, el presidente López Obrador les mandó decir hace unos días, que a él le quedan dos meses, pero “habrá continuidad con cambio”, si se le acaba el plazo para resolver lo que tiene que ver con Cananea.
“Se va a seguir trabajando para que los mineros, sepan que aún cuando se nos termine el plazo, ya faltan dos meses, va a haber continuidad con cambio, la transformación continúa, por eso estamos muy contentos todos, los únicos que están enojados, ahí, son nuestros adversarios”, dijo el presidente en la conferencia matutina del 24 de julio del 2024.
En la misma conferencia se encontraba la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, a quien le pidió tomar nota de la petición de los mineros.
“En lo que tiene que ver con Cananea, se tiene una mesa en Gobernación que se ha estado activándose y se están resolviendo los problemas y se va a continuar, va a tomar nota, ya lo está haciendo desde hace tiempo”, dijo, sin dar detalles de cómo se está resolviendo el caso.
La mesa de negociación que se presume existe desde el 2021 y que surgió como parte del Plan de Justicia para Cananea, en estrictas condiciones nunca se ha llevado a cabo, pues Grupo México nunca ha estado presente cuando están los mineros y ellos desconocen si alguna vez han asistido por separado.
La última reunión que tuvieron con Segob fue en marzo y se levantaron de ella sin solución alguna.
“El gobierno ha dejado a los mineros en manos de gente inexperta, primero Olga Armida Sánchez, luego Adán Augusto López y la último Luisa Alcalde, ninguno tuvo el valor de tocar a Germán Larrea (dueño de Grupo México) ni con el pétalo de una rosa”, externó Navarrete.
Este martes se reunirán con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, sin saber a ciencia cierta para qué, pues los que tienen facultad para resolver son las autoridades federales.
Los mineros de Cananea apelan a la memoria del presidente, a sus valores, a su congruencia, que recuerde las promesas que hizo para responder al cobijo que le dieron en sus diversas campañas, sobre todo en las primeras, cuando llegaba a Sonora y nadie le tomaba en cuenta.
“Los únicos que lo respaldaban eran los de Cananea y él lo ha dicho”, dijo Navarrete.
Este conflicto minero está a la par de la huelga en la sección 17 de Taxco, Guerrero y 201 de Sombrerete, Zacatecas.
En días recientes hemos detectado en algunos medios de información una campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial, S.A. de C.V. relacionada con cierto proceso penal. Al respecto, y en ejercicio de nuestro derecho fundamental de información, queremos hacer del conocimiento que lo que se ha publicado carece de sustento y está dirigido a dañar la reputación e imagen de una empresa mexicana que genera fuentes de empleo y colabora con el desarrollo económico en nuestro país.
Al respecto, es importante aclarar que Generación Industrial, en su calidad de parte ofendida, ha ejercido su legítimo derecho de defensa, aportando a la carpeta de investigación datos de prueba contundentes, con los que se justificó una afectación a su patrimonio y, por consecuencia, la vinculación a proceso de una persona mencionada en un espacio editorial.
Es totalmente falso que Generación Industrial haya realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin ninguna prueba ni juicio de por medio y de manera por demás laxa se imputó la información periodística. En efecto, tal imputación no constituye una crítica periodística tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien refleja la divulgación de información carente de veracidad.
El proceso penal se ha sustanciado con estricto apego a derecho y respetando en todo momento el debido proceso, tan es así, que el imputado tuvo la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas y promover todos los medios de defensa a su disposición, incluyéndose, ciertos procedimientos en el que alegó la incompetencia del juez de Control de Torreón, Coahuila, así como sendos juicios de amparo.
Bajo este contexto, consideramos que la campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial constituye un medio para presionar ilegítimamente a los juzgadores tanto estatales como federales con motivo del proceso penal de referencia y amparos que se encuentran actualmente en curso.
Nuestra empresa continuará defendiendo sus derechos ante los tribunales, respetando en todo momento la resolución final que dicte la autoridad judicial.
Generación Industrial, como empresa regulada en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, se ubica en uno de los sectores de la industria con más supervisión por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, con lo que se garantiza el exacto cumplimiento de la ley.
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