La desaparición de los órganos autónomos es un paso adelante en la consolidación de la autocracia en México. Arrebata a los ciudadanos el derecho a la información y la protección de datos personales, y le pega a la eficiencia de los mercados.

Pero también es un revés a la objetiva medición de la pobreza o del desempeño del sistema educativo, como apunta la organización México Evalúa, centro de evaluación y monitoreo de la operación gubernamental.

Pero eso a los morenos y a sus rémoras les vale gorro. Las instituciones democráticas les importan menos que quedar bien con el Mesías Tropical, como bautizó Enrique Krauze a AMLO en ese artículo que escribió en Letras Libres en el 2006, y que hoy sigue vigente.

El dictamen que elimina los órganos autónomos ya circula entre diputados, pero no será votado por el pleno en esta Legislatura saliente. El oficialismo no tiene hoy con una mayoría calificada en el Congreso —dos tercios de diputados y senadores—, aunque dan por hecho que la tendrán cuando se instale la nueva Legislatura a partir del 1 de septiembre.

Ese dictamen plantea la eliminación de siete órganos autónomos: la Cofece, el IFT, la CRE, la CNH, el Inai, el Coneval y la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Dice México Evalúa:

“Desaparecer los órganos autónomos impactaría negativamente en el bienestar de la población. Estos órganos desarrollan funciones clave de especialización y agilización de tareas del Estado, destinadas a salvaguardar derechos humanos consagrados en la Constitución, sin alterar la división de poderes”.

En la exposición de motivos, la iniciativa argumenta que los citados órganos son onerosos. Sin embargo, el presupuesto asignado a ellos para 2024, de 4 mil 534 millones de pesos, representa apenas el 0.05% del presupuesto federal.

También asegura que dichas instituciones “no se han consolidado como entidades técnicas e imparciales, sino que han garantizado intereses privados”.

• * La más polémica de las reformas constitucionales, sin embargo, es la del Poder Judicial. La idea es aprobarla en comisiones este mes y bajarla al pleno en la Legislatura entrante.

Del tema hablamos con Eddie Varón Levy, comisionado del Centro de Derechos Humanos de la Barra estadunidense de abogados. Nos dijo:

“Quieren acabar con la última línea de contención contra los actos del gobierno de México… Si tanto confían en el pueblo sabio, y usan ese mote para hacer lo que les dé la gana, modifiquen la Constitución e instauren los jurados populares”.

El abogado sintetizó: “La independencia judicial no puede ni debe ser rehén de presiones políticas”.

Según Varón Levy, habrá sorpresas sobre ese tema en las semanas que vienen. “México firmó tratados internacionales y los tiene que respetar”, puntualizó.

• * Claudia Sheinbaum dijo ayer que recibirá la constancia de mayoría que la convierte oficialmente en Presidenta electa de México, el próximo 14 de agosto.

Más que un trámite, es una oportunidad para que la primera mujer que ocupará el máximo cargo de representación popular deje de aparecer como subordinada de López Obrador y borre las dudas de que en su sexenio habrá un poder tras el trono.

Es correcto no juzgar lo que ha ocurrido hasta ahora con el marco de referencia del pasado, cuando el mandatario saliente desaparecía del mapa por el fenómeno de la cargada, pero declaraciones como la que hizo Sheinbaum nos llevan a sospechar que, con el cargo o sin él, AMLO sique siendo el rey, con el perdón de José Alfredo Jiménez.

“Vengo a decirles que no vamos a traicionar. Vamos a seguir con el legado del mejor Presidente de México. No va a haber marcha atrás, no va a haber traiciones, vamos a seguir caminando con el pueblo de Veracruz y con el pueblo de México”, dijo Claudia durante la inauguración de la carretera Acayucan-La Ventosa, en Veracruz, el domingo pasado.

La magistrada Mónica Soto, presidenta del TEPJF, señaló, por separado, que será el 15 de agosto cuando le entreguen la constancia.