El senador por Morena, Reyes Flores Hurtado, ha criticado abiertamente la iniciativa de reforma al Poder Judicial, señalando que trae muchos huecos. Flores Hurtado enfatiza la necesidad de incluir filtros para los aspirantes a jueces, magistrados y ministros para evitar que perfiles improvisados o ligados a poderes fácticos y al crimen organizado accedan a estos cargos.

Flores Hurtado, quien preside la Comisión Jurisdiccional del Senado, destaca que es un riesgo real permitir la elección directa de jueces sin filtros adecuados. “Yo no quiero un Poder Judicial de aprendices o de gente corrupta”, subraya, añadiendo que los jueces electos por períodos de seis u ocho años podrían buscar enriquecerse rápidamente, lo que pondría en peligro la imparcialidad y profesionalismo del sistema judicial.

Por otro lado, hay versiones sin confirmar que Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, busca beneficiarse personalmente de la reforma. Fuentes de PolíticoMX indican que Ramiro Robledo se está posicionando para postularse como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si la reforma es aprobada. Robledo estaría movilizándose rápidamente para aprobar los dictámenes necesarios, con el objetivo de asegurarse un puesto en el futuro órgano de impartición de justicia.

Los riesgos de la reforma judicial

El Dr. Ricardo Ortega Soriano, Director del Departamento de Derecho de la IBERO, ha advertido sobre los riesgos inherentes a la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador. Ortega Soriano señala que la elección popular de jueces puede derivar en la designación de personas afines al poder político dominante, en lugar de aquellas realmente comprometidas con la justicia. Este enfoque, argumenta, pone en peligro la independencia e imparcialidad de los jueces, comprometiendo así el profesionalismo con el que deben desempeñar sus funciones.

El especialista subraya que la legitimidad de los jueces proviene de su capacidad y profesionalismo, no de la popularidad. La propuesta de reforma parte de la falacia de que los jueces electos son más legítimos, cuando en realidad su independencia de los poderes políticos y económicos es crucial para una justicia imparcial. Además, Ortega Soriano critica la creación de un tribunal de disciplina contemplada en la reforma, ya que podría censurar la libertad de los jueces para resolver casos, especialmente cuando sus decisiones contradicen las directrices del régimen político en turno.

Ortega Soriano destaca la necesidad de establecer reglas claras y estrictas que garanticen que los aspirantes a jueces posean perfiles profesionales y técnicos adecuados. Enfatiza que cualquier reforma debe orientarse hacia la mejora integral del sistema de justicia y no hacia un “revanchismo político” que desmantelaría los avances logrados desde la reforma judicial de 1994. En su conclusión, advierte que una reforma regresiva que subordine el Poder Judicial al poder político resultaría en un modelo más autoritario y menos democrático, poniendo en grave riesgo la consolidación del Estado Constitucional de Derecho en México.