Paro indefinido contra reforma judicial pone en riesgo la atención de más de 4 mil asuntos diarios

La reforma al Poder Judicial de la Federación podría aumentar el rezago en los órganos jurisdiccionales, afectando la atención de miles de asuntos a nivel nacional.

Nacional

El paro indefinido de labores iniciado ayer en protesta contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) amenaza con interrumpir la atención de 4 mil 39 asuntos diariamente en promedio. Esta situación podría agravar el rezago ya existente en los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

A nivel nacional, el CJF administra 932 organismos en 77 ciudades o municipios de las 32 entidades federativas, incluyendo juzgados ordinarios de Distrito, tribunales colegiados de Circuito y tribunales colegiados de Apelación. Durante 2023, estos órganos documentaron un total de un millón 474 mil 355 asuntos con mil 237 titulares.

De aprobarse la reforma judicial en los términos propuestos por el Ejecutivo, se proyecta que, para finales de 2026, el número de asuntos a atender alcanzaría los 2 millones 34 mil 77, sin un incremento en el número de titulares, lo que resultaría en un aumento del 38% en la carga de trabajo por titular en comparación con 2023.



Los reportes del CJF indican que los órganos jurisdiccionales conocen y resuelven asuntos que van desde la aplicación de normas y leyes hasta abusos de autoridades, incluyendo la revisión de resoluciones finales en materias penal, laboral, civil, administrativa y mercantil del orden federal. También abordan contradicciones de criterios de resolución y conflictos competenciales.

Las estadísticas muestran que los amparos indirectos han registrado un aumento constante, con 641 mil 169 en 2022, 651 mil 258 en 2023, y 316 mil 516 en lo que va de 2024. En cuanto a amparos directos, en 2022 se documentaron 196 mil 246 casos, en 2023 208 mil 3, y en el transcurso de este año ya se han registrado 94 mil 40.

La reforma judicial propuesta establece plazos máximos de 186 días para resolver asuntos administrativos o judiciales y 124 días para asuntos penales. Sin embargo, la duración promedio de un proceso penal federal en un juzgado de Distrito es de 803 días, es decir, 26 meses, lo que podría dificultar el cumplimiento de los nuevos plazos propuestos.

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