El 22 de octubre, Hermosillo será sede del Congreso Internacional Minero y, mientras esos meses normalmente son de un clima más ameno y comienza una buena vibra, en el sector minero lo único que hay es preocupación e incertidumbre.
Tanto empresas mineras como empresas proveedoras de todos los tamaños tienen miedo de los últimos días de gobierno de López Obrador, y tienen razón para temer.
Aquí no solo se habla de inversiones que se podrían perder, se tienen estimaciones de que poco más de 140 mil familias sonorenses viven directamente de la minería. Sería una catástrofe que la industria más importante del estado se vea detenida.
La infame Ley Minera que le aprobaron en fast track al presidente en abril de 2023 le costó al país la pérdida de poco más de 4 mil 500 millones de dólares en inversión, según estimaciones de la Cámara Minera de México. Según su directora Karen Flores, actualmente hay 220 permisos ambientales para exploración y explotación que no han sido autorizados por la Semarnat.
López Obrador utiliza el pretexto fácil para negar estos permisos, asegura que lo hace por proteger el medio ambiente —mientras destruye la selva maya—, pero esto es mentira, lo que realmente le molesta es que no se pudo apropiar de las minas. Recordemos que durante la pandemia intentó quitar las concesiones y, como el niño del balón: si no puedo jugar, me llevo mi pelota y así nadie juega.
Recientemente se volvió a hacer una extraña campaña que afectó mediáticamente a Grupo México por revivir 10 años después el tema de la contaminación del Río Sonora, que afectó a 22 mil habitantes de 8 municipios. Lo que el gobierno de la 4T no quiere que sepas es que la contaminación que provoca actualmente el narcotráfico en esta misma región es mucho peor.
Esta información, que aún no circula en los medios, es gracias a la investigación que realizó la Fundación Rafael Preciado Hernández, auspiciada por la Embajada de Alemania en México.
Catalogan la narco-contaminación como una catástrofe ambiental en México. Destacan que Quinto Elemento Lab encontró que las autoridades mexicanas encargadas de manejar y perseguir los crímenes medioambientales no han intervenido.
Se estima que la producción ilegal de cada kilogramo de drogas sintéticas genera al menos 6 kilogramos de desechos tóxicos, esto según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2022.
InSight Crime remata: “Es posible calcular que las redes criminales mexicanas producen entre 291 y 434 toneladas de metifenidato puro (MPM). En un año, la producción ilegal de metanfetaminas en México generó entre 1,746,960 y 2,606,400 kilogramos de desechos tóxicos”.
No existe una razón válida para seguir afectando los intereses del Estado Libre y Soberano de Sonora; son meros pretextos del presidente, porque si de verdad le preocupase el medio ambiente, pediría a sus socios del bajo mundo que le bajen un poquito a su producción ilegal de drogas.
¿Y el gobernador de Sonora? ¿Es más importante su amistad con el hombre que dejará de ser presidente en un par de semanas? ¿Seguirá la grilla en la industria minera en el estado con Sheinbaum?
Juan Luis Parra.
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