Hay explicaciones para la indulgencia con que el gobierno federal ha tratado el escandaloso fraude y la feroz represión del régimen de Nicolás Maduro, un paria internacional que alguna vez fue recibido en Palacio Nacional. Una de ellas es sencilla, como decía Dashiell Hammett, hay que seguirle la pista al dinero. Y hay mucho dinero oculto en la relación entre México y Venezuela.

Uno de los temas más delicados es el intercambio de petróleo por alimentos y la venta del mismo a precios muy altos. En 2016, el régimen venezolano lanzó el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que consiste en la venta subsidiada de bolsas o cajas de alimentos que son entregados mensualmente a sectores de la población afines al gobierno. El programa fue encabezado por Freddy Bernal, un expolicía y exalcalde de Caracas, muy cercano a Chávez. Bernal también fue señalado como uno de los jefes de los grupos de autodefensa del chavismo y, según la DEA, es parte del Cártel de los Soles, una organización criminal integrada por narcotraficantes colombianos, exmiembros de las FARC y el ELN, y dirigida por funcionarios del gobierno de Maduro y mandos militares de ese país, con estrechísimas relaciones con cárteles colombianos y mexicanos.

Desde hace años, el sector productivo de Venezuela está destrozado, sobre todo el agroalimentario, incapaz de poder, como se proponía el régimen, ser siquiera autosuficiente con la población. Hoy, el 80% de la población está en situación de pobreza alimentaria. En ese contexto, para surtir a los CLAP, el régimen de Maduro decidió asociarse con un grupo de empresas para que, desde diferentes países, entre ellos México, les enviaran los paquetes de comida lista para la distribución entre las bases sociales del chavismo.

En los acuerdos participaron los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido. Esos personajes también operaban otro negocio: el del narcotráfico, asociados con grupos provenientes de las FARC y del ELN. Pero no era sólo droga o lavado de dinero, también esos grupos, con sus aliados en el gobierno venezolano, se involucraron ilegalmente en la minería y, según denuncias presentadas por la oposición venezolana, Saab es el responsable de la exportación ilegal de oro y otros minerales, como el coltán, desde Venezuela. En 2018 fueron incautadas 46 barras de oro en Aruba, en un navío que se dirigía a Dubái, que fueron exportadas por el ELN a través de una empresa de Saab.

Saab también se enriqueció como proveedor de materiales para viviendas. El empresario, acusado de ser testaferro de Maduro, recibió 159 millones de dólares del gobierno venezolano para importar materiales de vivienda entre 2012 y 2013, pero sólo entregó productos por valor de 3 millones de dólares. Posteriormente, en el acuerdo con México, vendió alimentos a Venezuela por más de 200 millones de dólares. Los alimentos se revendieron posteriormente en Venezuela por un 112% mayor a su precio original.

Saab fue detenido en 2020, cuando regresaba como representante de Maduro en un vuelo privado procedente de Irán (uno de los principales socios del régimen venezolano), cuando estaba haciendo una escala técnica en Cabo Verde. Fue extraditado a Estados Unidos y juzgado en Miami. Este año fue canjeado por presos políticos detenidos en Venezuela y recibido por Maduro como un héroe, quien lo nombró director del Centro de Inversión Productiva del país. El empresario acusado de corrupción y de manejar el dinero del narco y lavar recursos para Maduro se transformó en el responsable de todas las inversiones extranjeras en el país.

Según investigaciones de la DEA, algunas de las empresas que participan en el CLAP son las que se encargan de transportar el dinero obtenido de la venta de drogas proveniente de Colombia y que viaja de regreso en contenedores de las empresas desde y hacia Costa Rica.

Las sospechas de este esquema de lavado de dinero venezolano iniciaron cuando un barco con contenedores destinados al CLAP hizo una escala en Puerto Limón, Costa Rica, en un muelle de la empresa estatal venezolana Alunasa, una comercializadora de aluminio.

Con base en investigaciones de la DEA, esas escalas se repitieron y servían, sobre todo, para lavar dinero desde Costa Rica. El dinero es descargado en los muelles de Alunasa y se invierte, vía bancos locales, en los bancos Evrofinance Mosnarbank, Gazprombank y VTB, todos sancionados por el gobierno estadunidense.

En el primero, el gobierno de Venezuela es propietario del 49% de las acciones, y el resto lo comparten las otras dos instituciones financieras. Ese dinero termina en las cuentas de Diosdado Cabello y Tareck El Aissami, dos de los principales funcionarios del gobierno de Maduro y acusados de encabezar, con otros funcionarios y militares, el Cártel de Los Soles. Una organización que ya está, desde hace tiempo, en la mira del gobierno estadunidense.

El Cártel de Los Soles es la organización que, integrada por funcionarios y militares del gobierno, trabajan en relación con guerrillas colombianas y cárteles de Colombia y de México para el envío, sobre todo, de cocaína hacia Norteamérica y Europa. También tienen una participación activa en el tráfico de migrantes. Recordemos que un cuarto de la población venezolana ha tenido que huir al exilio por razones políticas o económicas. El dinero de Maduro, Diosdado y otros líderes está depositado, aseguran, en Turquía.