La declaración el viernes pasado de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, que dice cómo fue la captura y extracción de Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio, es una burla al presidente Andrés Manuel López Obrador, que lleva dos semanas exigiendo información a Washington sobre lo que hicieron en territorio mexicano. Salazar hizo un control de daños, reapareciendo tras 15 días de silencio para atajar el señalamiento que hizo el presidente hace una semana, sugiriendo que su gobierno había violado la soberanía mexicana.

Salazar no cuidó las contradicciones ni las reiteraciones. Le dio atole con el dedo a López Obrador, con un boletín repleto de matices que esconden verdades inconfesables, para subrayar lo que más le importaba, que la captura fue “resultado de un trabajo muy definido basado en los principios de respeto a nuestras soberanías”, resaltando que son socios. Sin la precisión sobre la soberanía, el contenido repite la versión que funcionarios estadounidenses le proporcionaron a The Wall Street Journal y The New York Times el día de la captura.

Es decir, no aportó ningún elemento noticioso diferente y contó la misma historia: “El Mayo” Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López y lo entregó a las autoridades estadounidenses. En un comunicado dado a conocer el sábado por el jefe del Cártel de Sinaloa, Zambada confirma ese punto pero aporta más información sobre lo que sucedió en un suburbio de Culiacán ese día, donde dice que fue detenido contra su voluntad por un grupo de personas que no identificó.

Salazar, claramente con la intención de evitar un conflicto diplomático con México, dijo que “no se utilizaron recursos estadounidenses para la rendición”, refiriéndose únicamente a la entrega voluntaria de Guzmán López -sin aclarar que fue resultado de un acuerdo con su hermano Ovidio, preso en Estados Unidos, a quien le cambiaron las medidas cautelares en la víspera de la captura-, y agregó que el avión que los llevó hasta un aeropuerto regional en Nuevo México, no era de Estados Unidos, como tampoco era “nuestro piloto, ni nuestra gente”. No era necesario. Fue el mismo caso de Alfredo Salazar, el piloto de Enrique Camarena Salazar, asesinado junto con el agente de la DEA en 1985.

La información que tiene el gobierno mexicano no coincide con la versión de Washington, y establece que fue un comando estadounidense que tendió la trampa a Zambada y lo llevaron junto a Guzmán López, cuya captura obedeció a diferentes razones, a El Paso, Texas. Washington operó a espaldas de la Embajada de Estados Unidos en México, ante la desconfianza que tienen con Salazar, por ser demasiado cercano a López Obrador, y a la DEA, que tenía a Zambada como informante desde hace años.

Según el embajador, repitiendo la versión oficial de Washington desde el mismo día de la captura, “los narcos ahora se arrestan entre sí y, como cuerpos celestes que caen sobre la Tierra, descienden inesperadamente de este lado (estadunidense) de la frontera”, como lo interpretó Dolia Estévez, decana de los corresponsales mexicanos en Washington, mostrando lo absurdo de la versión.

Salazar dijo que no se presentó ningún plan de vuelo ante las autoridades estadounidenses por lo que, dentro de las enormes lagunas de su explicación, aterrizó sin su conocimiento en Nuevo México. Esto es imposible. Los cielos de Estados Unidos siempre han estado protegidos, y los protocolos de seguridad desde el ataque terrorista en septiembre de 2001 fueron reforzados para que cualquier nave no autorizada para sobrevolar los cielos estadounidenses sea interceptada inmediatamente por aviones de combate F-15 y F-16, que lo obligan a bajar o pueden ser derribados. Según el embajador, simple y llanamente aterrizaron en el aeropuerto “Doña Ana”, contiguo a El Paso.

Sin embargo, una fotografía del avión de turbohélice Beechcraft King Air en el que volaron Zambada y Guzmán, publicada por Milenio el 26 de julio, registra sobrevolando esa nave a un helicóptero artillado, que de acuerdo con conocedores de ese tipo de aparatos, se trataba de un Apache que es utilizado por el mando de Operaciones Especiales Conjuntas que depende del Pentágono, y que es el que emplea la Fuerza Delta, el cuerpo de élite para misiones especiales del gobierno de Estados Unidos.

La versión de Salazar de que no se utilizaron recursos de Estados Unidos se contrapone a la declaración del Departamento de Seguridad Territorial que señaló que las capturas “son la culminación de una investigación conjunta de Seguridad Territorial y del FBI contra el Cártel de Sinaloa”. El secretario Alejandro Mayorkas agregó en un comunicado el día de la detención, que “felicitaba a los bravos agentes (del área de) Investigaciones de la Secretaría y del FBI cuyos años de trabajo, junto con el de otros miembros de la comunidad judicial, han logrado con gran sacrificio personal, interrumpir y desmantelar las operaciones del Cártel en todo el mundo”.

En ningún momento el gobierno de Estados Unidos habló de una operación coordinada con México. Salazar no se atrave a decirlo, aunque deslizó en su boletín que hicieron ese trabajo “como socios”. Trató de ponerle bálsamo en la espalda de López Obrador, quien sabe que les han cerrado toda la información y que el propio embajador, a quien iba a ver el miércoles en Palacio Nacional, canceló la visita.

Salazar quedó atrapado, y su papel como embajador, como lo refleja su declaración, ha quedado en entredicho y reducido a repetir lo que ya se había publicado en la prensa de Estados Unidos, sin resolver el fondo de la preocupación del presidente, que la operación de la captura y extracción de Zambada, fue ejecutada por comandos especiales de su país, a espaldas de él. La litis mexicana es la violación a la soberanía mexicana. La versión oficial de Washington es inverosímil, pero le da una salida plausible: no actuaron en México. Si les cree o no López Obrador, ya no será su problema.