En noviembre de 2018, durante la primera audiencia del famoso juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán en la corte federal de Brooklyn, Nueva York, el abogado defensor del capo hizo una afirmación temeraria: el verdadero líder de El cártel de Sinaloa era Ismael El Mayo Zambada y éste había sido responsable de entregar sobornos a dos expresidentes de México.
Tres años más tarde, en el juicio iniciado en contra del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, diversos testigos colaboradores y abogados señalaron —ante la misma corte y ante el mismo juez, Brian Cogan— que el cártel de Sinaloa, de la mano de El Mayo, había sido capaz de sobornar a las autoridades del máximo nivel en México, incluido al Ejército.
Fueron señalamientos que ocuparon primeras planas de los diarios, pero quedaron en el aire. Sin embargo, la reciente detención de El Mayo y la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de impulsar un proceso en su contra en la Corte de Brooklyn abre la puerta para que responda a esos señalamientos y que los fiscales aporten nuevos datos.
Algo similar ocurrió hace unos años cuando en el juicio iniciado en contra de El Chapo se revelaron testimonios e informes que implicaron a García Luna, quien a la postre terminó procesado penalmente. El caso en contra de El Mayo es el tercer capítulo de la misma historia.
El 7 de agosto del año pasado, el gobierno estadunidense comunicó a la Corte de Brooklyn que sumaría a su equipo de fiscales a Francisco J. Navarro, un experto en los procesos relacionados con narcotráfico y corrupción, y quien apenas el año pasado logró que un capo colombiano se declarara culpable y fuera sentenciado a 45 años de cárcel.
La designación de Navarro coincidió con la noticia reportada por varios medios y confirmada por el abogado de El Mayo, Frank Pérez, sobre el traslado del capo en fecha próxima a Brooklyn para detonar el proceso penal en su contra por la acusación presentada ante el juez Cogan.
MILENIO dio a conocer ayer que en febrero de este año la fiscalía actualizó los cargos en contra de El Mayo por un total de 17 delitos, incluyendo lavado de dinero por un monto de 14 billones de dólares, así como producción y tráfico de fentanilo. Una acusación que supera a la de El Chapo en cuanto al número de delitos.
El 13 de noviembre de 2018, durante los alegatos de apertura con los que arrancó el esperado juicio en contra de El Chapo Guzmán, su abogado defensor Jeffrey Lichtman sostuvo que el “verdadero” líder del cártel de Sinaloa era Ismael El Mayo Zambada, y era él quien coordinaba las principales operaciones del grupo delictivo.
Y apuntó que entre esas operaciones se encontraba el haber entregado “cientos de millones de dólares” en supuestos sobornos al entonces presidente Enrique Peña Nieto y al ex presidente Felipe Calderón. Ese mismo día la vocería de la presidencia de México y el propio Calderón en sus redes sociales negaron los señalamientos.
Los dichos quedaron en el aire y El Chapo terminó siendo condenado. Pero lo que sí avanzó fueron los señalamientos referidos en ese juicio en contra del que fuera jefe de seguridad del gobierno de Calderón, Genaro García Luna, quien en 2022 fue detenido y a principios de 2023 sometido a su propio proceso.
En el desarrollo de este juicio el nombre de Calderón salió a relucir nuevamente luego de que uno de los testigos de la fiscalía, el ex procurador de Nayarit, Edgar Veytia, declaró bajo juramento que en 2011 el entonces gobernador de dicha entidad, Ney González, le dijo que el presidente Calderón le había instruido proteger las operaciones del cártel de Sinaloa.
Tras esos señalamientos y como sucedió con anterioridad el ex presidente Calderón negó en sus redes sociales haber ordenado esa protección criminal.
En ese mismo juicio otro de los testigos de los criminales que la fiscalía presentó como testigos, Sergio Villarreal alias El Grande, sostuvo varias veces que el cártel de Sinaloa al mando de El Mayo y El Chapo había sobornado a todo tipo de autoridades y que “estaba profundamente coludido” con el Ejército mexicano a través de sus diversas facciones, entre ellas la del Mayo Zambada.
Incluso dijo que la facción de los Beltrán Leyva, a la que él pertenecía, filtró a fuentes en el Ejército mexicano datos para detener al hermano de El Mayo, Jesús El Rey Zambada, pero que luego fueron los militares quienes los traicionaron y supuestamente le “vendieron” la información a El Mayo.
El propio Rey Zambada fue testigo en este mismo juicio y entre otras cosas declaró que no solo entregó sobornos a García Luna sino a autoridades de seguridad del gobierno de la Ciudad de México, en un periodo que correspondería al de la jefatura de Andrés Manuel López Obrador.
Cesar de Castro, abogado de García Luna, quiso insistir en ese punto durante el contrainterrogatorio,pero el juez no lo permitió. Públicamente el presidente López Obrador recriminó que el litigante haya intentado manchar la investidura presidencial con esa afirmación.
Una vez que Zambada sea presentado ante la Corte de Brooklyn y se oficialicen los cargos en su contra, este tendrá la oportunidad de declararse culpable o no culpable.
En caso de que opte por lo segundo comenzará el procedimiento para preparar su juicio el cual, dada la complejidad de los cargos y evidencia, podría tomar vaios meses o incluso más de un año.
A partir de ahí hay dos rutas para el capo. Una es la que hasta ahora han seguido El Chapo y Genaro García Luna, que es rechazar cualquier acuerdo con los fiscales estadunidenses y tratar de ganar el juicio ante un jurado. A ninguno le ha funcionado y ambos terminaron condenados.
La otra ruta para El Mayo es llegar a un acuerdo de colaboración y culpabilidad con los fiscales de Estados Unidos a cambio de una pena reducida o menos grave que la que se le impondría. Es la misma ruta por la que optó su hijo, Vicente Zambada Niebla, y hermano, Jesús Zambada García.
El fiscal designado esta semana para el caso, Francisco J. Navarro, tiene experiencia probada en procesos de esta naturaleza. En agosto del año pasado dicho fiscal lideró al equipo que consiguió una declaración de culpabilidad ante la misma Corte de Brooklyn por parte del narcotraficante colombiano Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, ex jefe del grupo criminal y paramilitar Clan del Golfo.
El acuerdo fue considerado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como un éxito, pues el referido narcotraficante acepó una condena de 45 años de prisión y un pago de 216 millones de dólares como decomiso.
Ciudad de México, a 14 de enero de 2025.
A la opinión pública.
En días recientes hemos detectado en algunos medios de información una campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial, S.A. de C.V. relacionada con cierto proceso penal. Al respecto, y en ejercicio de nuestro derecho fundamental de información, queremos hacer del conocimiento que lo que se ha publicado carece de sustento y está dirigido a dañar la reputación e imagen de una empresa mexicana que genera fuentes de empleo y colabora con el desarrollo económico en nuestro país.
Al respecto, es importante aclarar que Generación Industrial, en su calidad de parte ofendida, ha ejercido su legítimo derecho de defensa, aportando a la carpeta de investigación datos de prueba contundentes, con los que se justificó una afectación a su patrimonio y, por consecuencia, la vinculación a proceso de una persona mencionada en un espacio editorial.
Es totalmente falso que Generación Industrial haya realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin ninguna prueba ni juicio de por medio y de manera por demás laxa se imputó la información periodística. En efecto, tal imputación no constituye una crítica periodística tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien refleja la divulgación de información carente de veracidad.
El proceso penal se ha sustanciado con estricto apego a derecho y respetando en todo momento el debido proceso, tan es así, que el imputado tuvo la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas y promover todos los medios de defensa a su disposición, incluyéndose, ciertos procedimientos en el que alegó la incompetencia del juez de Control de Torreón, Coahuila, así como sendos juicios de amparo.
Bajo este contexto, consideramos que la campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial constituye un medio para presionar ilegítimamente a los juzgadores tanto estatales como federales con motivo del proceso penal de referencia y amparos que se encuentran actualmente en curso.
Nuestra empresa continuará defendiendo sus derechos ante los tribunales, respetando en todo momento la resolución final que dicte la autoridad judicial.
Generación Industrial, como empresa regulada en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, se ubica en uno de los sectores de la industria con más supervisión por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, con lo que se garantiza el exacto cumplimiento de la ley.
Atentamente
Generación Industrial, S.A. de C.V.
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