El presidente Andrés Manuel López Obrador lleva dos días acusando al gobierno de Estados Unidos de financiamiento intervencionista a Mexicanos Contra la Corrupción. Es una música conocida, por su odio a la organización que ha ventilado la corrupción en su gobierno, y por lo tramposo del alegato, porque los recursos que entrega a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, son menores a lo que recibe, de ella misma, el Ejército.

La nueva embestida contra esa organización parece querer disfrazar su molestia por la captura y extracción de Ismael el Mayo Zambada sin conocimiento de su gobierno, su frustración porque no puede acusar a Washington de ello sin tomar acciones concretas que llevarían a un conflicto diplomático, y el temor que el jefe del Cártel del Pacífico/Sinaloa hable sobre los nexos y complicidades con el régimen.

Tres semanas después de la acción que puso en una cárcel estadounidense a Zambada, López Obrador sigue sin saber qué pasó, pero entiende lo que puede suceder. Se vio a través de sus voceros oficiosos que, siguiendo la línea marcada por el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, urgían que Zambada revelara las ligas del expresidente Felipe Calderón con el cártel, pero se fueron al otro extremo y lo descalificaron luego de involucrar con el narcotráfico al gobernador de Sinaloa, a quien le pegó un tiro en el corazón que llegó a Palacio Nacional.

La declaración de Zambada los puso de cabeza en un pantano. López Obrador legitimó las imputaciones de criminales cuando declararon en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, a quien golpeaba como piñata sin pensar que lo mismo le podría suceder. ¿Por qué lo que declararon contra García Luna el hermano del Mayo, Jesús Reynaldo Zambada, y sus lugartenientes era una verdad absoluta, y lo que diga el jefes de todos ellos va a ser mentira? No hay forma de justificar la irracionalidad.

Las maromas que hacen sus voceros y el silencio de sus propagandistas sobre este caso no apagarán la mecha que prendió Estados Unidos con la captura de Zambada, quien dibujó hasta dónde está dispuesto a llegar con el comunicado que publicó el sábado. López Obrador lo leyó y desde ese día sugirió que podrían venir imputaciones de Estados Unidos contra él. Posteriormente dijo que los ataques serían porque hay sectores en ese país a quienes les disgusta su estrategia. Es cierto, pero por razones contrarias: condenan su trato deferencial con el Cártel de Sinaloa y los privilegios de los que goza.

López Obrador ha sido cuidadoso. El lunes deslindó al presidente Joe Biden de lo que hicieron con Zambada y el martes, finalmente, sacó lo que en el fondo más le preocupa, que se publiquen sus presuntas relaciones con el narcotráfico. Ese día, después de la diatriba contra Mexicanos contra la Corrupción y acusar al gobierno de Estados Unidos de financiar a grupos opositores en México, dijo que iba a enviar una carta a Biden pidiéndole explicaciones –¿por qué no le hablará por teléfono como en otras ocasiones han hecho los dos?– y que le informe si la DEA es la fuente de los periodistas Anabel Hernández, de la Deutsche Welle, y Tim Golden, de ProPublica, que publicaron investigaciones de esa agencia sobre el financiamiento del narcotráfico a las campañas presidenciales de López Obrador, que fueron canceladas por razones políticas.

Esa petición es un sinsentido, pero muestra la exasperación que tiene el Presidente al permanecer en completa oscuridad sobre lo que está haciendo Estados Unidos, que dejó de ser condescendiente con él, sin importarle exhibir la desconfianza que le tiene, y subrayar su vulnerabilidad porque la agenda y las decisiones fundamentales no están en Palacio Nacional sino en Washington.

En este nuevo episodio al cierre del sexenio, la sevicia que tuvo con García Luna se le puede revertir. La persecución y el maltrato contra él fue hecho sin pensar en el futuro, que ya llegó. La confirmación fue el cambio radical del juez Brian Cogan en el caso del exsecretario. Cogan había aceptado la moción de la defensa para la anulación del juicio al presentar evidencia sobre perjurio de seis de los testigos criminales de los fiscales. El juez, en una acción inusual, les pidió que le llevaran a sus testigos protegidos para que pudiera interrogarlos personalmente antes de tomar una decisión.

En eso estaban los fiscales cuando capturaron a Zambada y se determinara que su juicio sería en Brooklyn. El metabolismo en la Corte del Distrito Este en Brooklyn cambió súbitamente. Cogan se corrió de un extremo a otro y, sorpresivamente, tras cancelar todo lo que había solicitado, anunció que dictaría la condena contra García Luna en octubre. No hay explicación sobre sus razones, pero una interpretación jurídica externa es que, ante el futuro juicio del capo mexicano en su corte, no quiso poner en entredicho el valor que tienen para los fiscales en ese país los testigos protegidos. Es decir, la acción de Cogan deja vivas las declaraciones de criminales contra quien acuse el Departamento de Justicia.

Zambada no ha llegado aún a Brooklyn, por lo que es difícil aventurar cuándo podría comenzar su juicio. El de Joaquín el Chapo Guzmán tardó 16 meses desde que entró a la cárcel en Nueva York y comenzó el juicio. Pero esa no es la ventana que tiene López Obrador para desarrollar una estrategia de control de daños y construir la idea de que quieren atacarlo en Estados Unidos por su estrategia de seguridad. Lo que tiene es una rendija de siete semanas que le quedan como Presidente y los micrófonos de la mañanera.

Después de eso será un ciudadano más y su blindaje político se irá reduciendo conforme pasen los meses, donde no sobra, y sería inteligente hacerlo, que él y a quien le quede el saco que pintó el Mayo Zambada busquen recursos para pagar abogados en Estados Unidos, por si acaso y por las dudas. Tienen ante sí la experiencia de García Luna, sin recursos para abogados, con uno de oficio, donde las mentiras de los criminales servirán para sentenciarlo.