Hay mucho nerviosismo en Sinaloa. Ayer hubo enfrentamientos, camiones y tráileres quemados para realizar bloqueos, se manejó en redes sociales que había sido detenido Iván Archivaldo Guzmán, pero el dato cierto, al momento de escribir estas líneas, se confirmó  que hubo un ataque a una patrulla militar cerca de Jesús María (la localidad donde fue detenido Ovidio Guzmán y donde suele vivir su mamá, Griselda, a unos 60 kilómetros de Culiacán) que provocó una intensa movilización militar, precedida por otra de grupos criminales, lo que desencadenó distintos enfrentamientos y los rumores de la detención de Iván Archivaldo. Pero, según la información oficial, ésa fue la causa de los enfrentamientos, lo que también coincidió con la información divulgada por la FGR de que se había vinculado a proceso a Ovidio Guzmán en el caso del presunto secuestro de Ismael El Mayo Zambada el 25 de julio pasado. Y que, desde el día 23 de julio, no tiene información sobre el paradero de Ovidio, que se habría convertido en un testigo protegido.

Lo cierto es que no hay noticias ciertas de qué sucedió realmente con la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, el 25 de julio pasado. Desde que la Fiscalía General de la República informó que la investigación de la Fiscalía de Sinaloa sobre el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, no era cierta, lo que, de alguna forma, daba fe a la carta que divulgó el abogado del Mayo, Frank Pérez, en el sentido de que éste había sido secuestrado por el Chapito y entregado a Estados Unidos. La FGR también informó que localizó el lugar donde habrían ocurrido esos hechos, la pista desde donde había partido el vuelo que los llevó a Nuevo México e identificado la aeronave.

Pero desde ese día no hemos tenido ninguna información dura, ni siquiera de cómo llegó la Fiscalía a esa conclusión: no sabemos de quién es esa casa, quiénes habrían estado en esa reunión, por qué fue asesinado Cuén, qué pasó con los dos elementos que acompañaban supuestamente al Mayo. Ayer, la Fiscalía informó sobre los vuelos del avión que supuestamente trasladó al Mayo y a Joaquín, con diferentes cambios de matrícula, pero nada más. Ayer se informó que se vinculó a proceso a Ovidio Guzmán López, pero todo parece ser simplemente el seguimiento de las notas periodísticas que muchos hemos publicado sobre el tema y, sobre todo, dándole verosimilitud a lo que dice El Mayo, sin tener mayores elementos de prueba, por lo menos públicos, para ello. Es más, la propia FGR dice que, hasta ahora, no ha tenido información alguna sobre el caso de las autoridades estadunidenses.

La verdad es que resulta notable la cantidad de cosas que ignoran las autoridades mexicanas sobre uno de los capítulos más delicados para la seguridad nacional del país. El presidente López Obrador puede presumir y dedicar minutos en la mañanera divulgando información, ni siquiera fidedigna, sobre los salarios de los periodistas que no quiere, pero su gobierno no es capaz de saber qué pasó con El Mayo Zambada cinco semanas después de su caída. Y, paradójicamente, la información que divulgan su gobierno y la Fiscalía federal, como producto de sus investigaciones, es casi la que manejamos los medios desde hace semanas atrás, sin aportar nada nuevo.

El Mayo Zambada, mientras tanto, trata de que no lo juzguen en Houston. La defensa de El Mayo quiere que el juicio contra el jefe histórico del Cártel de Sinaloa se realice en Texas, donde está detenido, y no en Nueva York. El Mayo tiene acusaciones en varios estados de la Unión Americana, pero las mismas terminan siendo muy diferentes.

En Houston, donde quiere ser juzgado, es parte de una acusación colectiva que incluye a otras 29 personas. En Nueva York es el único acusado de las causas que lo involucran y, además, le piden como indemnización 14 mil millones de dólares. Pese a la insistencia de la defensa de El Mayo, el juicio no será en Houston, será en Nueva York, deberá responder por 17 cargos y será en el tribunal que preside el juez Brian Cogan, el mismo que procesó a El Chapo Guzmán y donde la Fiscalía local ha acumulado acusaciones amplísimas sobre el Cártel de Sinaloa, basadas en testimonios de testigos protegidos del propio cártel. Pueden ser testimonios verosímiles y fidedignos o no, pero no importa, el propio juez Brian Cogan, en el controvertido caso de García Luna, los ha dado por válidos, estén sustentados en pruebas o no.

Ese es un problema, y muy grave, para las actuales autoridades. El Chapo y los que participaron en su proceso hablaron del pasado, pero Ovidio y su hermano Joaquín, hasta por edad, sólo pueden hablar del pasado reciente, El Mayo, con 50 años de carrera, puede hablar de mil cosas. Eso es lo que preocupa en Palacio Nacional.

Un dato. ¿Recuerda usted que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue detenido y juzgado en Estados Unidos por su relación con el Chapo Guzmán? Pues bien, ahora el gobierno de Honduras, muy cercano al de López Obrador, que tanto festejó la acusación contra Hernández y lo envió a Estados Unidos, dice que va a denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos por la injerencia del gobierno de ese país en sus asuntos internos.

¿Qué cambió? Que ahora a los que acusan desde Estados Unidos por vinculación con el narcotráfico es a los que están actualmente en el poder y que eran los opositores de Hernández. Ahora están indignados por lo que, hasta hace poco, celebraron. Nada demasiado diferente a lo que vivimos en México.