Después de mí, el diluvio, está escrito en el Génesis. Dios vio que el mundo no funcionaba como quería, decidió entonces castigar a los humanos y aniquilarlos, inundó la tierra y acabó con sus habitantes. Llovió durante 40 días y 40 noches. Escogió a Noé y su mujer para que sobrevivieran a la hecatombe en un arca que Noé construyó, llevando consigo a una pareja de cada especie existente para evitar su extinción.

A López Obrador le quedan 40 días y 40 noches antes de dejar el poder y ha decretado su propio diluvio: el paquete de reformas, sobre todo la judicial, con la que quiere acabar con el sistema democrático que se construyó en el último medio siglo. Con una diferencia: a su sucesora, Claudia Sheinbaum, no le deja arca alguna para sobrevivir. Al contrario, la castiga a ella también con el diluvio.

Ayer, el embajador Ken Salazar dijo que la reforma judicial será contraproducente y que dañará las relaciones de México con Estados Unidos en muchos ámbitos, incluyendo el Tratado de Libre Comercio; reconoce que la elección por voto directo de jueces, magistrados y ministros vulnera el equilibrio de poderes y la independencia del Poder Judicial. Ken Salazar, que ha mostrado un rostro siempre condescendiente con el presidente López Obrador, fue en esta ocasión muy duro y eso sólo puede entenderse como una reacción directa de la Casa Blanca. “La elección directa y política de jueces, dijo Salazar, no resolverá la corrupción judicial ni tampoco fortalecerá al Poder Judicial. También debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y crearía turbulencia, ya que el debate sobre la elección directa continuará durante los próximos años”.

Al mismo tiempo, todos los periódicos de referencia, el New York Times, el Wall Street Journal, el Financial Times, las grandes agencias internacionales, calificadoras como Fitch, grupos financieros como Citi y Morgan Stanley han advertido que esas reformas dañarán las inversiones en México y serán un factor de inestabilidad y desconfianza. Todos ellos y muchos otros medios han destacado el inédito paro de jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial, y la reacción de los organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios contra los mecanismos de una excesiva representación, que es lo que le abre al presidente López Obrador las puertas de la reforma judicial que está empeñado en que se apruebe a unos días de dejar el poder.

Hoy, el INE muy probablemente aprobará la distribución de diputados y senadores que desde horas después de las elecciones divulgaron la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y la secretaria de Gobernación (y próxima presidenta de Morena) Luisa María Alcalde, que le otorgará a la coalición oficialista el 73% de las diputaciones, cuando sólo obtuvieron el 54% de los votos. Hay ocasiones en que la sobrerrepresentación ha sido un poco superior al 8% establecido en la Constitución, pero nunca alcanzó estos niveles.

Esta semana, José Woldenberg escribía que, con esa decisión de las autoridades electorales, tendríamos, sesenta años después, una composición en el Congreso similar a la que tuvo Gustavo Díaz Ordaz al asumir el poder en 1964, exactamente cuando se comenzó a deshacer el sistema hegemónico priista. Todo el avance democrático de medio siglo dilapidado en una interpretación de la Constitución que vulnera lo establecido por ella.

El presidente López Obrador quiere dejar ese regalo envenenado a su sucesora y, por sobre todas las cosas, no está preocupado por la crisis, por el diluvio en el que tendrá que comenzar a navegar Claudia Sheinbaum. Si se aprueba la sobrerrepresentación y se aprueba la reforma judicial y la desaparición de los organismos autónomos, le darán un golpe terrible al nuevo gobierno, afectarán la confianza, ya tan deteriorada con EU, afectarán el comercio, pueden provocar un bloqueo de la negociación del T-MEC (que es lo que están advirtiendo desde el gobierno de Estados Unidos), un deterioro cambiario producto de esa desconfianza y que el mayor detonante económico que pudiera haber tenido México, el nearshoring, se convierta en una esperanza perdida más. Con un agravante, muchas familias mexicanas viven de las remesas: si éstas son, de alguna forma, gravadas o dificultadas, el costo social adicional será altísimo.

Si ahora el crecimiento económico es raquítico, lejos de ese 2 o 3% de promedio sexenal que tenían los gobiernos llamados neoliberales, imagínese usted lo que sucederá si simplemente se pone en debate el futuro del Tratado de Libre Comercio por la desconfianza judicial en México.

Desde López Portillo, en 1982, con la estatización de la banca, ningún Presidente saliente le había dejado un regalo envenenado a su sucesor como el que ahora le deja López Obrador a Claudia Sheinbaum, que deberá comenzar su administración con una economía debilitada, con un presupuesto etiquetado y casi sin posibilidades de movilidad, con una empresa petrolera estatal quebrada y con una deuda descomunal, con proyectos multimillonarios inconclusos y subsidiados, con una muy mala relación con Estados Unidos, con una crisis de seguridad de consecuencias imponderables.

El detonante de todo eso y mucho más será la votación que hará hoy el consejo general del INE para darle a Morena y sus aliados una sobrerrepresentación que viola el espíritu de la Constitución y el sentido común. López Obrador, como Franco antes de morir, dirá que dejó todo “atado y bien atado”.