Entre los muchos pleitos casados y obsesivos que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra el que por seis años ha mantenido contra las tiendas Oxxo, aunque en realidad el problema es con el presidente del consejo de administración del grupo empresarial propietario de esas tiendas de conveniencia, José Antonio Fernández. El mandatario en repetidas ocasiones en su conferencia mañanera ha dicho que “se pasan de rosca” con los precios, que paga menos por la energía eléctrica y que las gasolineras de esa marca venden la gasolina a precios altos. Asimismo, AMLO ha instruido, desde esas mismas conferencias mañaneras, a que la Procuraduría Federal del Consumidor vigile los precios. Así, nos hacen ver, no es raro que su gobierno diga que si quieren no ser victima de las extorsiones de la delincuencia organizada, los Oxxo deben de pagar por la seguridad. Sin embargo, nos hacen ver que, si bien es necesario que los negocios paguen por seguridad dentro de sus establecimientos, el combate a la extorsión es una responsabilidad del Estado. ¿Será que el gobierno quiere que los negocios paguen a los extorsionadores para evitarse problemas de seguridad?

Nos cuentan que se alistan denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra el titular de la Unidad de Administración y Finanzas (TUAF), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Manuel Luján López, quien presuntamente retiene pagos a los administradores de contratos para los Centros de Prevención y Readaptación Social Federal hasta que estos den asignaciones directas a diversas empresas con poca experiencia. Nos comentan que los afectados amagan con ir a Palacio Nacional para denunciar el caso directamente con el presidente Andrés López Obrador, y para que la Función Pública y la Auditoría Superior tome cartas en el asunto.

La calificación de la elección presidencial podría estar a la vuelta de la esquina. Nos comentan que la Sala Superior del Tribunal Electoral podría discutir y votar el proyecto para la validez de la elección el próximo 7 de agosto, en el cual rechaza todas las impugnaciones de la oposición, además de que establece que el presidente Andrés Manuel López Obrador no intervino en el proceso electoral. Al día siguiente, el 8 de agosto, se reunirían con Claudia Sheinbaum para entregarle la constancia de Presidenta, en una sesión solemne, en la misma fecha que lo hizo su antecesor, López Obrador.

La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado morenista Juan Ramiro Robledo, empezará hoy a discutir los primeros dictámenes de las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador. Nos dicen que en la comisión no descartan aprobar la que propone desaparecer los órganos autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, a pesar de que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que primero se discutiría la reforma judicial y luego, durante la siguiente legislatura, la de órganos autónomos. ¿Regresará la legislación fast track?