No hay forma de justificar que una coalición que sacó 54% de los votos —Morena, PT y PVEM— se quede con 75% de curules y escaños en el Congreso. La obsesión de la 4T por obtener la mayoría calificada —dos tercios de curules y escaños— ha llevado al oficialismo a sacrificar principios que otrora defendían.

Los valores democráticos pasan a segundo término cuando se trata de hacer realidad la demolición de instituciones democráticas y órganos autónomos, para sacar adelante el plan C de López Obrador —18 reformas constitucionales y dos legales, diseñadas para desaparecer contrapesos y caminar hacia la autocracia—. Los constitucionalistas que defienden el oficialismo pueden invocar la Carta Magna, interpretarla, decir que en las últimas tres elecciones se aplicó este método antidemocrático.

Los morenos y sus rémoras aseguran que la Constitución extiende al PVEM y al PT la sobrerrepresentación del 8% que ésta otorga sólo al partido ganador.

“No hay sobrerrepresentación. Es el juicio ciudadano que nos otorga esa mayoría calificada y el poder reformador”, dijo el senador y próximo coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Pero el “juicio ciudadano” no les dio las dos terceras partes de los votos. Sólo 54 por ciento. Si ese porcentaje sube a 74 o 75%, sí hay sobrerrepresentación. Hasta un niño de primaria lo entiende.

Un reportero le recordó al senador de Zacatecas que López Obrador alguna vez se pronunció contra la sobrerrepresentación en las cámaras y hoy que le favorece, está a favor. “Sí, pero él no aplicó la fórmula ni tampoco le tocaba la responsabilidad de asignar plurinominales. Era un criterio y una opción política, que en ese momento los legisladores hicieron, en su mayoría, esta fórmula. La legislaron y ahora tiene que aplicarse”, dijo.

—Pero ustedes combatieron esa fórmula, le recordamos.

—Nosotros la combatimos, pero ellos… es como aquí en el Senado.

—Entonces es a conveniencia, insistimos.

—No, es lo que dice la ley y la Constitución. No es si te conviene. Nosotros estamos diciendo que lo que diga la Constitución, repuso.

Monreal, por cierto, dijo que la reforma al Poder Judicial, que no tienen amarrada porque en el Senado no alcanzaron la mayoría calificada, se aprobaría y publicaría en el Diario Oficial de la Federación antes de que concluya el mandato de López Obrador. El propósito es que él la promulgue.

La destrucción de las instituciones democráticas incluidas en el plan C y las otras reformas que amplían programas sociales están calendarizadas. Cinco con López Obrador como Presidente. Y ya con Claudia cinco para octubre, cinco para noviembre y cinco para diciembre.

* El senador Damián Zepeda nos escribió para rebatir aquello de que es un “lobo solitario”, como lo llaman algunos de sus compañeros del azul. Nos envió unas encuestas al padrón del PAN que lo ponen 23 puntos arriba de Jorge Romero, y 24 de Adriana Dávila. “Ni tan solitario”, escribe mordaz.

“El sentir general es de cambio, no de continuidad. Hay mucha molestia. Ahora, claro que falta la operación y es ahí donde tienen el control absoluto, con los padroneros”, advierte Damián. De paso desmintió el rumor de que se va a MC.

Dijo: “Siempre dicen eso. La verdad es que todo se genera porque yo he insistido una y otra vez que no debería haber alianza con el PRI y que lo mejor hubiera sido una alianza con MC. Lo sigo pensando. Cada quien debe crecer y de cara al 2027-2030 creo que una alianza PAN-MC sería potente. Puede ser complementaria y no vergonzosa como el PRIAN”.

Jorge Romero estuvo ayer en el Senado, donde se realizó la sesión de la Comisión Permanente. Hizo declaraciones sobre la elección interna del PAN. Se pronunció en contra de que el Consejo Nacional lleve a cabo la elección de la nueva dirigencia del PAN. “Es imposible que ahorita que la sociedad nos está pidiendo abrirnos, nos cerremos todavía más”, dijo en rueda de prensa. La elección será abierta a la militancia.

* Embrollo diplomático. Luego de que la agencia rusa de noticias TASS diera a conocer que Vladimir Putin fue invitado a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, el próximo 1 de octubre, la embajada de Ucrania en México sacó un singular comunicado. El texto manifiesta su confianza, en que si el hombre fuerte de Rusia asiste a la toma de posesión de Claudia, a la que también está invitado Volodimir Zelenski, el gobierno mexicano cumpliría con la orden internacional de detención, entregando al susodicho al órgano judicial de las Naciones Unidas en La Haya. “Vladimir Putin es un criminal de guerra que sostiene una orden de arresto bajo sospecha de secuestro y traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia, emitidos por la Corte Penal Internacional, cuya jurisdicción México reconoce”, puntualiza la embajada.

No es necesario un sesudo análisis para adelantar que México no va a detener a Putin. El oficialismo se ha distinguido por no condenar la invasión armada a Ucrania por parte de la potencia militar. Lo más probable es que el ruso no venga.