Una jueza ordenó al Gobierno federal, desde mayo pasado, verificar que los llamados “autos chocolate” cumplan regulaciones ambientales y mecánicas antes de regularizarlos.
“Bajo la estrategia que más estime conveniente, verifique que estos (vehículos) cumplan la normativa aplicable en materia de funcionamiento mecánico, emisiones de gases contaminantes y seguridad pública, así como que efectivamente encuadran en el presupuesto temporal aplicable”, ordenó la jueza.
El SESNSP tiene 48 horas para acatar, plazo que se contará a partir de este 1 de agosto, pues el juzgado estuvo de vacaciones la segunda quincena de julio.
Lo anterior, en un amparo promovido en enero de 2023 por la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) para impugnar los decretos del Ejecutivo, por los que se ha permitido a los dueños de vehículos importados ilegalmente regularizar su situación, previo pago de 2 mil 500 pesos.
Para dicho trámite, basta que el solicitante declare bajo protesta de decir verdad que el vehículo cumple las condiciones mecánicas y ambientales para circular en el País y haga el pago respectivo, sin que se le practique alguna verificación.
Ante el juzgado, varias autoridades han rechazado tener facultades para cumplir la suspensión, entre ellas, Presidencia de la República, el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México, Secretaría de Hacienda, y la de Seguridad Pública y Ciudadana.
Pero el SESNSP es el responsable directo del programa, por lo que la jueza se enfocó en esa dependencia.
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