EL GOBIERNO DEL presidente Andrés Manuel López Obrador dejará muchos “fierros en la lumbre” a su sucesora, Claudia Sheinbaum. Uno de tantos es una desgastada relación con Estados Unidos.

Si en noviembre gana la Presidencia Donald Trump, la relación será todo un desafío para México que si fuera Kamala Harris, quien dicho sea de paso, tampoco tiene una buena percepción del régimen de la 4T.

La captura de Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, tensaron todavía más las relaciones políticas con López Obrador y buena parte de su gabinete.

El saludo del inquilino de Palacio Nacional a Nicolás Maduro y su crítica a quienes cuestionan su victoria electoral, incluido el secretario de Estado, Antony Blinken, pues tampoco nos ayuda nada como socio.

Uno de los “fierros en la lumbre” es el pleito con la empresa Vulcan Materials, que preside Tom Hill, cuya cantera de piedra caliza y puerto en Playa del Carmen, Quintana Roo, todavía AMLO no expropia.

La semana pasada senadores y congresistas estadounidenses emitieron una declaración en respuesta a los continuos intentos del gobierno mexicano de confiscar las 2 mil 400 hectáreas.

El pronunciamiento pasó prácticamente desapercibido en nuestro país y el gobierno ni acusó recibo; la firman los senadores de Alabama  Katie Britt, Tommy Tuberville, Tim Kaine y Bill Hagerty.

Este dato es relevante porque Alabama es la sede corporativa de Vulcan Materials, una firma que emplea aproximadamente 12 mil personas y factura al año poco más de 7 mil millones de dólares.

Además de sus senadores, firmaron la declaración otros miembros del Congreso de Estados Unidos, como Gary Palmer, Terri Sewell, Robert Aderholt, Jerry Carl, Barry Moore, Mike Rogers y Dale Strong.

En el proyecto de ley de asignaciones para el año fiscal 2025 de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes incluye como un hecho el decomiso de las hectáreas de la compañía y va destinar un presupuesto.

Será para una estrategia de respuesta y defensa a fin de representar los intereses de Vulcan, incluidos incentivos y desincentivos diplomáticos para que México deje de interferir en las empresas de aquel país.

El próximo 28 de agosto vence el plazo para presentar opiniones y comentarios sobre el estudio que justifica la declaratoria de área natural protegida por parte del régimen de López Obrador.

Aunque en teoría no se trataría formalmente de una expropiación, porque implica el pago de una indemnización de no más de 7 mil millones de pesos, para los estadounidenses, en los hechos, sí lo es.

Esto abre la posibilidad de que la afectada pueda alegar en tribunales internacionales una expropiación indirecta; estos congresistas señalaron que tomarán diversas medidas legislativas en contra de México.

El objetivo es garantizar que ningún individuo o entidad se beneficie de lo que han llamado un “robo” de la propiedad privada de Vulcan Materials Company.

Tocará a la actual canciller, Alicia Bárcena, y próxima titular de la Secretaría del Medio Ambiente, fijar una postura como parte del equipo de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien heredará este conflicto.

PUES CON LA novedad de que los tenedores de los certificados inmobiliarios fiduciarios de Terrafina, que dirige Alberto Chretin, se sintieron más cómodos con la oferta de compra de Prologis que con la de mancuerna integrada por Blackstone y MRP. Y es que la fibra dirigida por Héctor Ibarzabal logró ya el consentimiento de 77.14% de sus inversionistas. Prologis se está imponiendo al poderoso fondo que preside Stephen Schwarzman, que ofreció más dinero y pagar en efectivo.

Mucho están teniendo que ver los principales accionistas de Terrafina, que si de algo se han caracterizado, ha sido de su total opacidad en esta operación. Hablamos de las afores XXI que dirige David Razú, afore Banamex al mando de Luis Armando Kuri, Sura que lleva Emilio Bertran, Profuturo a cargo de Arturo García, Pensionissste que encabeza Edgar Díaz Garcilazo y el Infonavit, que capitanea Carlos Martínez. Prácticamente todos son a la vez tenedores de los certificados fiduciarios de Prologis. Como quien dice, juez y parte. ¿Y los derechos de las minorías?

LE PLATICABA QUE hace exactamente una semana la Secretaría de Hacienda, que comanda Rogelio Ramírez de la O, cerró la operación financiera mediante la cual siete afores y el Infonavit compraron parte del Certificado de Capital de Desarrollo que lanzó el Fondo Nacional de Infraestructura para soportar la compra de las 13 plantas de Iberdrola, que dirige aquí Katya Somohano. Harán una aportación conjunta de 857 millones de dólares.

Otra vez participaron afore Profuturo con 240 millones Siglo XXI y Banamex con 200 millones cada una y Pensionissste con 20 millones, además de de Coppel de Agustín Coppel con 70 millones, InverCap de César Montemayor con 50 millones e Inbursa de Carlos Slim con 25 millones. También el Infonavit entró con 50 millones de dólares más.

El próximo mes se colocará un bono en los mercados internacionales para sustituir la deuda puente por mil 200 millones de dólares que sindicaron Santander de Felipe García Ascencio, BBVA de Eduardo Osuna, Barclays de Raúl Martínez-Ostos y el Sumitomo de Makoto Takashima. Se sabe que existe mucho apetito por ese papel.

EL SECRETARIO DE Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es el primero en reconocer la capacidad de Arturo Medina. Por ello ha propuesto que regrese al sector hacendario.

Recordará que en 2022 asumió la titularidad de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en sustitución de Carlos Romero, posición que tuvo hasta octubre de 2023, cuando fue designado subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en relevo de Alejandro Encinas. Ramírez de la O lo quiere en su equipo en el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Su nombre ha sonado para dirigir el SAT donde hoy está Antonio Martínez Dagnino.

LA PRESIDENTA ELECTA lleva tres semanas pateando el bote con anuncios francamente irrelevantes sobre su gabinete. Los mercados e inversionistas están esperando dos nombramientos clave: los directores de Pemex y CFE. Debieron darse a conocer justo en los dos últimos jueves y nada.

Su retraso los pone nerviosos porque se está creando la percepción de que Andrés Manuel López Obrador efectivamente está incidiendo para que Octavio Romero y Manuel Bartlett prolonguen su permanencia al menos en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. A ver qué señal sale de la casa de transición esta semana.