Los gobiernos locales han realizado esfuerzos para incrementar los recursos que generan por cuenta propia, los cuales de 2015 a 2023 muestran un incremento real de 8.3 por ciento, sin embargo, como proporción de los ingresos totales la cifra aún es limitada.
En su Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2024, publicado hoy, el Imco advierte que la proporción de ingresos propios se ha mantenido prácticamente sin cambios en los últimos nueve años, pues ha pasado de 15.4 a 15.5 por ciento.
El documento detalla que durante 2023 los estados tuvieron ingresos por un total de 2.97 billones, de los cuales 81.2 por ciento fueron transferencias del Gobierno federal, 15.5 por ciento fueron ingresos propios, mientras que el 3.3 por ciento restante corresponde a deuda.
Lo anterior, explica el Instituto, muestra que la elevada dependencia de los gobiernos estatales frente a la federación persiste.
“Aunque esta proporción refleja la limitada autonomía fiscal de las entidades federativas en general, existen diferencias marcadas entre ellas. Estas diferencias reflejan la dinámica de sus economías, el aprovechamiento de sus facultades tributarias y su capacidad recaudatoria”, señaló el Imco.
Sin considerar a la Ciudad de México -que cuenta con un régimen jurídico diferente- el promedio de ingresos propios es de 12.2 por ciento y sólo cinco de ellas lo superan considerablemente: Chihuahua con 25.7 por ciento, Quintana Roo con 23.7 por ciento, Baja California que reportó 19.1 por ciento, Nuevo León y Querétaro con 18.8 y 18.2 por ciento, respectivamente.
En el lado opuesto del espectro están Guerrero, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala, entidades cuyos ingresos propios representaron menos del 7 por ciento.
“Ante las necesidades crecientes de una población en aumento, es necesario que los gobiernos estatales aprovechen a cabalidad las facultades con las que cuentan de acuerdo con el arreglo fiscal vigente”, señala el Imco.
Con lo anterior, podrían ampliar su espacio fiscal e incrementar la provisión de bienes y servicios públicos, y a su vez, reducir su dependencia y la vulnerabilidad de las transferencias del Gobierno federal.