Ante lo que se anticipa como un albazo legislativo, los altos mandos del Poder Judicial de la Federación (PJF) alistan una estrategia de contención que incluye un paro de labores, el cierre de ventanillas, movilizaciones y un cabildeo internacional.
En Morena están resueltos a dejar listo el dictamen de la reforma judicial para que en septiembre sea votado por la nueva Legislatura en la Cámara de Diputados, incluso sin pasar por las comisiones, sino directo al Pleno. Lo mismo en el Senado.
Frente a este escenario, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, apoyada por un grupo de ministros, magistrados y colaboradores, ha establecido como estrategia institucional llegar a las “últimas consecuencias”, según memorandos internos y fuentes del PJF.
La resistencia es coordinada por el juez Juan Antonio González García, actual titular de la Contraloría General del Consejo de la Judicatura Federal, quien tendría el apoyo de los consejeros José Alfonso Montalvo Martínez, Lilia Mónica López Benítez y Sergio Javier Molina Martínez.
Mientras tanto, en el Pleno de la SCJN hay divisiones y posturas encontradas respecto a la estrategia de la ministra presidenta, quien, pese a no tener el apoyo de todos los ministros y ministras, ha decidido emprender dicho plan.
Otros colaboradores de la “resistencia” son José Rogelio Alanís García, magistrado adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad México y coordinador de Magistrados Penales; Reynaldo Manuel Reyes Rosas, magistrado adscrito al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México; y Magdalena Victoria Oliva, juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México.
Estos juzgadores son conocidos por su influencia sobre el personal del PJF en la Ciudad de México y por su postura radical en contra de la reforma.
El 5 de julio revelé la planeación de un paro de labores, el cual se anunciará de manera formal el 15 de agosto y se prevé que inicie el 1 de septiembre, con la idea de que el caos que generará traerá como consecuencia que la población apoye la resistencia.
La clave del paro de labores es “apagar” el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), un programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de asuntos de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial.
Asimismo se planea el cierre de ventanillas de atención, para que no se preste el servicio público de impartición de justicia.
Otro punto de la estrategia es la coalición con jueces y magistrados. El titular de la Contraloría General del Consejo de la Judicatura Federal, Juan Antonio González García, se ha reunido con los titulares de órganos jurisdiccionales de mayor lealtad para incentivar y “presionar” al personal a su cargo para manifestarse en contra de la reforma.
También se habla de la difusión de un tabulador de salarios, el cual contiene un supuesto ajuste como consecuencia de la eliminación de prestaciones a raíz de la reforma. Del mismo modo, se han efectuado cambios de adscripción irregulares de juzgadores que no comparten la estrategia.
La movilización de asociaciones de transportistas formaría parte del plan de contención, mediante un acuerdo para que se manifiesten en distintas vías carreteras del país para generar “conciencia” sobre los efectos de la reforma judicial.
Asimismo se llevará a cabo un cabildeo con legisladores y políticos estadounidenses, principalmente del Partido Republicano y con el equipo de Donald Trump.
Algunos críticos de la estrategia de resistencia es que pretende aprovecharse de los trabajadores del PJF para defender a los jueces, magistrados y ministros, quienes serían los más afectados con la reforma.
Posdata 1
En la elección de las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) llamó la atención que, por primera vez en la historia, al menos tres mujeres estarán al frente de sus secciones.
Se trata de Fabiola Rodríguez Saucedo, que estará a cargo de la Sección 1, correspondiente a Ciudad Madero, Tamaulipas; Margot Castañeda Cancino, que liderará la Sección 31, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz; y María Mayela Ávila Alcantar, quien encabezará la Sección 34, con base en la Ciudad de México.
Conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, cada planilla registrada para el proceso electoral fue vigilada en el cumplimiento de las cuotas de equidad de género.
Hace tiempo que cada sección sindical del STPRM tiene su propia composición de hombres y mujeres, pero es la primera vez que salen electas secretarias o lideresas.
El Sindicato Petrolero, que encabeza a nivel nacional Ricardo Aldana, llevó a cabo elecciones este lunes para el período 2025-2027. Se registraron más de 60 plantillas que contendieron en dicho proceso electoral en las casillas que se instalaron dentro de las ubicaciones de Pemex.
Los liderazgos emanados de dicho proceso conducirán los comités ejecutivos locales a partir del 2025.
Posdata 2
Otro líder sindical que anda muy movido es el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, quien el 4 de julio pasado, el día que fue anunciado Mario Delgado como próximo titular de la SEP, se reunió brevemente con él tras el foro “Diálogos para la Transformación del Poder Judicial”.
El magisterio cerró filas con Delgado, como ya lo había hecho previamente con el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum. “Contarás con todo el apoyo de los integrantes de la dirigencia nacional del sindicato, de cada uno de los líderes de las entidades federativas”, expresó el representante de los maestros.
Ayer, Cepeda Salas reconoció a las y los maestros por su dedicación para sentar las bases de la Nueva Escuela Mexicana, al tiempo que les pidió seguir fortaleciendo dicha institución. Al finalizar el ciclo escolar 2023-2024 el líder magisterial dijo que la educación es un proceso que debe estar en constante actualización, al igual que los materiales de enseñanza como los libros de texto gratuitos.
Reconoció que es necesario complementar los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana con materiales enfocados directamente a matemáticas, lenguaje y lectoescritura.
Posdata 3
Sobre los libros de texto, la papelera Delman Internacional SA de CV, que representa legalmente Adrián Rubio López, se convirtió en la consentida del gobierno de la 4T para surtir la materia prima de los libros de texto gratuitos. En el ejercicio fiscal en curso, la firma se hizo de un contrató con Conaliteg por 866 millones de pesos, otorgado mediante una figura de adjudicación directa.
La administración de Andrés Manuel López Obrador incrementó el presupuesto de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que dirige Victoria Guillen Álvarez, en más de 100%, para dejarlo en 7 mil millones de pesos. Todo apunta a que éste será el primero de muchos contratos que se le entregará a Delman, la nueva empresa favorita.