México se cae a pedazos y el narco controla gran parte del país, pero la cabeza de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda se ocupa (y ocupa los impuestos que los contribuyentes pagamos) en violar el secreto bancario dando a conocer sueldos y honorarios profesionales ingresados por Carlos Loret de Mola y otros varios periodistas, formadores de opinión y colaboradores de la plataforma informativa LatinUS.

Que el primer mandatario ya haya hecho costumbre esta práctica, no la hace menos ilegal. AMLO y su equipo de trabajo han violado reiteradamente las garantías individuales de diversas personas ligadas a medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.

Existe ya, entonces, otra poderosa razón para que quienes se han visto señalados desde la mañanera de forma ilegal, demanden al mandatario y a quienes resulten responsables.

El día de ayer, en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Jesús Ramírez y Pablo Gómez dijeron que no existía ninguna investigación conducida por la UIF contra Carlos Loret de Mola y otros periodistas. Independientemente de que —todo indica— están mintiendo (habrá que estar atentos a la columna de Peniley Ramírez en Reforma del próximo sábado), sus afirmaciones estuvieron seguidas por la difusión de información confidencial y protegida: los ingresos laborales (percibidos entre 2020 y 2024) de Loret de Mola y varios otros comunicadores. Esto es, más allá de que si lo que ganan los empleados de ese medio es mucho o poco, por ningún motivo el gobierno debería darlo a conocer al público.

LatinUS es una empresa constituida en Delaware, Estados Unidos (así como como Google, Amazon, Facebook, LinkedIn, Visa, MasterCard o Walmart, entre muchas otras); debe cumplir con la normatividad financiera de esa entidad y las obligaciones fiscales correspondientes. Que el gobierno mexicano, a través de la UIF, investigue a esa específica compañía es su derecho, pero que publique los montos que invierte, gasta, paga esta, es violatorio de las leyes mexicanas y de las estadounidenses.

Así, además de las demandas que deben interponer los periodistas como personas físicas contra funcionarios mexicanos, ojalá LatinUS demande a Jesús Cuevas, Pablo Gómez y al mismo López Obrador en Estados Unidos por publicar sus finanzas. Hay causa amplia y suficiente. Y más les valdrá a esos servidores públicos cuatroteístas no acercarse a los Estados Unidos so posible pena de cárcel (además de tener que pagar demandas millonarias).

En todo caso, mismo suponiendo —sin conceder— que LatinUS lavara dinero, como señaló Pablo Gómez, eso de ninguna manera hace responsables a los colaboradores del medio. Como tampoco serían responsables si su lugar de trabajo fuese una empresa intachable…

Lo que el gobierno obradorista hace es tan escandaloso, ilegal, como ridículo. Es como si yo, su servidora, columnista, quien percibe ingresos vía honorarios profesionales del medio que publica mis artículos, fuese responsable por el buen o mal manejo de las finanzas del periódico en cuestión. Lo que es más, como si la validez de mis opiniones, argumentos o información vertida estuvieran determinadas por la honorabilidad del medio informativo.

La eterna y engañosa pregunta: ‘¿pero cuánto gana Loret?’, finalmente ha sido respondida pública e ilegalmente por el actual régimen. ¿Con qué fin?: amedrentar al comunicador. Ponerlo en una situación sumamente vulnerable y hacerlo blanco fácil del crimen.

Los sueldos de los comunicadores que laboran en el sector privado son privados, independientemente de que el medio obtenga sus ingresos de venderle publicidad al gobierno.

Hay persecución de López Obrador y colaboradores a críticos del régimen. Ya no hay espacio para la duda: la UIF se ha convertido en una herramienta del obradorismo que sirve para amedrentar, extorsionar, pulverizar la reputación y la estabilidad emocional, financiera, laboral de todo aquel que señala al régimen.

Desde la mañanera se les fustiga; el gobierno paga para atacarlos en redes sociales; los seguidores de la 4t hacen propios esos ataques y vuelven a los comunicadores presas de caza. Se vulnera la libertad de expresión.

Hay prácticas que son costumbres delictivas y hay que terminar con ellas.

Giros de la Perinola

– El gobierno publica la información PRIVADA de los críticos de la 4t pero los ciudadanos no podemos acceder a la información que debería ser PÚBLICA de obras realizadas con recursos públicos como son el AIFA, el Tren Maya, Dos Bocas…

– Para quienes se rasgan las vestiduras de que LatinUS fue constituido en Delaware, es importante saber que ese es un estado de la Unión Americana donde se paga el mínimo de impuestos, por ello muchas empresas —como ya dije— se registran ahí. También es relevante conocer que Chocolates Rocío no aparece en los registros de la propiedad ni fiscales de México. En el 2020, no obstante, una empresa denominada “Finca Rocío Chocolate Corporation” fue registrada en Nueva York. ¿Y adivinen dónde se localiza su oficina principal? ¡Bingo! En Delaware…