Con todo el sigilo, la impunidad y la corrupción que caracteriza al Estado Mexicano cuando de procesar narcotraficantes se trata, el 25 de diciembre de 2023, casi casi envuelta en papel de regalo navideño, a Fernando Sánchez Arellano el Juez del Decimocuarto Distrito de Baja California le modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y le otorgó la libertad “bajo caución”. El narcotraficante salió del penal del Altiplano en el Estado de México para no regresar.
Apodado el Ingeniero, Sánchez Arellano dirigió criminalmente el cártel de los hermanos Arellano Félix, fundado por sus tíos, Benjamín y Ramón, desde mediados de 2006 cuando otro de sus tíos, el menor de la familia criminal, de nombre Francisco Javier, fue aprehendido por el FBI en aguas internacionales e internado en una prisión de los Estados Unidos, donde en un proceso judicial fue sentenciado originalmente a cadena perpetua, aunque posteriormente la pena se le redujo a 23 años y medio de prisión, como muestra de la condescendía que también los Estados Unidos han tenido para los narcotraficantes que cooperan con sus autoridades, sea proporcionando información que lleve a la captura de otros criminales como ellos, o al pago de millonarias multas en numerario y bienes.
Fernando Sánchez Arellano fue detenido en junio de 2014; tenía ocho años como cabeza criminal del CAF (cártel Arellano Félix), y fue uno de los protagonistas del inicio de una de las épocas de mayor violencia, inseguridad y criminalidad en Baja California, que ahora mismo atraviesa por otra etapa al no ser detenida o extinguida.
El Juez que le cambió la medida cautelar de prisión preventiva y lo liberó a cambio de una fianza, le permitió con ello llevar su proceso judicial en libertad, pero el 26 de enero de 2024, poco más de un mes después de obtener su libertad, Sánchez Arellano no se presentó a la audiencia, y fue cuando se emitió, por ese delito, una nueva orden de reaprehensión, está claro que los narcotraficantes no son personas de fiar para acudir a las audiencias a las que son citados para ser procesados, y que poseen los medios, económicos, de infraestructura y red de corrupción para cuando les den la oportunidad (o la compren), evadir a la justicia.
Los jueces que liberan criminales conocidos y notorios, como el caso de Sánchez Arellano, no son los menos. De hecho, son el blanco favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador para señalar la impunidad y la corrupción que prevalece en el Poder Judicial, el martes 23 de julio de 2024, de hecho, volvió a evidenciar a aquello juzgadores que aprovechan el fin de semana para liberar detenidos de peligrosidad. De la libertad bajo caución otorgada a Fernando Sánchez Arellano, de hecho, López Obrador no ha dicho palabra alguna.
“Fernando Sánchez Arellano fue detenido en junio de 2014; tenía ocho años como cabeza criminal del CAF (cártel Arellano Félix), y fue uno de los protagonistas del inicio de una de las épocas de mayor violencia, inseguridad y criminalidad en Baja California, que ahora mismo atraviesa por otra etapa al no ser detenida o extinguida”.
Estados Unidos tampoco, a pesar que en 2007 emitió una ficha de búsqueda sobre Fernando Sánchez Arellano y nueve de sus compinches, o lugartenientes de células criminales, proporcionando una línea específica y una recompensa a quien proporcionara información que llevara a la captura de él o de sus cómplices.
A los señalados, las autoridades de los Estados Unidos, los acusaron de trabajar para el Ingeniero, implicados en la comisión de delitos “tanto estatales como federales, incluidos asesinato, conspiración para cometer asesinato, secuestro, conspiración para cometer secuestro, robo, conspiración para cometer robo, tráfico de drogas y delitos de lavado de dinero. Según se establece en la denuncia, los acusados son miembros y asociados de la Organización Fernando Sánchez (FSO), una rama del cartel de narcotráfico Arellano-Félix”.
Sin embargo, a partir del 25 de diciembre de 2023, cuando un juez concedió la libertad a Fernando Sánchez Arellano, los funcionarios de la Fiscalía norteamericana, de las corporaciones de investigación y antidrogas o del departamento del Tesoro, no han emitido alerta alguna para aprehender a quien sucedió a los hermanos Arellano Félix en la organización criminal que lleva ya prácticamente 40 años delinquiendo en ambos países.
Ha sido tanto el sigilo proteccionista tanto de México como de los Estados Unidos en relación a la liberación del ex líder del CAF, que únicamente fue advertida cuando el propio liberado interpuso un amparo, el 7 de marzo de este 2024, para no ser reaprehendido, luego que el 1 de ese mes, se presentaran representantes de la autoridad a su domicilio, “con la finalidad de detenerlo y privarlo de su libertad y llevarlo a algún Centro Penitenciario de la República, ya que según ellos, tiene librada una orden de aprehensión, reaprehensión, comparecencia o presentación forzosa, por diversos jueces de distrito en los Estados de Baja California, Estado de México, Ciudad de México, Nayarit, Tamaulipas y Jueces Penales de Tijuana y Baja California”.
De no ser por ese amparo solicitado al Poder Judicial por parte de Sánchez Arellano, su libertad no sería pública.
De 2007 a 2010, al escindirse Teodoro García Simental del CAF y aliarse al cártel de Sinaloa, iniciaron la narcoguerra sangrienta que incluyó asesinatos masivos en Tijuana, secuestro de empresarios, lo cual llevó a un éxodo de familias productivas de la entidad, cobros de piso, amenazas y actos de terror entre narcotraficantes, que no se han detenido 14 años después. Las autoridades de Baja California, las de la Federación, se han visto rebasadas por la criminalidad organizada, por los mismos cárteles que siguen bañando de sangre las calles de este estado, ante la clara omisión y la complacencia, también de los Estados Unidos, para liderazgos como el de Sánchez Arellano, que ya lleva siete meses impune, en libertad, y contando.
En días recientes hemos detectado en algunos medios de información una campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial, S.A. de C.V. relacionada con cierto proceso penal. Al respecto, y en ejercicio de nuestro derecho fundamental de información, queremos hacer del conocimiento que lo que se ha publicado carece de sustento y está dirigido a dañar la reputación e imagen de una empresa mexicana que genera fuentes de empleo y colabora con el desarrollo económico en nuestro país.
Al respecto, es importante aclarar que Generación Industrial, en su calidad de parte ofendida, ha ejercido su legítimo derecho de defensa, aportando a la carpeta de investigación datos de prueba contundentes, con los que se justificó una afectación a su patrimonio y, por consecuencia, la vinculación a proceso de una persona mencionada en un espacio editorial.
Es totalmente falso que Generación Industrial haya realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin ninguna prueba ni juicio de por medio y de manera por demás laxa se imputó la información periodística. En efecto, tal imputación no constituye una crítica periodística tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien refleja la divulgación de información carente de veracidad.
El proceso penal se ha sustanciado con estricto apego a derecho y respetando en todo momento el debido proceso, tan es así, que el imputado tuvo la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas y promover todos los medios de defensa a su disposición, incluyéndose, ciertos procedimientos en el que alegó la incompetencia del juez de Control de Torreón, Coahuila, así como sendos juicios de amparo.
Bajo este contexto, consideramos que la campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial constituye un medio para presionar ilegítimamente a los juzgadores tanto estatales como federales con motivo del proceso penal de referencia y amparos que se encuentran actualmente en curso.
Nuestra empresa continuará defendiendo sus derechos ante los tribunales, respetando en todo momento la resolución final que dicte la autoridad judicial.
Generación Industrial, como empresa regulada en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, se ubica en uno de los sectores de la industria con más supervisión por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, con lo que se garantiza el exacto cumplimiento de la ley.
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