El tema ya no es la calificación de la elección presidencial, luego de que quedó claro que el Presidente sí intervino ilegalmente en la misma, pero no puede ser sancionado por ello. López Obrador se dijo sorprendido y preguntó en la mañanera cuándo había intervenido él en la campaña. Le contestó indirectamente Luis Estrada, que ha seguido en forma acuciosa las mañaneras, quien señaló que en ellas López Obrador había hablado en 497 ocasiones de Claudia Sheinbaum y en 137 de Xóchitl Gálvez.
No sólo eso, apenas un día después de las elecciones, en la mañanera ya se estaban anunciando las curules para diputados y senadores, utilizando un método de sobrerrepresentación que amplía dramáticamente el número de legisladores para los tres partidos del oficialismo. Este miércoles, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación y próxima presidenta de Morena, volvió a abordar el tema en la mañanera, cuando el mismo no está definido ni sancionado por el INE y el TEPJF.
El gobierno federal no tendría que intervenir, pero, una vez más, lo hace, presionando para que se mantenga un modelo de sobrerrepresentación que viola la lógica y que es el que permite que el oficialismo tenga un porcentaje de diputados mucho mayor a los votos obtenidos. Según la Constitución, ningún partido puede tener una sobrerrepresentación superior al 8% de sus votos. Fue una cláusula poco sensata impuesta para garantizar supuestamente la gobernabilidad, en realidad, para darle al partido en el poder, entonces el PRI, un peso legislativo que no tenía, pero un 8% era manejable políticamente.
Ahora, la coalición ganadora, con la fórmula utilizada, tendrá prácticamente un 20% más, lo que le garantizaría la mayoría calificada en la Cámara baja, mucho más de lo que ganó en las urnas, porque se le otorga a cada uno de los tres partidos de la coalición.
Hay distintas reformas puntuales, como dijo Alcalde el miércoles, que podrían darle la razón al oficialismo, pero ésa es una decisión que tendrá que tomar el INE y refrendar o modificar el Tribunal Electoral, no el gobierno federal. Adelantarse desde el día siguiente de la elección a oficializar un porcentaje sin que exista una decisión legal al respecto es, simplemente, una forma de operar ante la opinión pública y de presionar a las autoridades electorales.
Ése es el punto central de debate, no la calificación de la elección presidencial que, evidentemente, ganó Claudia Sheinbaum, ni tampoco las trapacerías que ha cometido Alejandro Moreno para reelegirse en el PRI. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inició la deliberación para elegir internamente, ante el incumplimiento del Senado, su sexto integrante que se deberá definir utilizando dos criterios similares, pero contrapuestos, entre los integrantes de los consejos locales: el magistrado de mayor edad o de mayor antigüedad, porque se necesitan seis magistrados para poder calificar la elección.
Tampoco ello ocurrirá en los próximos días, primero se decidirá respecto a diputados y senadores y después sobre la Presidencia. Claudia tendrá su dictamen entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, antes, el Tribunal deberá despejar todas las impugnaciones presentadas. Una vez más, es un periodo demasiado largo de transición porque, aunque eso sea hipotético, quien haya ganado la elección no tiene la constancia de su triunfo hasta, en este caso, tres meses después de los comicios. Y ésta ha sido una elección con resultados muy abiertos. En la de 2006, la calificación concluyó casi sobre la fecha de toma de posesión de Felipe Calderón.
Pero lo importante es la decisión sobre la sobrerrepresentación legislativa. Eso es lo que definirá el perfil del próximo gobierno. Si se aplica la fórmula que quiere el oficialismo, será, una vez más, consecuencia de las reformas y adiciones que se hicieron en las reformas electorales de 2007 y 2013, que deformaron el sistema electoral en fervor de las dirigencias partidarias, quitaron espacios a la sociedad y dejaron indefiniciones, como el de la sobrerrepresentación, a la interpretación de las autoridades electorales. Esas dos reformas, impulsadas originalmente por López Obrador, sobre todo luego de la elección de 2006, aunque él nunca las apoyó públicamente, fueron votadas por el PAN, el PRI y el PRD, y son las que deformaron las leyes electorales que habían permitido elecciones mucho más libres y justas en 2000 y 2006. Ahora posiblemente se pagarán las consecuencias de aquellos desatinos.
- TRES NOMBRAMIENTOS
Las designaciones de las secretarias de Turismo y de Cultura y la ratificación del secretario del Trabajo que hizo ayer Claudia Sheinbaum no generaron mayores expectativas. En Cultura quedó Claudia Curiel de Icaza, quien ocupó esa misma posición en el gobierno de la ciudad. Es un buen nombramiento. No es muy conocida la nueva secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, quien estaba en esa responsabilidad en Tlaxcala. No sé si es el mejor perfil para lo que debe ser uno de los motores de la economía del país, con ingresos, el año pasado, superiores a los 30 mil millones de dólares. En Trabajo repite Marath Bolaños, cercano a los hijos del Presidente y quien estableció una buena relación con los líderes sindicales.