Ricardo Monreal, el experimentado político, otrora asiduo visitante de Palacio Nacional para compartir alimentos e ideas con Andrés Manuel López Obrador, lucha ahora con uñas y dientes para mantenerse con un rol protagónico en el “segundo piso de la Cuarta Transformación”, que será encabezado por Claudia Sheinbaum.

Al tiempo que reconstruye su liderazgo en Morena, todavía desde el Senado, con la difusión, discusión y posterior aprobación de la iniciativa de Reforma Judicial, el zacatecano defiende los bastiones que le fueron arrebatados, como un recordatorio de que en los últimos años ha incurrido en actos considerados de “traición” por varios de sus compañeros.

En las elecciones del 2 de junio, el “monrealato”, como se llama a los espacios y personajes que están bajo su control político, perdió la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México y el municipio de Zacatecas en su estado natal, dos plazas que, a contracorriente del “carro completo” de Morena, ganó la alianza opositora.

“En política nada es coincidencia”, reza el adagio, y acciones como bloquear la victoria de Morena en la Cuauhtémoc hace tres años, con el apoyo a la candidata aliancista Sandra Cuevas, o generar divisiones en su propia tierra, correspondió de manera inmediata a una reacción.

Tan dolorosa fue la derrota en la capital de su estado natal como la que obtuvo su hija Caty Monreal en la alcaldía central de la CDMX. A tales catástrofes se suma el haber quedado en algunas encuestas en el último lugar de las “corcholatas” que buscaban la candidatura presidencial de Morena, incluso por debajo del senador del Partido Verde, Manuel Velasco.

Pero Ricardo Monreal es un político curtido y desde la Cámara de Diputados buscará consolidarse como un gran operador para la futura presidenta Claudia Sheinbaum. Por esa instancia deberán pasar las reformas prioritarias de López Obrador, la mayoría heredadas a la nueva administración, por lo que tendrá la oportunidad de reivindicarse.

En el terreno electoral, Monreal aún no tira la toalla y llevará hasta las últimas consecuencias las impugnaciones en las plazas que no se resigna a perder. Se asegura que ha cobrado favores a los magistrados presidentes de los tribunales electorales de la Ciudad de México y de Zacatecas, Armando Ambriz Hernández y Gloria Esparza Rodarte, respectivamente, para echar abajo los resultados de los comicios.

En la capital del país se intenta ordenar un recuento de los votos emitidos en la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, en detrimento de Alessandra Rojo de la Vega, mientras que en Zacatecas el tribunal local ha declarado la nulidad de la elección en la que resultó vencedor Miguel Varela Pinedo, de la alianza opositora.

Fuentes de Morena a nivel nacional aseguran que no acompañan a Monreal en dichas cruzadas, por lo que no meterán las manos en este par de asuntos que podrían llegar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se confirmarían las derrotas de los candidatos cercanos a Monreal.

Incluso, en una hipotética repetición de la jornada electoral, tanto en la capital del país como en Zacatecas, el “monrealato” volvería a ser derrotado: en la Cuauhtémoc porque Sandra Cuevas logró destruir todas las alianzas que este grupo tenía con las redes de comerciantes de la demarcación, y en la capital zacatecana por un reclamo cada vez más activo de la ciudadanía contra la inseguridad.

Ya se verá, en todo caso, la fuerza que volverá a tener Monreal en la política nacional.

Posdata 1

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sigue perdiendo margen de maniobra para el siguiente sexenio, particularmente en su cruzada para deshacerse del subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton, y del titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, ambos amigos de los hijos del presidente López Obrador y considerados por el propio mandatario como de alta confianza.

“Al buen entendedor pocas palabras”, reza el clásico refrán, por lo que el doctor en Economía por la Universidad de Cambridge deberá registrar y acatar el mensaje que le mandó la semana pasada el presidente desde su conferencia de prensa matutina, en la que calificó a los conocidos “JP” y “Tony” como funcionarios “intachables” y de gran confianza para él. En resumen, la orden parecería que se quede el equipo completo en Hacienda.

En el equipo de transición de Claudia Sheinbaum también se escuchan comentarios sobre una propuesta que trae bajo el brazo el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el sentido de que esta dependencia debe absorber –o bien operar– la banca de desarrollo para competir con los bancos comerciales en materia de otorgamiento de créditos para las empresas de tecnología y, principalmente, de electromovilidad.

Posdata 2

Sobre la columna del lunes, en torno a los personajes que se perfilan para dirigir al Infonavit en la administración de Claudia Sheinbaum, hubo varias reacciones. Al ser uno de los institutos públicos con mayores activos del país, algunos de los cuales pretenden utilizarse para construir por lo menos 600 mil viviendas durante el siguiente sexenio, hay varios que quieren dirigir sus destinos y, también del lado de la iniciativa privada, quienes quieren ser los contratistas y desarrolladores favoritos, pues habrá muchas formas de hacer negocios, a menos de que se pongan candados en la reforma que va a votarse próximamente.

En la columna enumeré a los personajes que más suenan para encabezar al Infonavit, desde el actual director general, Carlos Martínez, quien no ha recibido ninguna indicación de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pero de no ser ratificado permanecería en el cargo hasta la Asamblea General de diciembre, para dejar lista la parte normativa de la reforma constitucional.

Nestor Núñez, hijo del exgobernador de Tabasco, Arturo Núñez, quien si bien formó parte de la campaña de la futura presidenta también fue alcalde de Cuauhtémoc bajo el cobijo de Ricardo Monreal, por lo que se dice que otorgarle el cargo a él sería “entregárselo” de alguna manera a Monreal, con todas las implicaciones que eso tiene.

El caso de César Yáñez, si bien es una opción viable y que en su momento se manejó como posible sustituto de Carlos Martínez, en 2021, tiene sentido si la intención de Sheinbaum es convertir al Infonavit en un instituto más de uso político y menos técnico.

Y en el caso de Mario Macías Robles, director Sectorial de los trabajadores, sería darle mucha fuerza a los sectores laborales y a la añeja CTM, que encabeza el eterno Carlos Aceves del Olmo.

Según fuentes, hay otros que quieren el cargo, aunque no estarían realmente en el radar de Sheinbaum, como Ricardo Sheffield y el suplente de la exjefa de Gobierno, Martí Bátres, quien hace poco echó a andar un programa de vivienda en renta para jóvenes en la CDMX.

Dado el gran interés de esta cartera por parte de los personajes masculinos, se dice que Claudia Sheinbaum podría terminar por hacerlos a un lado para nombrar a la primera directora del Infonavit, una mujer de todas sus confianzas. Ya lo veremos.

Posdata 3

La reforma judicial sigue sacando chispas y generando preocupaciones, no solo en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a nivel internacional. El 12 de junio pasado, Estados Unidos instó a la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a que la “profunda reforma” que se debatirá en el Congreso mexicano respete las inversiones extranjeras previstas en el tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC).

Así lo expresó el encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, durante una audiencia de un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Y ahora los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) expresaron su preocupación por “la reforma judicial que se pretende aprobar en México, siguiendo en propósitos experimentados bajo las dictaduras y autoritarismos electivos emergentes en América Latina, a saber, la cooptación de la Administración de Justicia para disponerla al servicio de objetivos ideológicos, usarla para la aplicación de un derecho penal del enemigo y asegurar la reelección indefinida de los gobernantes”.

La carta pública firmada, entre otros exjefes de Estado, por José María Aznar y Mariano Rajoy, de España; Rafael Ángel Calderón, de Costa Rica; Alfredo Cristiani, de El Salvador; Iván Duque y Andrés Pastrana, de Colombia; Federico Franco, de Paraguay; Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de Chile; Osvaldo Hurtado, Guillermo Lasso y Lenin Moreno, de Ecuador; Mauricio Macri, de Argentina; Carlos Mesa, de Bolivia; Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares, de Panamá, y por lo expresidentes mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox expone que “rechazan enérgicamente cualquier intento de modificar el sistema judicial que pueda debilitar la independencia y autonomía de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano, incluido el Tribunal Electoral; como la propuesta del partido oficial Morena, que busca implementar elecciones populares para la selección de estos cargos, haciéndolos depender de influencias políticas, comprometiendo la imparcialidad de sus ministerios y haciéndolos presa de una Justicia de opinión”.

Y sigue: “Nos preocupan profundamente las posibles consecuencias de esta reforma en cuanto a la debida garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sólo posible en un Estado constitucional y democrático de Derecho que asegure cabalmente la autonomía e independencia de los jueces y los equilibrios y contrapesos al ejercicio del poder. Instamos al diálogo abierto y constructivo entre todos los actores políticos y sociales de México, para que aborden cualquier necesidad de reforma judicial, asegurando siempre el respeto irrestricto a los principios democráticos como a los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia contenidos, sea en la Convención Americana de Derechos Humanos, sea en la Carta Democrática Interamericana como interpretación auténtica de esta. Una reforma que implique el debilitamiento y desmantelamiento del Poder Judicial representa un atentado grave contra la democracia y la vigencia de un orden constitucional”.