Hace 32 años, en marzo de 1992, viajé a Chiapas y Guatemala para realizar un reportaje sobre los más de 40 mil refugiados del conflicto armado entre el ejército y las guerrillas del país centroamericano.
Para entonces, la guerra civil en Guatemala ya llevaba tres décadas. Y aunque se habían iniciado las conversaciones entre las partes beligerantes, aún faltaban cuatro años para que se firmara la paz.
Los enfrentamientos entre soldados e insurrectos, así como las masacres perpetradas por paramilitares en áreas rurales indígenas habían dejado decenas de miles de muertos. Pueblos completos —de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y El Quiché, colindantes con México— habían cruzado la frontera y vivían en Chiapas y Campeche, en campamentos precarios.
El gobierno del presidente Jorge Serrano Elías había mostrado interés en que los refugiados volvieran a su país, pero éstos se resistían por la falta de garantías. No fue sino hasta que se dio el acuerdo entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemala —en diciembre de 1996— que ocurrieron los retornos masivos, aunque algunos miles decidieron permanecer en México.
Ahora los papeles se han invertido. En medio de la violencia por el enfrentamiento entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, centenares de mexicanos comenzaron a cruzar la frontera con Guatemala para buscar refugio.
En días recientes, habitantes de los municipios de Motozintla, Frontera Comalapa y Amatenango de la Frontera llegaron a distintos puntos del departamento de Huehuetenango, huyendo de la guerra que los delincuentes han desatado en sus comunidades. Muchos de ellos se instalaron en escuelas del municipio de Cuilco, a unos 30 kilómetros de la línea divisoria entre los dos países.
Entrevisté en Imagen Radio al pastor protestante Mario Castañeda, director del albergue Casa de la Misericordia, ubicada en la capital departamental. Me contó que el martes llegó una familia chiapaneca integrada por cinco personas. “Tienen mucho miedo de hablar, pero me dicen que están amenazados y corre peligro su vida”.
Dicho albergue da servicio principalmente a familias pobres que necesitan atenderse en el hospital de Huehuetenango y también a algunos migrantes que van de paso hacia el norte, pero Castañeda estima que en los próximos días se comenzarán a ver cada vez más chiapanecos que huyen de la violencia y deberá prepararse para recibirlos.
También hablé con el alcalde de Cuilco, Audilio Roblero, quien me contó que unos 300 mexicanos habían llegado a ese municipio. El funcionario me dijo que los víveres estaban escaseando y que no había comida suficiente para todos los desplazados.
El éxodo hacia Guatemala no es sino un síntoma de la guerra que protagonizan los dos grupos criminales mencionados, que buscan controlar una franja del territorio fronterizo por donde se trafica con personas, armas y droga.
Como comenté en entregas anteriores de esta Bitácora, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no está prestando atención a la situación en Chiapas, que se descompone rápidamente. Decenas de miles de habitantes, de una docena de municipios, están atrapados por el enfrentamiento, sin poder moverse de sus casas y, en algunos casos, desprovistos de energía eléctrica y alimentos.
Quienes están tomando la ruta del exilio tienen la fortuna de vivir cerca de la frontera, pero ésa no parece ser opción para los que viven más lejos, pues no hay forma de moverse por los caminos, a causa de los bloqueos que han instalado los criminales y por el riesgo de quedar en medio de una balacera.
Hace unas cuantas décadas, los guatemaltecos veían en México un lugar de refugio para escapar de los combates entre soldados y guerrilleros, así como de los paramilitares que arrasaban sus poblados. Hoy es al revés: México es el infierno y el país vecino es el cobijo. Allá es Guatemala; y aquí, Guatepeor. ¿Quién iba a creerlo?
