La discusión de la reforma al Poder Judicial de la Federación se ha centrado en la votación popular de jueces, magistrados y ministros, lo cual ha generado críticas de expertos, nacionales e internacionales, de barras y colegios de abogados, y de líderes mundiales. Pese a todo, es muy probable que la iniciativa presidencial se apruebe en el Congreso de la Unión en septiembre, por lo que en la primera mitad del 2025 se habrán de renovar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La disolución del Consejo de la Judicatura Federal, que dará paso a la integración de un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, no ha sido motivo de mucho debate, pero en el Poder Judicial –y sobre todo en la Corte– los puestos de magistrados para estas dos instancias ya son objeto de deseo.

De acuerdo con la iniciativa de reforma constitucional que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Órgano De Administración Judicial estará integrado por cinco personas designadas para un periodo de seis años. El Poder Ejecutivo nombrará uno, el Senado a otro y la SCJN a tres. Sus responsabilidades serán las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como elaborar el presupuesto del Poder Judicial.

Sin embargo, el Tribunal más interesante, codiciado y poderoso será el Tribunal de Disciplina Judicial, el cual estará integrado por cinco magistrados electos a nivel nacional por un periodo de seis años, propuestos igualmente por los Poderes de la Unión: uno el Ejecutivo, dos el Legislativo y dos el Judicial. Después, serán sometidos a votación popular.

El Tribunal de Disciplina estará encargado de recibir y gestionar denuncias de cualquier persona o autoridad. Su poder radica en que tendrá la facultad de investigar a ministros, magistrados, jueces y a todo el personal judicial por “actos contrarios a la ley, al interés público o a la administración de justicia, incluyendo hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, o cuando sus resoluciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia”.

En caso de que las y los magistrados del Tribunal encuentren irregularidades podrán amonestar, sancionar, multar, suspender o destituir a los infractores. La redacción de la iniciativa de reforma enviada por el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados tiene una acotación para excluir a ministros de la suspensión o destitución, pero en el nuevo dictamen esto puede cambiar.

Asimismo, la iniciativa propone dar vista al Ministerio Público en caso de delitos o solicitar el juicio político de los jueces, magistrados o ministros ante el Congreso de la Unión.

Dada la enorme influencia que tendrá este Tribunal, las y los ministros de la Corte que concluirán sus periodos tan pronto entre en vigor la reforma que va a aprobarse en septiembre, apuntan a ser magistrados de dicha instancia jurídica, sobre todo porque no podrán volver a proponerse como ministros.

Los nombres de las ministras cercanas a la 4T son los que más suenan para integrar dicho Tribunal: Yasmín Esquivel –quien se asegura busca presidirlo–, Loretta Ortiz y Lenia Batres. Tampoco se descarta al expresidente de la Corte Arturo Zaldívar.

En el Consejo de la Judicatura actual ya existe una Comisión de Disciplina, integrada por tres mujeres que también son fuertes candidatas para integrar el nuevo Tribunal: Lilia Mónica López Benítez, Eva Verónica de Gyvés y Celia Maya García.

Así que es muy probable que el poderoso y nuevo tribunal emanado de la reforma al Poder Judicial esté integrado solo por mujeres.

Posdata 1

En el Consejo de la Judicatura de la CDMX existe una Comisión de Disciplina Judicial para interponer quejas contra jueces y magistradas adscritos a juzgados, así como jurisdiccionales que hayan cometido faltas administrativas.

Dicha comisión está integrada por seis consejeras y consejeros que procesan las quejas y determinan la sanción que puede ir desde un apercibimiento hasta la separación del cargo, en caso de demostrarse la responsabilidad del funcionario público.

Dicha Comisión no ha sido en realidad muy efectiva. Y si bien es un boceto de cómo podría ser la nueva instancia federal, los expertos aseguran que no se le asemeja, empezando por la característica de Tribunal, y segundo por las personas que lo integrarán, muy cercanas al gobierno en turno y a la denominada Cuarta Transformación.

Posdata 2

La mayoría de los nombramientos del gabinete que ha hecho la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, han sido bien vistos por los empresarios y las cúpulas de la iniciativa privada, sobre todo los que tienen que ver directamente con sus temas, como las Secretarías de Economía, Hacienda, Energía, Trabajo, Turismo y Agricultura, entre otras.

Otra de las instancias que serán importantes es la coordinación del Consejo Empresarial que encabezará Altagracia Gómez y que tiene la importante tarea de ser uno de los principales vínculos del gobierno de Sheinbaum con los inversionistas, además de delinear el plan para detonar el crecimiento económico regional.

La relación de Altagracia Gómez deberá ser muy cercana y fluida, precisamente con los futuros titulares de las carteras que más interacción tienen con el sector empresarial, tales como Rogelio Ramírez de la O, Marcelo Ebrard, Luz Elena González, Marath Bolaños, Josefina Rodríguez Zamora y Julio Berdegué, entre otros.

Altagracia ha dejado en claro en foros con empresarios –públicos y privados– que no será formalmente integrante del gobierno o del gabinete legal de Sheinbaum, sino una interlocutora con el sector privado. Aún está por verse si el Consejo Empresarial estará integrado por algunos empresarios y empresarias en lo particular o solamente tendrá relación con el Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Francisco Cervantes, el Consejo Mexicanos de Negocios, a cargo de Rolando Vega, y las demás cámaras y organismos de la iniciativa privada.

Posdata 3

Este lunes la estadounidense UPS reveló un acuerdo de compra de la empresa mexicana de paquetería Estafeta.

Se prevé que la transacción se cierre al final del año y está sujeta a las aprobaciones regulatorias y antimonopolios. Esto último es relevante, toda vez que Estafeta controla cerca de 24% del mercado de paquetería en México, seguida por DHL, con 22%, así como de FedEx y UPS, con aproximadamente 18% cada una. Tras la operación, el nuevo grupo se convertiría en el líder del sector.

La justificación de UPS para quedarse con Estafeta es el nearshoring. “Las cadenas de suministro globales continúan cambiando, el papel de México en el comercio mundial está creciendo y los sectores de pymes y manufactura mexicanos están buscando un acceso confiable al mercado de Estados Unidos. No hay mejor manera de capitalizar estas tendencias que combinando el tamaño y la escala de UPS con Estafeta”, dijo la presidenta y directora ejecutiva de UPS, Carol Tomé.

Estafeta es una empresa que lleva cerca de 45 años en el negocio en México. En septiembre pasado se anunció el fallecimiento de su director general, Ingo Babrikowski, quien desde hace 25 años era pieza fundamental del negocio. Su lugar lo tomó Jens Grimm, hijo del fundador, quien finalmente decidió vender la compañía.