La aprobación de la reforma al Poder Judicial ha entrado en cuenta regresiva. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha trazado la ruta para su votación a partir del 15 de agosto, casi simultáneamente con el resto de iniciativas constitucionales enviadas en febrero por el presidente, Andrés Manuel López Obrador. La polémica reforma que plantea, entre otros aspectos, la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular, comenzará a redactarse a partir del 9 de agosto a la espera de que concluyan los foros en parlamento abierto organizados por el Legislativo con la promesa de que sus conclusiones se considerarán para la elaboración del proyecto, que deberá ser aprobado antes de que finalice la actual legislatura, el 31 de agosto. Con ello, el proyecto se podrá heredar al próximo Congreso que inicia el 1 de septiembre para que sea puesto a votación del pleno, ya con la necesaria mayoría calificada asegurada, por lo menos en la Cámara baja.
La junta directiva de la comisión a cargo de procesar las reformas a la Constitución ha previsto dar luz verde este jueves al acuerdo que delinea la ruta para la aprobación de la reforma judicial. En el documento también se contempla desahogar las otras 17 propuestas de modificaciones constitucionales que integran el paquete enviado por el mandatario en el aniversario de la Constitución. El 30 de abril, el último día del periodo ordinario de sesiones, Morena puso a salvo las reformas con la redacción de los dictámenes a los que no les hizo cambio alguno respecto de lo enviado por López Obrador. En el reciente acuerdo también se establece que no se realizarán modificaciones a las propuestas originales hasta su discusión en el pleno. “No se presentarán reservas a los proyectos de decreto en las reuniones de la Comisión; en su caso, se podrán presentar en la oportunidad legal ante el Pleno de la Cámara de Diputados”, se lee en el documento.
Las propuestas presidenciales habían sido desahuciadas, sin embargo, los resultados electorales del 2 de junio en los que el partido oficialista, Morena, y sus aliados (PT-PVEM) arrasaron en las urnas, le dieron nuevos bríos. En la Cámara baja la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia se perfila para tener la valiosa mayoría calificada —dos tercios de los votos— a partir del 1 de septiembre. Esto les da poder absoluto para modificar la Constitución sin necesidad del aval de la oposición. En el Senado se espera que solo dos escaños los separen de contar con los 86 votos que requieren para que las reformas transiten en el Legislativo.
“El proyecto de dictamen de la iniciativa relacionada con el Poder Judicial y sus conexas, se empezará a elaborar a partir del día 9 de agosto, a fin de considerar los trabajos de los Diálogos Nacionales que se celebran en el curso, y su presentación y circulación reglamentaria no será antes del día 15 de agosto próximo”, se lee en el acuerdo que se alista para ser aprobado este jueves por la junta directiva y ratificado en el pleno de la comisión de mayoría morenista el 1 de agosto.
La convocatoria a la reunión de agosto encendió las alarmas sobre la votación de la reforma judicial. Sin embargo, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, terminó con las especulaciones. “Que no se malinterprete: los tiempos para la redacción de modificaciones al anteproyecto de reforma constitucional en materia Judicial iniciarán, en la Comisión de Puntos Constitucionales, a partir del 9 de agosto, una vez concluidos los Diálogos nacionales”, publicó en la red social X.
Entre las reformas con mayor grado de complejidad está la electoral, para la que el plazo también se extenderá sin rebasar el 31 de agosto, toda vez que su dictamen depende de dos comisiones más. La propuesta que ya había sido rechazada en 2022 por el Congreso, contempla la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), mayor posibilidad de intervención del Gobierno y competencias más comprimidas; disminuye de 11 a siete el número de consejeros electorales y su periodo de permanencia de nueve a seis años. Otra reforma polémica es la que otorga al Ejército, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, el control total de la Guardia Nacional, cuya génesis es de naturaleza civil.
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