La captura que ejecutó directamente el Gobierno de Estados Unidos tanto de Ismael “El Mayo” Zambada García como de Joaquín Guzmán López “El Chapito”, excluyendo totalmente al Gobierno mexicano, ha puesto en entredicho el grado de colaboración existente entre ambos países, sin embargo, información que permitiría evaluar esa cooperación se encuentra reservada.

En efecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México ha puesto bajo reserva la información vinculada con las visas que son solicitadas por el Gobierno estadounidense, para que los agentes de sus distintas instituciones de seguridad y antinarcóticos puedan operar en el territorio mexicano.

De esta manera, no resulta posible conocer la cantidad de visas que han sido solicitadas por el Gobierno estadounidense durante la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que puedan internarse en el país agentes de instancias como la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), o la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

De igual forma, tampoco puede conocerse cuántas de estas visas ya fueron autorizadas por el Gobierno de México, no obstante que esta información fungiría como un indicador para poder medir los niveles de colaboración y confianza mutua existentes entre ambas naciones, particularmente en el ámbito de la seguridad y el combate al crimen organizado trasnacional.

La Secretaría asegura que esta información en su posesión se encuentra fuera del alcance de la ciudadanía, precisamente para garantizar la seguridad del personal estadounidense que ha sido enviado al territorio mexicano con distintos fines y actividades.

“La información sobre las solicitudes de visa del Gobierno estadounidense, incluyendo las agencias de seguridad y procuración de justicia, los objetivos por los que se solicitaron dichas visas, las visas autorizadas y el desglose por agencia y año del número de visas solicitadas y autorizadas en el período comprendido del 1 de diciembre de 2012 a la fecha de la presentación de esta solicitud son de carácter reservada, toda vez que podría menoscabar las relaciones internacionales con Estados Unidos, aún más cuando la información es proporcionada con el carácter de confidencial para proteger al personal designado“.

Así respondió la dependencia a una solicitud de información presentada por este periódico (folio 330026824001757); más adelante, la Secretaría argumentó también que la entrega de estos datos podría socavar el “buen momento” que, afirma, existe actualmente entre ambos Gobiernos en materia de cooperación binacional.

“Se considera que la divulgación de la información que se reserva podría menoscabar el buen momento y la nueva etapa de las relaciones de cooperación en seguridad de México con Estados Unidos y futuros entendimientos relevantes para México en materia de cooperación en seguridad con dicha nación, dados los altos niveles de acuerdo, interlocución y colaboración institucional alcanzados recientemente y las perspectivas de fortalecer los vínculos de cooperación en seguridad en beneficio de ambos países en los próximos meses y años”.

Retraso en visados

Apenas el 7 de mayo de 2024, sin embargo, la jefa de la DEA, Anne Milgram, expuso públicamente, en una comparecencia ante la Cámara de Representantes de aquel país, que el Gobierno del presidente, López Obrador, había estado retrasando la autorización de las visas solicitadas por esa agencia anti-narcóticos para el envío de sus agentes a suelo mexicano.

“Hemos estado esperando ocho meses por una visa y sabemos el costo que eso significa para nosotros en términos de nuestra capacidad de trabajar. (…) El tiempo importa y no podría hablar con suficiente urgencia sobre lo importante que es para nosotros lograr que esos 13 agentes y analistas de inteligencia ingresen al territorio mexicano”.

Esta versión de la funcionaria estadounidense, no obstante, sería rechazada por el presidente, López Obrador el 9 de mayo de 2024.

”Yo creo que exageró, con todo respeto, son trámites que se tienen que hacer, antes no se hacía ningún trámite entraban los agentes que querían, ya les he platicado, está en el libro, de cómo desde la embajada de Estados Unidos operaban y daban instrucciones a mandos de la Marina, pero no se niega a nadie el visado, lleva su tiempo”.

Esas señales de descoordinación que hizo entonces patentes Milgram en dicha comparecencia, volverían a tomar gran fuerza ahora que el Gobierno de Estados Unidos excluyó totalmente al Gobierno mexicano de la reciente operación para aprehender a Ismael “El Mayo” Zambada García y Joaquín Guzmán López.

Así ha quedado manifiesto desde el 26 de julio pasado, cuando, tanto el presidente, López Obrador, como la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, hicieron evidente que desconocían los pormenores de ese operativo que concluyó con la detención del que probablemente sea el capo de las drogas más importante de México.

“No sabemos si fue una entrega o una captura”, reconoció aquel día Rodríguez Velázquez y ante la pregunta “¿Sorprendió la noticia?”, respondió la funcionaria: “Como a todos”.

El presidente, por su parte, expresó: “pues yo creo que es una muestra de que existe un trabajo conjunto, aun cuando en este caso en específico no haya participado ni la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de Marina. Pero el que él haya tomado la decisión de entregarse o ir, correr el riesgo de ir a Estados Unidos y allá capturarlo pues significa un avance importante en el combate al narcotráfico”.

Reforma en ‘letra muerta’

En diciembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que fue promovida por el presidente López Obrador, y que tenía por objetivo regular la presencia y las actividades de los agentes extranjeros, como los enviados por la DEA, mientras se encuentren internados en México.

Los artículos adicionados a esa legislación imponen nuevas obligaciones para los agentes extranjeros, por ejemplo, compartir la información que recaben en el país con las autoridades mexicanas, así como prohibiciones expresas, por ejemplo, para participar en o efectuar detenciones en México, disposiciones, por lo tanto, que pudieron haberse ignorado para concretar la reciente captura de “El Mayo” y Guzmán López.

El Artículo 71 que señala: “Los Agentes Extranjeros deberán observar las siguientes disposiciones”, establece estas obligaciones en materia de información:

“IV. Deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas que corresponda, en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscrito por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional, la información de que se alleguen en el ejercicio  de sus funciones”.

Inclusive, se estableció que deben rendir un informe mensual sobre sus actividades en el país.

“V. Deberán presentar ante las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional. En dicho informe se deberán incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. En todo caso, deberán mantener la confidencialidad de la información que obtengan derivado de la aplicación de los convenios de cooperación bilateral, de conformidad con los términos establecidos en los mismos”.

Dado que siguen sin estar claras las condiciones y circunstancias bajo las cuales se efectuó la captura reciente de esos dos presuntos capos mexicanos, adquiere relevancia la fracción VI de ese artículo, que contiene la siguiente prohibición para los agentes extranjeros en México:

“Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes nacionales aplicables”.

Otro artículo importante para esta peculiar coyuntura es el 74, donde se vuelve a hacer referencia a privaciones de la libertad efectuadas con la colaboración de agentes extranjeros; también contempla el supuesto de una “sustracción” de residentes en México para ser enjuiciados en otro país.

“Cuando se compruebe que un gobierno extranjero, por conducto de sus agentes, incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes en el cohecho, la privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado, el Estado mexicano suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral de que se trate y prohibirá la realización de actividades por parte de los Agentes Extranjeros en territorio nacional. En su caso, los individuos que hubieren incurrido en las conductas antes descritas serán responsables en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.

Dudas presentes y futuras

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no descarta la posibilidad de que agencias estadounidenses hayan incursionado en territorio mexicano para detener a Ismael “El Mayo” Zambada.

“No se descarta, pero no hay pruebas. Lo que sí les podemos decir es que no participó el Gobierno de México. O sea, no participaron las Fuerzas Armadas”, dijo durante su conferencia mañanera del pasado lunes.

Cuestionado sobre si podría confiar en que elementos estadounidenses no operaron en territorio nacional para lograr la detención, López Obrador respondió “no puedo descartar eso, tenemos que esperarnos. Tenemos que esperar a que nos informen cómo fue esta situación y lo mejor es la información”.

El primer mandatario insistió en saber todo lo que pasó, ya que incluso versiones señalan que un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán fue el que lo detuvo y durante la operación se habrían utilizado uniformes militares,  pero no se sabe si eran de Estados Unidos, porque de México, no.

También dijo que se desconoce el origen del avión que trasladó a los narcotraficantes a las afueras de El Paso, Texas y reconoció que la información que le enviaron originalmente, no coincide con la trayectoria del avión en el que fueron detenidos “El Mayo” y Guzmán López.

En ese sentido, también se desconoce la identidad del piloto, pues las autoridades de Estados Unidos se limitaron a decir que no era integrante de sus agencias, pero no aclararon si fue detenido.

“No sabemos, todo eso es lo que estamos pidiendo”, agregó López Obrador.

Ante este mar de dudas y cero certezas, Juan Manuel Aguilar Antonio, especialista en seguridad e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), opina que la falta de cooperación en la captura de Zambada es muestra del debilitamiento bilateral en materia de seguridad.

“Todo lo que pasó es objeto de especulación, quedan muchas dudas sobre la naturaleza real de los acontecimientos. La declaración que nos puede dar más certeza es la del FBI que nos habla de que fue un operativo planeado meticulosamente junto con la DEA desde hace muchos meses.

“Pero lo que más me gustaría destacar es la falta de conocimiento de qué fue lo que ocurrió por parte de las autoridades mexicanas, eso nos habla de fallas en las labores de inteligencia y sobre todo de una crisis en la relación bilateral en materia de seguridad. Esto es algo que se debe atender urgentemente ya sea por esta administración que termina o la que va a comenzar, en los dos países”.