En los últimos meses de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido que soportar diversos golpes de realidad. Ni el país está pacificado, según lo han aceptado recientemente altos mandos del Ejército en la conferencia de Palacio Nacional, ni México se acerca a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, debido a la implementación de modelos que él ha calificado como “fallas”.

Tampoco se pudo poner un freno al favoritismo de empresas o, en palabras de López Obrador, a la corrupción y al tráfico de influencias que tenía como origen el periodo neoliberal, en particular de los últimos gobierno del PAN y del PRI.

El caso de la compañía Farmacéuticos Maypo, con contratos por más de 24 mil millones de pesos en la administración federal de la 4T, se inscribe en este contexto.

En los inicios de su gestión, López Obrador denunció oficialmente a tres distribuidores farmacéuticos que, “inmoralmente”, acaparaban más del 60% de las adquisiciones de medicamentos en el ISSSTE y en el IMSS.

Mediante el oficio 009/03/20/19 de la Presidencia de la República, instruyó a la entonces Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, imponer un veto a las firmas Fármacos Especializados, encabezada por Francisco Fayad; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), a cargo de Carlos Álvarez, y a Farmacéuticos Maypo, de Carlos Arenas Wiedfeldt.

Como recordatorio, el oficio decía lo siguiente: “Como es sabido, tres proveedores de medicinas y materiales de curación […] vendieron, en 2018, al ISSSTE y al IMSS, 34 mil 280 millones de pesos, el 62.4% de todas las compras que llevaron a cabo dichas instituciones, sin incluir lo adquirido por la Secretaría de Salud y los gobiernos locales. Este hecho resulta a todas luces inmoral y violatorio del Artículo 28 de la Constitución, que prohíbe la existencia de monopolios”.

Y seguía: “En razón de lo anterior, le solicito que, de conformidad con la legalidad en la materia, se impida la participación en licitaciones o adjudicaciones directas a dichas empresas, hasta que sepamos, a ciencia cierta, si no hubo en estas operaciones corrupción y tráfico de influencias”. La instrucción era más clara que el agua.

No obstante, en ese año (2019), Farmacéuticos Maypo obtuvo contratos por más de 8 mil 200 millones de pesos y en los siguientes ejercicios fiscales no hizo más que incrementar sus ingresos con el gobierno federal, principalmente con el IMSS, para acumular un total de 24 mil 200 millones de pesos en el sexenio de AMLO, la mayoría por adjudicación directa.

Si bien esta cifra representa la mitad de los casi 48 mil millones de pesos que esta empresa se embolsó durante el sexenio pasado, la orden de desaparecerla de las compras de gobierno no se ejecutó ni se le exoneró tampoco de las acusaciones de corrupción y de concentración del mercado de distribución de medicamentos.

Otras dependencias que solicitaron los servicios de Maypo en el sexenio fueron el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Cardiología y la Secretaría de Marina.

Posdata 1

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que encabeza Ricardo Aldana, llevó a cabo elecciones para el periodo 2025-2027. El proceso inició el pasado 1 de julio con el lanzamiento de la convocatoria y concluyó este lunes.

Se registraron más de 60 plantillas que contendieron en dicho proceso electoral en las casillas que se instalaron dentro de las instalaciones de Pemex. Se renovaron o ratificaron a los secretarios generales de las 36 secciones del STPRM.

Una vez que se realice el cómputo de todos los votos se conocerá a los liderazgos que conducirán los comités ejecutivos locales a partir del 2025.

El proceso contó con el aval y acompañamiento de verificadores del centro federal de registro y conciliación laboral de la Secretaría del Trabajo.

En general el proceso transcurrió en calma y solamente se registró un incidente en la sección 38 en Salina Cruz, Oaxaca, donde hubo un altercado en una de las casillas instaladas. Se espera que el proceso en esta sección se reprograme.

Posdata 2

Esta semana se espera que la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anuncie a la última parte de su Gabinete legal. Están pendientes las Secretarías del Trabajo, la de Turismo y la de Cultura. Los nombramientos de las Fuerzas Armadas serán revelados días antes de que tome protesta, el 1 de octubre.

En el caso de la Secretaría del Trabajo, todo apunta a que va a repetir su actual titular Marath Bolaños; en la Secretaría de Cultura se perfila a Susana Harp; y en Turismo suenan varias mujeres, empezando por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, la secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, Michelle Fridman, la excontendiente por la candidatura de Puebla e integrante del equipo de campaña de Sheinbaum, Olivia Salomón, además de la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier. El diputado Antonio Pérez Garibay, padre de Checo Pérez, también busca esa cartera, pero se antoja más que improbable que se la concedan.

Posdata 3

Otro que se está candidateando para estar en el Gabinete ampliado de Claudia Sheinbaum es el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien pocos meses después de perder su estado renunció al PRI y se sumó a la 4T. El político consiguió un escaño en el Senado a través de Morena, por la vía plurinominal. Se asegura que Murat ya negoció la dirección de la Conagua. O eso es lo que presume. Ya se verá.