La región serrana de Chiapas está viviendo un estado de guerra. La carretera 211, que va de Huixtla a Frontera Comalapa, y bordea los límites de México con Guatemala, está cortada por una treintena de bloqueos desde el fin de semana pasado, colocados por los grupos criminales que se disputan el control territorial. “Filtros”, les llaman los delincuentes, quienes obligan los lugareños a participar en ellos.

El área del conflicto armado entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación –representados en Chiapas por bandas locales y organizaciones fachada– se extiende mucho más allá de la frontera y abarca por lo menos una docena de municipios: Amatenango, Ángel Albino Corzo, Bellavista, Bejucal de Ocampo, Chicomuselo, Frontera Comalapa, La Grandeza, Montecristo de Guerrero, Mazapa de Madero, Motozintla, El Porvenir y Siltepec.

Decenas de miles de habitantes han quedado atrapados en la zona, obligados a resguardarse del fuego cruzado, como se ha visto en videos compartidos en redes sociales, y temerosos de ser reclutados a la fuerza por los criminales.

Hay comunidades en las que ha sido cortado el suministro de energía eléctrica y otras donde los alimentos han comenzado a escasear, por la falta de transporte. En casi todos esos lugares se da un virtual toque de queda, pues las calles quedan desiertas en cuanto oscurece.

A pesar de que hay presencia del Ejército y la Guardia Nacional en la zona, sus elementos no intervienen. Ya no hablemos de los policías estatales. La población no tiene quién la proteja, a no ser que se forme, por obligación, en alguno de los bandos. En una amplia franja de Chiapas, el Estado no existe.

Ayer, desde su conferencia mañanera, resguardado por los muros y vallas de Palacio Nacional y los soldados que cuidan el recinto, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que lo que sucede en Chiapas es un enfrentamiento entre “dos grupos que están confrontados”, que quieren crear corredores desde Guatemala. Es decir, nada que no se supiera.

Y luego envió un recado a los pobladores que sufren los estragos del conflicto: “Aprovecho para enviarles un saludo y un mensaje a la gente para que no participen apoyando a las bandas. Porque lo que está sucediendo en esa región de Chiapas es que hay dos grupos que (…) quieren tener bases de apoyo de las comunidades”.

Agregó: “Que, con cuidado, con prudencia, pero que no se dejen enganchar, que no se enrolen; porque puede ser que les lleven despensas o cualquier apoyo, pero ese no es el camino, ese no es el camino del bien. Entonces, que no participen”.

No sé qué tanto alivio les haya causado la recomendación presidencial. Lo que sí sé –lo sabe cualquiera– es que en poco más de dos meses terminará el actual periodo de gobierno, y López Obrador, porque así lo ha anunciado, partirá de la capital para pasar a retiro.

¿A dónde irá? A Chiapas. A ese estado que está en guerra. Quizá no le preocupe la situación actual, pues su finca está a más de 300 kilómetros de la zona de conflicto.

Pero ¿por cuánto tiempo permanecerá Palenque sin ser afectado por ese tipo de violencia? Como López Obrador decidió que ningún expresidente puede gozar de una guardia militar, supongo que él tampoco la tendrá. Sería incongruente.

¿Y será prudente que el exjefe del Estado esté allí, solo, leyendo y escribiendo en su finca de Palenque, sin que nadie lo cuide? Probablemente no. Él dice que a él lo cuida el pueblo, pero supongo que la misma despreocupación sentía el expresidente estadunidense Donald Trump el sábado 13, en Butler, Pensilvania –un territorio 100% trumpista–, y, aún así, no faltó un hombre que se metió en la multitud para tratar de matarlo. Y mire que Pensilvania no es Chiapas.

No, López Obrador no puede confiar en ese tipo de protección. Sería mejor que antes de que termine su gobierno ponga fin a las balaceras con armas de alto poder que asuelan Chiapas, el estado donde él desea pasar su jubilación. Por su propia seguridad, pero, también, para la de cientos de miles de chiapanecos.