ESTE CULEBRÓN de capos tiene muchos capítulos todavía por aclarar. Desde que no está claro cómo fue el viaje de Ismael “El Mayo” Zambada a EU y en qué condiciones fue su detención hasta saber si aquello fue algo negociado con años de conversaciones secretas.
LOS DICHOS de su abogado acusando un secuestro orquestado por Joaquín Guzmán López enturbian más el asunto de por sí escabroso.
SI ESE secuestro ocurrió, debió haber tenido apoyos en México y la certeza de que en EU esperaban a “El Chapito” ansiosamente para que les entregara la joya de la corona.
POR LO PRONTO, la comparecencia en una silla de ruedas de “El Mayo” suena, desde luego, a una estrategia de su equipo jurídico para intentar generar compasión entre los estadounidenses y presentarlo como una persona débil e incapaz de cometer los delitos que lleva décadas perpetrando.
HABRÁ que tomar esos intentos no con un grano de sal sino con el salero entero, pues la trayectoria delictiva de Zambada está más que documentada no sólo como uno de los reyes del fentanilo, sino como la cabeza de una de las organizaciones delictivas más violentas del mundo.
DESPUÉS del anuncio de que el chiapaneco Zoé Robledo permanecerá al frente del IMSS, cuentan por ahí que en el escritorio de Claudia Sheinbaum hay aún varios folders con el currículum de quienes buscan repetir en el cargo.
UNO DE ELLOS es el de Bertha Alcalde, la hermana de la secretaria de Gobernación y próxima dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.
DESPUÉS de que Andrés Manuel López Obrador la impulsó para la Suprema Corte de Justicia y para la presidencia del INE sin éxito, le dio como recompensa la dirección del ISSSTE.
Y, DADO que lleva tan poquito tiempo en el puesto, por ahí hay quienes están cabildeando para que se quede al menos para iniciar el sexenio 2024-2030. Ya se verá si se le hace.
EL FISCAL capitalino Ulises Lara ya dijo que el ataque contra la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, habría sido “preparado para aparentar que se trató de un atentado”.
DESDE luego que no es el mejor precedente que, en una investigación que merece sigilo, el mismísimo fiscal adelante conclusiones. Si las pruebas existen, pues que procedan, pero la obligación de secrecía debería respetarse.
AHORA resulta que la agredida debe aportar pruebas de que los disparos hechos contra la camioneta en la que viajaba sí fueron con la intención de dañarla y no se trató de un “montaje”.
EL ASUNTO ha sido extraño desde un inicio. Pero lo enrarece más un procedimiento donde la “carga de la prueba” se convierte en la prueba de la cargada de la Fiscalía ¡contra la víctima!
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