Hace unos días, de Palacio Nacional salió la orden de acelerar los dictámenes de las reformas constitucionales que envió Andrés Manuel López Obrador al Congreso en febrero pasado. Fue a través de la consejera Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, y de otros interlocutores de Morena que se instruyó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que encabeza Juan Ramiro Robledo, pasar en fast track las iniciativas prioritarias para el Presidente y la siguiente administración.

La Reforma Judicial, la más polémica de las iniciativas del Presidente, iba a ser la única que se dictaminaría en el actual periodo legislativo, una vez instalada la Comisión Permanente. Los diputados morenistas decían hasta hace unas semanas que “era imposible” darles trámite a otras reformas. Pero la instrucción llegó de Palacio Nacional y al parecer en consonancia con las necesidades del próximo gobierno.

Según fuentes de Palacio Nacional, el presidente López Obrador habría recibido información sobre el posible procesamiento que le daría la siguiente Legislatura federal a las iniciativas que envió a la Cámara de Diputados. La propuesta de reforma al Poder Judicial, si bien fue imposible de aplazar, no terminaría de aplicarse a rajatabla tras su aprobación en septiembre –el último mes de gobierno de AMLO–, pues vendría la negociación de las leyes secundarias con los otros Poderes de la Unión y los poderes fácticos, los cuales apuestan a que sea descafeinada.

No obstante, a la Cámara de Diputados llegó la directriz para acelerar no solo la reforma al Poder Judicial, sino la que involucra al Infonavit y el proyecto de construir un millón de viviendas vía una modificación al artículo 123 de la Constitución, lo cual le permitiría al instituto construir casas para ponerlas en venta o renta,

Asimismo, se pidió acelerar el dictamen de reforma para eliminar siete órganos autónomos y entes reguladores, dictamen que está previsto para aprobarse el 15 de agosto en la Cámara de Diputados.

Este lunes publiqué que la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, trabaja en una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con la cual pretende crear “supersecretarías” y reducir el presupuesto federal.

Los redactores de dicha iniciativa de Sheinbaum son su consejera Jurídica, Ernestina Godoy, la futura secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, y su próximo secretario particular Carlos Augusto Morales.

Dicha iniciativa va de la mano de la que envió Andrés Manuel López Obrador para integrar a buena parte de los organismos autónomos a una Secretaría de Estado; empezando por el Inai a la Función Pública y la Comisión Federal de Competencia Económica a la Secretaría de Economía; los reguladores del sector energético a la Secretaría de Energía, y el Instituto Federal de Telecomunicación a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes.

Según el proyecto de AMLO, se busca racionalizar los recursos públicos, así como promover la austeridad y la no duplicidad de funciones, a fin de erradicar las desigualdades sociales.

La “simplificación” de la Administración Pública Federal se acelerará, principalmente, por la falta de presupuesto para el 2025. La reuniones del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con el presidente López Obrador y con la futura mandataria, Claudia Sheinbaum, han llegado a una conclusión: es imperante el recorte del gasto público, empezando por la “burocracia”, puesto que no se tiene planeado rasurar ni un centavo el gasto social.

Posdata 1

La Reforma Judicial, que todo apunta va a aprobarse en septiembre en la Cámara de Diputados y en el Senado, tendrá una segunda fase igual de complicada que la elección popular de jueces, magistrados y ministros: la reforma al Ministerio Público, es decir, a las fiscalías o procuradurías estatales, además de la federal.

Este domingo, en su colaboración para EL UNIVERSAL, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, expuso que la Reforma Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador debe incluir a los poderes judiciales de los estados y a los ministerios públicos.

“Queda claro que después de la aprobación de esta reforma debe pensarse una segunda etapa, como se vislumbra en los trabajos que lleva a cabo el Congreso de la Unión”, expuso Batres, la ministra más afín a la 4T, autollamada la “ministra del pueblo”.

Y todo indica que así será: la Reforma Judicial traerá aparejada una modificación estructural a las fiscalías y procuradurías locales, ya sea en las legislaciones secundarias o en otros planteamientos. Dicha propuesta la trae desde hace tiempo el ministro en retiro Arturo Zaldívar.

Posdata 2

La “trágica” historia de una inversión anunciada que muy probablemente no se hará realidad sigue dando mucho de qué hablar. La pausa de Tesla a su proyecto de construir una gigafactory en Nuevo León ha desatado una serie de críticas al gobierno que encabeza Samuel García, quien cacareó hasta el cansancio dicha inversión y finalmente quedó truncada.

Este lunes, la secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, le puso la cereza al pastel. La funcionaria dijo que Tesla no tiene registros de inversión de la empresa que fundó el magnate Elon Musk.

“Ellos nunca han registrado inversiones. Hicieron anuncios en medios, pero no hicieron ningún trámite oficial institucional conforme a Ley de Inversión Extranjera Directa”, dijo Buenrostro a medios de comunicación.

La futura secretaria de la Función Pública añadió que la empresa de Musk se enfoca en autos eléctricos de alta gama, lo que es “muy pequeño”. En este sentido, dijo que “todas las automotrices que son más populares, como Ford o GM, siguen construyendo”. Y vienen más empresas asiáticas, como la china BYD, que está buscando lugar para instalarse.

A la pregunta de si la decisión de Tesla impactará a la inversión en México, Buenrostro mencionó que no. Y ojalá que así sea, porque para la imagen de México y de Nuevo León, no son buenas noticias.

Posdata 3

Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró junto a la gobernadora Evelyn Salgado la ampliación y modernización de la carretera Las Cruces-Pinotepa Nacional México 200, tramo Las Vigas, en la región de la Costa Chica de la entidad, en los límites con Oaxaca.

Con una inversión de casi 5 mil millones de pesos, esta obra se realizó con el objetivo de generar conectividad e impulsar el desarrollo económico de los municipios de esa región, donde hay una importante presencia de pueblos indígenas y afromexicanos.

Con estas obras se busca cambiar el rostro a la montaña y a la Costa Chica, toda vez que ahora están más conectadas. La virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, se comprometió a continuar su ampliación hacia Oaxaca.

Asimismo se realizó la supervisión del avance del programa de Caminos de Mano de Obra en la Montaña y Costa Chica, en el que se invierten alrededor de 3 mil 254 millones de pesos para el desarrollo de 682 kilómetros de nuevas vías para conectar a 500 mil habitantes de 23 municipios.