Una muestra de que el Poder Judicial, por más autónomo e independiente que se proclame, es también una entidad cuyos representantes hacen política, es Arturo Zaldivar, un abogado que pasó de la academia a su despacho privado y luego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), promovido por el expresidente Felipe Calderón, con quien terminó peleado, precisamente por una supuesta presión del mandatario sobre asuntos del máximo tribunal. Zaldívar generó una relación con el presidente López Obrador, mediante la cual sacó una reforma judicial que evitó la elección de jueces, magistrados y ministros.

Este es solo un ejemplo, porque es bien sabido que la mayoría de las y los ministros de la Corte suelen tener ciertas afinidades o filiaciones políticas, aunque griten a los cuatro vientos que “sus sentencias hablan por ellos o ellas”, sugiriendo que sus decisiones son exclusiva y eminentemente apegadas a lo que dice la Constitución, sin ningún otro sesgo.

La realidad es que los integrantes del Pleno de la Corte siempre han hecho política y relaciones: van a reuniones privadas en las que se habla de todo, incluidos los casos que están revisando; comen con empresarios y políticos; atienden solicitudes de senadores o fiscales; acuden a fiestas y bodas de poderosos, ya sea abogados del poder o artistas, además de que atraen casos de la primera importancia para ciertos grupos. Ese ha sido, con algunas excepciones, el funcionamiento de la Corte, y pese a todos los vicios, se ha podido preservar el Estado de Derecho, que tiende a favorecer al establishment. Los abogados, los políticos y la gran mayoría de los integrantes del Poder Judicial saben que así funciona.

Por eso, como lo aceptaron este jueves los ministros que participaron en los Diálogos Nacionales por la Reforma al Poder Judicial, se requiere una reforma estructural que erradique o disminuya las malas prácticas y los vicios, empezando por el máximo tribunal. Personalmente no estoy de acuerdo con la elección popular de jueces, magistrados y ministros, porque como lo han expresado los colegios y barras de abogados, así como los empresarios y expertos internacionales, esto puede ser contraproducente para el sistema judicial de México. Pero todo apunta a que ya es muy tarde para reaccionar.

Este jueves Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena y quien se apresta a ser el líder parlamentario de ese partido en la Cámara de Diputados a partir de septiembre, recordó que en los parlamentos sobre la iniciativa de reforma que envió el presidente López Obrador en febrero pasado prácticamente ningún alto mando del Poder Judicial mostró interés en acudir, salvo un par de ministros, pero no la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. “Fueron 45 foros y no contamos con su participación como ahora”, les restregó ayer Monreal a los 11 ministros y ministras que ahora sí acudieron al llamado del Legislativo.

El ministro Javier Laynez, uno de los más aplaudidos ayer en la Cámara de Diputados, reconoció que el Poder Judicial no ha sabido acercarse a la gente, pero más que eso, aceptó entre líneas que sus altos mandos han sido soberbios e indiferentes al sentimiento popular. Ese altivez se manifestó en aquella celebración del Día de la Constitución, en 2023, cuando la presidenta de la Corte evitó ponerse de pie cuando habló el Presidente; o cuando declinó la invitación del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para hablar de los temas relevantes para el gobierno federal; lo mismo cuando reclamó por mensajes de texto, con palabras altisonantes, la actuación del presidente del Senado, Alejandro Armenta, solo por mencionar algunos ejemplos.

La respuesta de Norma Piña, impulsada y asesorada por ministros como Juan Luis González Alcántara, principalmente, pero también por Alberto Pérez Dayán, Jorge Pardo y Javier Laynez, fue de contraofensiva. No solo eso, le doblaron la apuesta a Arturo Zaldívar, a quien señalaron junto con sus colaboradores –mediante una denuncia anónima– por presunta violación a la independencia judicial, falta de imparcialidad, violencia sexual, cohecho, abuso de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento oculto.

Y no es que Zaldívar sea el gran ejemplo de independencia y de imparcialidad, pues su rápido apoyo a Sheinbaum y su cercanía con López Obrador –con quien intentó prolongar su mandato como presidente de la Corte por dos años– lo dejarán marcado; no obstante, a toro pasado y en el saldo de revanchas, les ganó la partida. Esta reforma no solo es la revancha de AMLO; también es la de Zaldívar.

Quieran reconocerlo o no, a los ministros antigobierno les faltó estrategia y tacto para defender no solo sus intereses, sino los de todos los trabajadores del Poder Judicial.

Posdata 1

Claudia Sheinbaum presentó al segundo grupo de trabajo que la acompañará en el gabinete presidencial. De los cinco nombres, dos mujeres llamaron la atención: Luz Elena González y Raquel Buenrostro; la primera más cercana que la segunda.

Luz Elena González será la nueva secretaria de Energía y Raquel Buenrostro la titular de la Función Pública. Son dos grandes áreas a las que Sheinbaum ha decidido ponerles mucha atención. El sector energético requiere un giro completo hacia las energías limpias y la reapertura de la inversión privada. Y la SFP tiene a su cargo la revisión de todos los contratos públicos y la Oficialía Mayor del gobierno, por lo que a su vez tendrá el control del sistema de compras, además de la coordinación de los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas. Será una supersecretaría.

Luz Elena González es considerada la “mujer fuerte” de Sheinbaum, por la confianza y cercanía con la actual presidenta electa. El objetivo es perfilarla a una posición política más allá del siguiente sexenio, pues se le ven dimensiones para gobernar la Ciudad de México.

Jesús Esteva será el nuevo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, un cargo que venía desempeñando ya en la Ciudad de México. Su tarea principal será echar a andar los proyectos de trenes de pasajeros heredados por López Obrador.

Edna Vega Rangel, actual subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario, llegará al máximo cargo de la Sedatu para echar a andar el ambicioso plan de construir un millón de viviendas en conjunto con el Infonavit, uno de los programas económicos clave de Sheinbaum.

Y David Kershenobich, el nuevo secretario de Salud, también tiene las credenciales para asumir la titularidad de esa dependencia. Acompañó a Sheinbaum y a Juan Ramón de la Fuente en los denominados “Diálogos por la transformación”, y se daba por descontado que ocuparía esa cartera.

Con estos nombramientos, Sheinbaum sigue poniendo su sello en el gabinete. Luz Elena, Jesús Esteva y David Kershenobich son completamente de su equipo. Raquel Buenrostro y Edna Vega son herencia de AMLO, pero tampoco se consideran al 100% obradoristas.

Posdata 2

El Banco del Bienestar, que dirige Víctor Manuel Lamoyi, acaba de otorgar por adjudicación directa el contrato para el Servicio Integral Administrado de Red y Comunicaciones por un monto cercano a los 620 millones de pesos y con vigencia únicamente para el segundo semestre del año.

El proveedor beneficiado con este contrato es Telmex, la empresa que Carlos Slim asegura que ya no es rentable, pero que en 2024 ha obtenido otras 49 adjudicaciones directas con montos millonarios de parte del gobierno federal.

Posdata 3

En la designación de los 28 candidatos a magistrados que cubrirán las vacantes de las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se pudo colar una decena de perfiles afines a los principales mandos del TFJFA, los cuales fueron negociados con la Consejera Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, a cambio de que el órgano jurisdiccional se mantenga como un verdadero “auxiliar en la recaudación”.

Los nuevos perfiles, que serán analizados y probablemente designados en septiembre, apenas cubren los espacios en los que se encuentran secretarios en funciones de magistrados, pero aún hay más de 50 magistrados que se deben relevar y que se mantienen vigentes por la vía del amparo.