La apuesta de Claudia Sheinbaum es que antes de septiembre, la presidenta electa convenza al presidente Andrés Manuel López Obrador de no impulsar, en fast track, la aprobación de la reforma al Poder Judicial que busca reformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de manera que las y los ministros sean elegidos por voto popular.

Es probable que el dictamen de dicha reforma se vuelva a socializar y se consigan los consensos para evitar una fuga de capitales o una mayor incertidumbre en los mercados, como la que se vio el lunes. El fondo de la reforma, según los cercanos a la 4T, podría ser, en primera instancia, la separación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de la SCJN. Es posible que también se modifique la Corte y se reduzca de 11 a 9 ministros, los cuales podrían ser elegidos más que por el voto popular, por los partidos políticos.

Y con todo y la carta de la SCJN, que apela al diálogo con el Poder Ejecutivo y una mejor entendimiento, en Palacio Nacional ha quedado claro que la reforma judicial tiene objetivos claros, como echar del máximo órgano de justicia a la presidenta del CJF, Norma Piña, y a su principal asesor, Juan Luis González Alcántara, quienes no son del agrado del presidente en funciones ni de la presidenta electa.

Sin embargo, la incertidumbre se mantiene. A pesar de la operación de emergencia de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, los mercados financieros siguen a la expectativa del poder que acumulará la 4T en el Congreso y que estará disponible a partir de septiembre, cuando Andrés Manuel López Obrador esté aún en la Presidencia.

Durante 30 días, el presidente tendrá un Congreso afín, con mayoría relativa, en el que podrán aprobarse prácticamente sin necesidad de negociar con la oposición las reformas constitucionales que no pudieron transitar con la Legislatura anterior.

El escenario no solo ha puesto nerviosos a los inversionistas extranjeros, como era de esperarse. Los empresarios mexicanos también empiezan a tomar sus precauciones ante lo que parece inminente: el cambio de las reglas del juego para hacer negocios en territorio nacional. Los más fatalistas insisten en que podría perderse en el país la certeza jurídica con la reforma judicial.

Entre los cambios que más preocupación generan en el sector empresarial, más allá de los que ha mencionado AMLO en sus conferencias de prensa, está el de la modificación constitucional al manejo del agua, un recurso fundamental para la operación y crecimiento de una buena parte de las industrias.

El paquete de reformas incluye modificaciones a los artículos 3, 4, 27 y 73 de la Constitución, con las que pretende dejar estipulado el uso del agua para consumo personal y doméstico como prioridad, además de la prohibición del maíz transgénico y del fracturamiento hidráulico para la extracción de hidrocarburos, conocido como ‘fracking’.

La reforma al párrafo sexto del artículo 4 pone en entredicho la disponibilidad del líquido para cualquier otro uso que no sea el doméstico. La redacción primaria de la iniciativa plantea prohibir el otorgamiento de concesiones de agua en zonas con escasez de agua o sequía. Una interpretación generalizada es que se trata de todo el territorio nacional.

La reforma prioritaria de López Obrador es la del Poder Judicial, aquella para la cual el exministro Arturo Zaldívar y un grupo cercano han venido arrastrando el lápiz. El presidente se mantiene firme en que los integrantes del máximo tribunal sean elegidos por voto popular. La propuesta, sin embargo, tiene matices.

También se impulsa una reforma en materia electoral para eliminar 200 diputados federales plurinominales y 64 senadores; es decir, elegir mediante voto secreto, directo y universal, a las máximas autoridades electorales y jurisdiccionales, y reducir a la mitad el financiamiento a los partidos políticos.

Otra de las iniciativas prioritarias es la de la desaparición de los órganos autónomos, con el argumento de que consumen presupuesto, sin considerar el grado de especialización ni los resultados que han alcanzado sus funciones.

Bajo el nuevo escenario de Morena con mayoría calificada en el Congreso, es probable que desaparezcan el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Posdata

Claudia Sheinbaum ha ido presentando a su equipo de transición, aunque más bien se le han adelantado, lo mismo el presidente López Obrador que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Por esta razón es que la presidenta electa alista, a partir de la siguiente semana, el anuncio de más colaboradores, entre estos los encargados de las relaciones con empresarios, de economía, del sector energético, relaciones exteriores y otros.

Hasta el momento se sabe que el titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O, va a encabezar dicha cartera en el sexenio de Sheinbaum de forma indefinida. También se anunció a Juan Ramón de la Fuente como coordinador de la transición y a Altagracia Gómez como encargaa del desarrollo regional.

Sheinbaum está dispuesta a ser protagonista en esta transición y ya comienza a perfilar al equipo que la acompañará en su gobierno. Le interesan mucho los mensajes que desde ahora se envíen respecto su gobierno.