Un complejo proyecto para reubicar las vías del tren en Nogales, Sonora, ha sido otorgado a una red de empresas señaladas de ser factureras. Este contrato, gestionado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), suma 647 millones de pesos y ha sido adjudicado a 3PM Proyectos Civiles y Arquitectónicos S.A. de C.V., una empresa formada apenas en 2020. Este proyecto incluye la construcción de seis grandes puentes que atraviesan la sierra de Ímuris y un túnel de dos kilómetros en Nogales.
El tren, que parte de Guaymas y llega a Nogales, pasa por terrenos de conservación ambiental y pone en riesgo un templo de más de 300 años en Cocóspera. Además, este megaproyecto ha sido criticado por la falta de transparencia y la supuesta competencia simulada en las licitaciones.
En julio de 2020, 3PM fue constituida por Mario Israel Haro Amador, Alfonso Arturo Laborín Márquez, Gustavo Isaías Salazar Serrano y José Luis Villegas Ramos, quien abandonó la sociedad un mes después. El primer caso documentado de simulación ocurrió el 17 de agosto de 2022, durante la licitación 035-2022 para rehabilitar parques en Guaymas. Laborín Márquez y Salazar Serrano presentaron propuestas con 3PM y Cascaf Operaciones Civiles y Arquitectura, respectivamente, y también compitió Soluciones en Ingeniería y Construcción IGHA, otra empresa fundada por Salazar Serrano. De las ocho empresas concursantes, tres eran parte de esta red, y el contrato fue asignado a 3PM por 4 millones 98 mil 709 pesos.
El segundo caso fue la licitación pública 033-2022, donde Cascaf Operaciones Civiles y Arquitectura ganó el contrato para rehabilitar parques en el Fraccionamiento Villa Verde en Hermosillo por 2 millones 423 mil 895 pesos. Nuevamente, compitieron 3PM y una tercera compañía.
El fallo final fue firmado por Aguilar Castillo.
El tercer caso se dio en la licitación 041-2022 para construir parques en Empalme. De cuatro empresas inscritas, dos pertenecían a la red: 3PM y Soluciones en Ingeniería y Construcción IGHA. El contrato, valuado en 3 millones 473 mil 535 pesos, fue asignado a 3PM.
La cuarta licitación, 036-2023, se llevó a cabo el 4 de octubre de 2023, para mejorar un parque en la colonia Nuevo Hermosillo. Aquí, compitieron dos empresas vinculadas a Salazar Serrano, quien fungió como representante legal de Soluciones en Ingeniería y Construcción IGHA y Cascaf Operaciones Civiles y Arquitectura. El contrato por 1 millón 765 mil 127 pesos fue otorgado a Soluciones en Ingeniería y Construcción IGHA.
En total, la red ha ganado contratos por más de 12 millones de pesos, incluyendo IVA. Además, se reveló que Construcción y Materiales HS, otra empresa de la red, ha recibido dos contratos adicionales del gobierno estatal, sumando un total de 29.55 millones de pesos en 11 obras entregadas a empresas de la red.
El domicilio de Salazar Serrano, calle Quinta Hermosa #41, colonia Las Quintas, Hermosillo, es el mismo que 3PM registró ante la Sedena para notificaciones legales en el contrato del nuevo tren de Nogales.
La Coordinación General del Sistema Estatal de Comunicación Social negó cualquier irregularidad en una carta de tres hojas, afirmando que todas las licitaciones se realizan conforme a las leyes vigentes y que las acusaciones de simulación de competencia son falsas. No se realizaron más comentarios sobre la evidencia de que los accionistas o representantes de las empresas compiten entre sí.
En este contexto, cabe mencionar que AMLO instruyó una investigación después de que se publicara información sobre la asignación de una parte del nuevo trazo del tren de Nogales a una red señalada de facturera con acusaciones de ventas simuladas.
El día lunes 24 de junio, Jesús Ibarra, en su cuenta de X (antes Twitter), publicó que el Gobierno de Sonora ha reservado por cinco años la información referente a los convenios de avalúo-compra-venta de casas y terrenos en Nogales e Ímuris vinculados al proyecto de reubicación de vías ferroviarias. Esta acción derivó de una solicitud de información realizada para el reportaje investigativo en El Universal sobre el Tren Sonora.
Ibarra explicó que, en una medida unilateral y desproporcional, la Secretaría de Gobierno estatal, a través de su comité de transparencia, dictaminó reservar 37 fojas presentadas por los funcionarios Alba Isabel Tapia Peña y Gerardo Zepeda Moreno, alegando riesgos de seguridad nacional y obstrucción de procesos para fincar responsabilidades administrativas a servidores públicos. La medida dejará reservada la información hasta el 7 de mayo de 2029.
El funcionario Gerardo Zepeda Moreno ha sido identificado en testimonios de vecinos de Buenos Aires y Embarcadero en Nogales como el operador estatal que los visita en sus casas con guardaespaldas para conciliar la venta de sus propiedades, ofreciendo alrededor de 1 millón de pesos.
Previo a esta reserva de información, la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones había proporcionado el 23 de diciembre información similar sobre predios y ranchos en Ímuris, lo que expone el contrasentido de esta medida.
