En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se perfila lo mismo que le ocurrió al Inai. Actualmente, el pleno del TEPJF sólo cuenta con cinco integrantes, de siete que debería tener. Los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante, quienes terminaron su periodo hace tiempo, no han sido reemplazados. En octubre próximo se van los magistrados Reyes Rodríguez y Felipe Fuentes.

Si el Senado no hace la tarea de elegir a los sucesores, después de octubre sólo quedarán tres magistrados. Para sesionar se requieren por lo menos cuatro. El TEPJF quedaría paralizado.

* Fuentes y Reyes se montaron en la coyuntura. Cabildean agregar un transitorio en la anunciada reforma electoral que extienda su mandato un año, aseguran en el Tribunal. Pero ven difícil que lo logren. Todos sabemos cómo terminó el intento del polémico Arturo Zaldívar de prolongar dos años su periodo como ministro presidente de la SCJN.

* Hay más. Los “Felipes” —Fuentes y De la Mata— promueven la creación de una comisión que se encargue de la validez de la elección. Ambos se autonombraron como integrantes de ésta. Se fueron por la libre. No le avisaron a la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto.

“Los Felipes son los que sacaron las reglas de cómo va a operar la comisión para la validez de la elección”, acusan.

Por si fuera poco, organizaron un foro público, previo a la entrega de la constancia de mayoría a la futura presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Convocaron a académicos, líderes de opinión, integrantes de la sociedad civil para que expongan sus puntos de vista sobre la transición. “Algo que no se ha estilado”, aseguran.

Tampoco avisaron de ese evento. Madrugaron no sólo a Soto sino a Claudia Sheinbaum. De acuerdo con la fuente, cedieron a la presión del PRI y el PAN que promueven el foro para exponer sus quejas sobre la “elección de Estado”.

A Morena le hace ruido ese foro. Lo ve como un intento de ponerle piedras a la constancia de mayoría de la virtual Presidenta electa. Los Felipes, según la fuente, buscan un escaparate para que los consideren para la SCJN, una vez que entre en vigor la reforma al Poder Judicial, pero “les salió el tiro por la culata”.

“¿Para qué hacer algo que va a complicar el proceso de transición?”, se pregunta la fuente. Y afirma: “Es un acto político, no jurisdiccional”.

El anuncio del foro apareció en el Diario Oficial sin el consentimiento de Soto. El detalle le costó la chamba a Rodrigo Sánchez Gracia, secretario general de acuerdos.

En esas estamos.

* Ni para atrás ni para adelante. El conflicto que tiene a trabajadores de limpieza del IPN sin cobrar se complicó. Luego de pláticas en la Secretaría de la Función Pública con la empresa Gott Und Glück, que los contrató, el Politécnico inició el procedimiento para rescindir el contrato por diversos incumplimientos. La empresa dice que el IPN le debe 130 millones de pesos por servicios prestados de mayo a junio pasados y que por eso no puede pagar sueldos. El IPN argumenta que no le puede pagar por que la citada sociedad opera con irregularidades.

¿Cuáles? Un documento interno del Poli señala que los trabajadores de Gott Und Glück no están registrados en el IMSS. “Se encontró falsedad en la información proporcionada para efectos del contrato”, dice. Y más: “El aviso de registro, emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, carecía de vigencia desde el 14 de febrero de 2014”.

El reporte interno asegura que el 25 de abril pasado, un representante de la empresa entregó copia simple de un documento con el logo de la STPS, pero, que al hacer una búsqueda en la plataforma correspondiente, no se encontró registro alguno de nombre Gott Und Glück.

“El 3 de mayo se le volvió a pedir a la empresa que exhibiera el registro mencionado ante la STPS, pero no lo ha hecho”.

Once días después, la STPS notificó que, derivado de una búsqueda en la plataforma y en el Padrón Único de Contratistas de Servicios y Obras Especializados, no se visualizó que Gott Und Glück contara con registro. El IPN afirma también que el personal asignado, entre ellos supervisores, no asisten a prestar los servicios pactados, produciendo condiciones insalubres en inmuebles ocupados por unidades académicas o administrativas. “Tienen a todas las escuelas sin agua y jabón”, se lee en el documento.

Entre las condiciones que el IPN pone para liberar el recurso está el pago de las multas por el incumplimiento en las condiciones establecidas en el contrato: presentación del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) del IMSS, suministro de materiales para que se cumpla con el servicio y la comprobación de alta de los trabajadores en el Seguro Social.