La titular de la Corte Suprema Norma Piña ensaya una nueva sintonía respecto al oficialismo de cara al gobierno de Claudia Sheinbaum. La ministra, ya desde la campaña, se cuidó de no mostrar antagonismos con la exjefa de gobierno y hubiera tenido éxito si no fuera porque un periódico ultraoficialista develó su reunión a solas con Alejandro Moreno Cárdenas.

No hubo ningún pronunciamiento de la Corte contra la plataforma de Sheinbaum aunque hubo algunos integrantes del máximo tribunal que pedían ese curso de acción.

Piña no solo resistió durante la campaña, sino que a las pocas horas del triunfo de Sheinbaum operó la misiva de felicitación para la futura mandataria, sin reparar en que todavía no tenía la constancia del Trife.

El gesto fue correspondido casi de inmediato: desde el staff de Sheinbaum avisaron a la Corte, tal como reveló LPO, que Arturo Zaldívar no será el enlace con el máximo tribunal sino un asesor de corte más técnico para la reforma judicial. Entendible, si se contempla la tensión desbordante entre Piña y Zaldívar.

Piña ha tenido otro gesto, sigiloso, en favor del poder que viene. La ministra no quiere hablar con ningún jefe opositor – mucho menos con Alito-, de la última esperanza que le queda a un sector político devastado por los resultados del 2 de junio: que la Corte entienda que existe sobrerrepresentación y le quite diputados y senadores a la coalición oficialista para dárselos a los partidos PRI, PAN y MC.

Sheinbaum, por su parte, ayer sábado en Torreón fue consultada por la reforma judicial y la celeridad de esta. Ante la consulta de un periodista la futura presidente solo replicó: “ya hablaremos de ese tema”. El presidente Andrés Manuel López Obrador estaba a pocos metros.

En la Corte esperan que Sheinbaum gane tiempo con los foros sobre la reforma porque esperan presentarle una contrapropuesta que ya se encuentra en elaboración y que hace foco, según pudo conocer esta redacción, en un proceso de selección más estricto, una mayor supervisión de la conducta de los jueces y elementos más directos para la remoción de estos. Un paquete de profesionalización de la justicia para evitar el retroceso de que los jueces se voten, como sucede en algunas autocracias.

Un resultado que además sería funcional con la táctica preferente del presidente: jugar a fondo (los jueces electores por voto popular), para terminar en un intermedio que reforme ciertas cuestiones sensibles.

En la Corte entienden que además hay un interés común con el futuro gobierno que está atravesado por la reforma judicial: que la macroeconomía no se resienta y que México no pierda el grado de inversión en el mes de diciembre.