El proyecto de reforma judicial propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador considera para junio del 2025 la elección por voto popular de mil 688 cargos, entre ellos los Ministros de la Suprema Corte.
La iniciativa ordena la elección por voto popular de los integrantes de la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), así como de todos los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del País.
Según los lineamientos de la reforma, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendría que organizar en junio de 2025 la elección de al menos mil 688 cargos, de los cuales sólo 21 serían votados en todo el País, mientras que el resto se dividirían por estados.
Para el Poder Judicial de la Federación, los cargos de elección nacional serían 9 integrantes de la Corte, siete de la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) y cinco del Tribunal de Disciplina Judicial. Para cada uno, el Ejecutivo y la propia Corte podrían nominar hasta 10 candidatos, y el Congreso otros cinco.
El grueso de las votaciones sería para mil 649 jueces y magistrados, cifra que podría ser mayor para mediados de 2025, ante la constante creación de nuevos juzgados y tribunales, además de 18 lugares en salas regionales del TEPJF.
En la Ciudad de México, los electores tendrían que definir 339 puestos, 114 de jueces y 225 de magistrados, para los cuales podría haber hasta 2 mil 34 candidatos.
En el Edomex estarían en juego 114 plazas con hasta 684 candidatos; Jalisco, con 122 cargos y hasta 732 aspirantes, y Nuevo León, con 72 puestos y hasta 432 candidatos.
En contraste, en Colima sólo votarían por 14 cargos judiciales federales, mientras que en Campeche serían 17.
Los mil 649 jueces y magistrados en funciones, que tramitan más de dos millones de amparos y juicios penales, civiles y laborales, podrían participar en la elección, y seguirían en su cargo hasta que asuman los ganadores.
Si Morena quiere facilitar la reforma, podría limitar la elección popular a los 21 cargos cupulares del PJF, pues la Corte puede atraer y revocar la gran mayoría de las sentencias relevantes dictadas en órganos inferiores.
La iniciativa presidencial también obliga la elección por voto popular de poco más de 5 mil jueces y magistrados de los 32 tribunales estatales.
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