El miércoles 15 de mayo, personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro con sede en Tuxpan fue alertado de que en un domicilio de Coatzintla, Veracruz (la avenida Lázaro Cárdenas, en la localidad de Palma Sola), había personas privadas de la libertad por civiles que portaban armas de fuego.

Con apoyo de la Marina, el personal de la UECS se dirigió al domicilio para llevar a cabo tareas de reconocimiento. Afuera del inmueble, según la versión oficial, ubicaron a dos individuos a bordo de un Kia, quienes “al notar la presencia del personal operativo comenzaron a realizar detonaciones de arma de fuego”. Los agresores, se lee en el parte, se refugiaron en el inmueble y ahí fueron detenidos. Uno de ellos era Silverio Daniel Cruz.

Un día más tarde se llevó a cabo en ese domicilio una diligencia de cateo “con fines de exhumación”. Se recuperaron dos cuerpos “sin identificar”, así como credenciales y documentos a nombre de Emma Lucía Bandala y Santiago Rodríguez Navarro, una pareja de Poza Rica que estaba desaparecida desde el 8 de abril, y cuyos familiares buscaban desesperadamente.

Ese 8 de abril, el señor Rodríguez Navarro recibió una llamada a su número celular. Lo citaron para que mostrara una camioneta cuya venta había anunciado en redes sociales. Su mujer se empeñó en acompañarlo “para mayor seguridad”. Salieron de Poza Rica, no se sabe si rumbo a Tuxpan o rumbo a Coatzintla, a bordo de una Pathfinder 2016.

Esa tarde la señora Emma llamó a un familiar para encargarle que le diera de comer a sus hijos. Cuando le preguntaron por su esposo, la voz se le quebró y acto seguido se cortó la comunicación.

No volvieron a su domicilio. Al día siguiente sus hijos intentaron denunciar la desaparición, pero en la fiscalía les dijeron que era preciso esperar.

Uno de los hijos vio que a la computadora de su padre llegaban notificaciones de “transacción exitosa”. Lo reportó de inmediato a la fiscalía, pero el personal se negó de nuevo a tomar la denuncia.

Como relaté en una entrega anterior, hasta que la familia llevó al caso a las redes sociales la fiscalía aceptó abrir una carpeta de investigación. Habían pasado ya 14 días desde la desaparición del matrimonio.

Hoy se sabe que la familia recibió una llamada en la que le exigieron un rescate de un millón de pesos. Era precisamente la cantidad que el señor Rodríguez Navarro acababa de cobrar al jubilarse como empleado de Pemex. Esa llamada se cortó y no volvió a darse ningún otro contacto.

La familia denunció que en la fiscalía, ni el policía a cargo de la investigación ni el asesor de crisis que les habían proporcionado, les tomaban la llamada. Tampoco contestaban sus mensajes.

El 6 de mayo se enteraron por las redes sociales de que la Pathfinder acababa de aparecer en el estacionamiento de un hotel. Acudieron al lugar y con una llave electrónica comprobaron que se trataba de la camioneta de sus padres, aunque acababan de pintarla de blanco.

La policía se llevó a varias personas en calidad de detenidos y se llevó también la camioneta. A los familiares siguieron sin tomarles la llamada.

De acuerdo con la fiscal Verónica Hernández Giadáns, “desde que se tuvo conocimiento de los hechos se procedió a brindar asesoría especializada correspondiente al manejo correcto de la negociación, se iniciaron trabajos de gabinete y campo, consistentes en la identificación de lugares, personas y análisis de telefonía celular, así como diversas periciales”.

El 15 de mayo el personal de la UECS “fue alertado” y llegó al domicilio donde, tras un enfrentamiento, fue detenido Silverio Daniel Cruz, y en donde un día más tarde se hallaron dos cuerpos sepultados, así como documentos e identificaciones pertenecientes a las víctimas.

La familia no fue informada del hallazgo, sin embargo, sino hasta el 5 de junio. La defensa de la familia se enteró de que en la fiscalía se había tomado la decisión de esperar a que pasaran las elecciones. El argumento fue que era necesario aguardar el dictamen de identidad.

Las razones del secuestro y el asesinato del matrimonio la fiscalía las tenía, sin embargo, desde que Silverio Daniel Cruz, “quien forma parte de un grupo de la delincuencia organizada”, fue detenido.

Había tramado el secuestro de la pareja para vengarse.

En enero de 2022, la señora Emma Lucía Bandala demandó por la vía civil a los ocupantes ilegales de un inmueble de su propiedad. Esos ocupantes ilegales eran los padres de Silverio Daniel.

Tras un juicio de varios meses, en marzo de 2023 el inmueble fue desalojado y se llevó a cabo la diligencia de entrega a su legítima propietaria. Para vengar ese supuesto agravio, Silverio Daniel organizó y ejecutó el secuestro y asesinato de Emma Lucía y de su esposo Santiago.

Hoy una familia está deshecha. Fue atropellada por el crimen y por la irresponsable omisión de las autoridades en el municipio veracruzano más violento e inseguro. Fue atropellada, también, por el más mezquino cálculo político.