La Reforma Judicial va y con carácter de urgente, según lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa de Palacio Nacional, chocando con las formas y tiempos que transmitió en un inicio la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, en el sentido de que esta modificación constitucional se construiría con más calma, tras un diálogo amplio en el que participen los expertos en la materia.

Es claro que hay diferencias entre las posturas que en este tema mantienen el Presidente actual y la Presidenta electa, por lo que el futuro del Poder Judicial de la Federación dependerá del personaje que logre imponer sobre el otro su autoridad. Hasta con besos y abrazos, AMLO busca como siempre transmitir la idea de que tiene total dominio e influencia; mientras que Sheinbaum cambió ayer su discurso para clarificar que el proyecto está por encima de los personajes.

Aun en este escenario, en el que la Presidenta electa tiene como prioridad contener una fuga de capitales, existe un margen para que el proyecto de Reforma Judicial pueda ajustarse a los caprichos de López Obrador, sin llegar a esos extremos de desaparición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como se conoce actualmente, que es lo que tanto teme el mercado. En otras palabras, hay alternativas seguras para someter a los ministros al voto popular y quitar del camino a la ministra presidenta Norma Piña.

Los arquitectos de este proyecto de Reforma son el ministro en retiro Arturo Zaldívar y el exmagistrado electoral Salvador Nava, quien se ha colado al equipo de la próxima Presidenta y se apresta a ser el consejero jurídico, sobre todo ante la posibilidad de que renazca la duda sobre si el expresidente de la Corte tiene impedimentos legales para ocupar ese cargo.

Los parámetros sobre los que se mueven los borradores de la iniciativa apuntan a que, en el caso de la elección de ministros, el voto tendría cabida una vez que los perfiles se sometan un proceso de selección especializado. Se contempla que la titular del Poder Ejecutivo envíe al Senado una terna de candidatos para que éste decida cuál tiene mejores credenciales como guardián de la Constitución. El voto popular sería para ratificar al elegido.

El proceso electoral correspondiente a la definición de ministros y quizá también de magistrados sería un referéndum de aprobación del perfil designado por los poderes del Estado, en el que las únicas respuestas posibles serían un “sí” o un “no”. También se evalúa que los jueces del ámbito civil o familiar, identificados como los más cercanos al pueblo, se sometan a este proceso de aprobación.

Respecto al otro capricho de AMLO, de sacar de la Corte a la ministra Norma Piña, también podría cumplirse sin realizar una cirugía mayor. El proyecto de reforma contempla reducir de 11 a 9 los integrantes del tribunal constitucional. El siguiente paso sería definir el método adecuado para que entre los ministros que abandonen el pleno se encuentre precisamente la actual presidenta del máximo órgano de justicia y probablemente también Alberto Pérez Dayán o Juan Luis González Alcántara, ubicados como “adversarios” de la 4T.

El caso del ministro González Alcántara Carrancá es más particular, porque llegó de la mano de López Obrador y de su grupo político, pero, en los términos del propio Presidente, optó por “traicionar al movimiento” al consolidarse como principal asesor de la ministra Piña.

Con una mayoría calificada en el Congreso, Morena y sus aliados podrían controlar en un par de años a la Corte, colocando a los perfiles de ministros que ellos quieran, pero lo que se debate en estos días es el legado con el que López Obrador pretende dejar su gobierno: con una sacudida estructural del Poder Judicial de la Federación, entre otras cosas porque tanto jueces como magistrados y ministros le dieron al traste a algunos de sus proyectos o por lo menos los retrasaron.

La presidenta de la Corte no supo jugar sus cartas, porque se aferró a su máxima de que “sus sentencias hablan por ella”, razón suficiente por la cual no debía tener relación ni guardar las formas con el Presidente en turno, los integrantes del gobierno federal ni nadie de la 4T. El mal cálculo político se terminará por llevar de corbata a todo el Poder Judicial. Pésimo legado.

Posdata 1

El domingo por la noche, la cúpula de la iniciativa privada pidió reunirse con algunos funcionarios del equipo más cercano a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. El nerviosismo de los mercados contagió a los hombres y mujeres de negocios del país.

Fue el Consejo Mexicano de Negocios, el club de los ultrarricos de México, el que pidió audiencia con uno de los coordinadores de Sheinbaum con el sector empresarial, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien atendió al llamado de los empresarios. Su preocupación era la misma de los mercados financieros: el “Plan C”; las reformas constitucionales y en particular la judicial.

Con los elementos a su mano, Ramírez Cuéllar intentó tranquilizarlos y les habló de la reunión que sostuvieron el lunes el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum. Los acuerdos de aquella comida en la que se sirvió sopa de jitomate y pescado ya son de todos conocidos.

Posdata 2

Este mes va a anunciarse la salida de Andrés Téllez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México. El abogado que inició en ese puesto con el gobierno de Delfina Gómez estaba a la espera de que transcurrieran las elecciones del 2 de junio para entregarle a la gobernadora el cargo, como una especie de “misión cumplida” y porque eran visibles y conocidos sus choques con el secretario de Gobierno, Horacio Duarte.

Con todo, en el Estado de México hubo una buena operación, pues esta entidad aportó 4.9 millones de votos a Claudia Sheinbaum para la Presidencia de la República. En diputaciones federales, Morena y sus partidos aliados se llevaron 39 de 40 distritos. A nivel local, ganaron 88 de 125 municipios y el congreso también obtuvo mayoría.

Quien va a sustituir a Téllez será el teniente Cristóbal Castañeda Camarillo, exsecretario de Seguridad de Sinaloa.

Posdata 3

En los próximos días iniciarán los trabajos del equipo de transición. Una dependencia clave es el ISSSTE, que encabeza actualmente Bertha Alcalde Luján.

Hay un larga lista de denuncias relacionadas con malos manejos en la asignación de contratos del ISSSTE. El reflector está puesto sobre el subdirector de Recursos Materiales y Servicios, Juan Carlos Suárez Guzmán, señalado por competidores por presuntamente beneficiar a contratistas favoritos.

Uno de estos, según las denuncias, es Confecciones Isaac, de Jaime Alejandro Vera Vázquez, que participa actualmente en el proceso 51-GYN-051GYN006-N-5-2024 para la adquisición de material e insumos de impresión. El tema lo llevan Oscar López Sánchez, Jefe de Servicios de Seguridad y Protección Civil, y Víctor Rocha López, jefe de Servicios de Adquisiciones, ambos pertenecientes a la subdirección encabezada por Suárez Guzmán, que por cierto nada tiene que ver con el taller de imprenta del instituto.

El concurso se ha diferido en dos ocasiones. La también proveedora de uniformes, Confecciones Isaac, ofertó 163 millones de pesos. La empresa de Vera participa en bloque con otras razones sociales como son Comercializadora Munrro e Industria Manufacturera Radi, presuntamente para simular competencia.

Posdata 4

Este martes se presentó la revista El Mundo del Derecho (EMD), que edita el Heraldo Media Group y preside el abogado Antonio Olguín. La publicación ya lleva tres ediciones y viene a tomar el lugar que en su momento ocupó la revista El Mundo del Abogado, aunque EMD nada tiene que ver con ésta.

El lanzamiento de esta publicación se hace en un contexto muy relevante para el mundo de los abogados: en medio de la discusión de la Reforma Judicial. A la presentación acudieron prominentes abogados como Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y el magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. El director de la revista es el abogado Gerardo Laveaga.