Claudia Sheinbaum tomó nota del hecho de que el pleno de la Corte Suprema ni siquiera esperó a que ella tenga la constancia de presidente electa para felicitarla. Un mensaje muy calculado con el cual Norma Piña aspiró a dejar atrás la revelación de su cena con Alejandro Moreno Cárdenas, titular del PRI, días antes de las elecciones.
Ante este panorama, la futura presidente ya tiene decidido que Arturo Zaldívar no será su interlocutor con el Poder Judicial, así como tampoco su consejero jurídico, cargo para el que se encuentra inhibido por su reciente pasado en la Corte.
Su papel sería más bien el de elaborar programas y proyectos para mejorar el funcionamiento de los tribunales en su conjunto. “Le buscaremos crear una Comisión para la Reforma del Poder Judicial, o algo por el estilo”, afirman desde los equipos de Claudia.
Zaldívar tiene un enfrentamiento total con Piña, que lo investiga por supuestas presiones a jueces y magistrados para que estos resuelvan expedientes en favor de la posición del Gobierno. Retirarlo del tablero es un primer paso para generar una convivencia estable.
Este vínculo entre el gobierno que viene y la Corte es crucial para entender la viabilidad del Plan C. Básicamente, comprender si Sheinbaum aportará en las aristas más delicadas, como el hecho de que los jueces de la Corte estén atados al voto popular.
En esa interlocución jugaría un papel de peso el ministro Javier Laynez, que es escuchado por Piña pero que también tiene nexos con el entorno de Sheinbaum.
A finales de mayo Láynez enfatizó la importancia de que los jueces sean seleccionados exclusivamente por su mérito académico, profesional y ético para garantizar su independencia. Durante la sesión solemne conjunta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el ministro destacó que este sistema es crucial para asegurar la neutralidad de los jueces frente a todas las partes involucradas, incluyendo los poderes constituidos y fácticos.
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