Dice Guadalupe Acosta Naranjo que “todavía no hemos visto al peor López Obrador”. Lo conoce bien y sabe de qué habla.

Entonces, ¿qué sigue? Cuesta imaginarlo, porque no son leves sus zarpazos de despedida.

La libertad de expresión en México es una conquista en extinción.

La independencia del Poder Judicial tiene los meses contados.

¿Qué sigue, pues?

El golpe del presidente López Portillo cuando estatizó la banca, es de calibre similar a la bomba que AMLO ha puesto a los cimientos del Poder Judicial: destruirlo para entregárselo a un partido, el suyo, el que fundó, el que maneja a su antojo.

Salvo que en septiembre se modifiquen las reformas hechas para la venganza, no habrá ciudadano ni despacho de abogados que le gane un juicio al gobierno de Morena.

Ni jueces que arriesguen su permanencia en el cargo, o reciban un castigo, si fallan contra la voluntad del Tribunal de Disciplina que estará por encima de la Corte, y será electo por voto popular, es decir por el partido.

Eso es soviético.

La persecución contra el periodista Carlos Loret es una venganza ejecutada con sevicia.

El periodista Loret es un perseguido al que han dejado solo.

De poco o nada sirven los (escasos) artículos y notas en solidaridad con Loret que podamos publicar sus colegas.

Nadie del equipo que asumirá el gobierno en octubre ha expresado una sola palabra de compromiso con lo elemental: la libertad de expresión.

Han hecho mutis en el caso Loret.

Eso sí sería importante que lo digan: Carlos Loret –y el periodista que sea– tiene derecho a investigar y publicar asuntos de interés público sin ser perseguido por los órganos coercitivos del Estado, aunque esté equivocado.

No existe compromiso con la libertad de prensa en el gobierno entrante. Son iguales de autoritarios, o le tienen miedo a López Obrador.

Que no lo vea quien no lo quiera ver, pero del equipo de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no ha salido ni una mínima señal de simpatía a la libertad de expresión.

Mucho menos de protección a periodistas víctimas de los atropellos ilegales del gobierno: espionaje, revelación de datos personales cuya privacidad están tutelados por la ley, acoso a dueños de medios para que los despidan.

Así es el presente y así pinta el futuro.

La libertad de prensa es un bien social que se extingue en México.

Es falso que Loret, su esposa y Víctor Trujillo sean investigados por la UIF porque “ganan mucho dinero”.

La persecución es el castigo por dar a conocer los gigantescos negocios turbios que se han hecho con el consentimiento del gobierno.

En lugar de alentarlo a seguir investigando, para limpiar lo que prometieron limpiar, le echan a la Unidad de Inteligencia Financiera encima.

López Obrador se ha ensañado contra muchos periodistas y dueños de medios de comunicación que le resultan desagradables.

Desprestigio, asfixia económica, venganza, escarnio público salen de Palacio Nacional.

Las empresas privadas lo piensan dos veces antes de anunciarse en un medio señalado como enemigo del todopoderoso e intolerante mandatario.

Es muy poco elegante que el presidente López Obrador se lave las manos en la persecución contra Loret y Latinus. Es un asunto de la UIF, no es cosa mía, dice.

Los persigue Pablo Gómez, no yo.

Lo que hace es de terror.

Y nadie, absolutamente nadie de Morena y del equipo de transición de la presidenta electa, dice nada.

Perseguir y, si es posible, encarcelar a los dueños de Latinus y a sus periodistas por supuesto “lavado de dinero”, es un extremo al que no llegó el presidente López Portillo.

También lo han hecho contra otros medios de comunicación. A periodistas, ni se diga. Extorsión, es el nombre.

El boquete que causará la reforma judicial, de concretarse como la pide el Presidente, puede ser del tamaño al que provocó López Portillo al estatizar la banca.

Nuestros dos grandes socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, ya han expresado su preocupación por el daño que pueda causar la reforma a la certidumbre jurídica indispensable para invertir.

¿Nadie del equipo que tomará las riendas del país en octubre puede llamar a la serenidad al Presidente?

Hasta ahora, no. Por miedo, o porque piensan lo mismo que él.

La reforma al Poder Judicial no es otra cosa que venganza contra juzgadores y ministros que se atrevieron a decirle no al Presidente.

Si fueran reformas para mejorar la justicia en el país, habría que empezar por las policías: más de 90 por ciento de quienes cometen un delito no son puestos a disposición de un juez.

Falso que las reformas sean una demanda popular.

Casi dos terceras partes de la población (62 por ciento) no las conoce, de acuerdo con la encuesta de EL FINANCIERO publicada ayer.

¿Por qué no se inicia una amplia discusión entre especialistas para reformar el sistema de justicia, que ciertamente es malo?

¿Por qué la prisa? Ya, ya, ahorita, en septiembre.

Porque es venganza personal.

“Todavía no hemos visto al peor López Obrador”, dice Acosta Naranjo.

No es el único que piensa eso.