La confirmación de que el controvertido Plan “C” será sometido a votación en el próximo periodo de sesiones del Congreso, ha provocado un ambiente de tensión, miedo, incertidumbre y hasta divisiones al interior del Poder Judicial de la Federación. Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta el Consejo de la Judicatura Federal, pasando por el Tribunal Electoral y entre los jueces y magistrados de todo el país, hay preocupación por lo que provocará la Reforma Judicial de López Obrador y Claudia Sheinbaum, que sienten ya no sólo como una venganza política del mandatario saliente, sino como algo que amenaza sus trabajos, carreras y trayectorias.

Las posiciones sobre la defensa del Poder Judicial se han dividido en todos los niveles de la institución constitucional. Entre los 11 ministros de la Corte hay fuertes divergencias sobre lo que vendrá en el mes de septiembre. De un lado están los ministros independientes o que apostaron a la derrota del Presidente, entre los que hay posiciones fuertes como los que hablan de un “golpe de Estado” al tercer poder constitucional y, aunque ninguno de ellos se ha expresado públicamente, fuentes internas nos dicen que en ese grupo, donde se ubica a la presidenta Norma Piña y a los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayan, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara y Javier Laynez Potisek, literalmente “todos están en shock” ante el avance cada vez más real de la iniciativa constitucional que desaparecerá a la actual Suprema Corte.

Luego está la ministra Margarita Ríos Farjat, que mantiene una posición más intermedia y que, aunque votó en varios temas en contra de los temas y controversias que involucraban al gobierno federal, al final mantiene ciertos vasos de comunicación con la 4T y nunca asumió una posición ni radical ni de confrontación con los ataques del presidente López Obrador. Y el tercer bloque lo conforman las ministras afines a la 4T, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz y Lenia Batres, entre las cuales, si bien también les impactará y afectará la reforma lopezobradorista, porque perderán sus cargos, al final aceptan de mejor manera el fuerte cambio que se avecina para la Corte.

Pero junto con los anuncios del golpe que destruirá al Poder Judicial que hoy conocemos, para poner en su lugar nuevos funcionarios con un modelo de voto popular que aún entraña demasiadas dudas y peligros, también llegó a los pasillos de las instituciones judiciales el rumor de la discordia. Entre los jueces y magistrados federales que conforman la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Circuito del PJF, se dividieron tanto las posiciones sobre cómo deben defenderse de este embate constitucional, que el presidente de la Jufed, Daniel Sánchez, renunció a su cargo, luego de que su postura fuera a favor de “tender puentes de diálogo con la 4T” y con sus legisladores.

La presión de sus compañeros más radicales, que exigen tomar acciones como paros laborales y una campaña mediática contra el Plan “C”, hizo que el magistrado Sánchez prefiriera dejar el cargo por no coincidir con la estrategia de resistencia y confrontación que quiere la mayoría de los juzgadores de la Jufed. Y es que en la organización de los jueces y magistrados están tan enojados que incluso se corre fuerte el rumor y la exigencia de que quieren pedir la renuncia de la ministra presidenta, Norma Piña, a la que acusan de ser “la responsable del enfrentamiento con otros poderes” que hoy ha puesto a todo el Poder Judicial en la picota de la 4T.

Los magistrados y jueces más radicales, señalan que “la falta de experiencia política de la ministra Piña, junto con sus rutinas vespertinas, tienen hoy de rodillas a los juzgadores federales” frente al embate presidencial, y responsabilizan a la presidenta de la Corte de haber tomado posiciones, discursos y decisiones que ahondaron el enfrentamiento con el Poder Ejecutivo, incluso dentro del contexto de las pasadas elecciones, cuando se dio a conocer la investigación del Consejo de la Judicatura contra el expresidente Arturo Zaldívar, colaborador de la campaña de la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Muchos de esos magistrados y jueces que antes apoyaron a Norma Piña y respaldaron su defensa de la autonomía e independencia de los jueces, hoy son los mismos que piden su renuncia y la culpan del desenlace fatal que tendrá para todas las instituciones del Poder Judicial su enfrentamiento directo con el presidente López Obrador.

Y en medio de todo eso, están los trabajadores de base del Poder Judicial Federal, que si bien la polémica reforma constitucional, en teoría no les afectaría a ellos, también expresan temor, estrés e incertidumbre sobre lo que vendrá en sus áreas de trabajo y cómo estos cambios afectarán su estabilidad laboral.

Así que, contrario a lo que reza la ya célebre frase “Que nunca llegue el rumor de la discordia”, inscrita en el frontispicio del majestuoso Teatro Degollado de Guadalajara, podría decirse que a las instituciones del Poder Judicial -que tienen sus días contados por un capricho y una venganza presidencial, revestida de “democracia y mandato popular” pero que más bien busca controlar y someter a la Suprema Corte y a los jueces y magistrados a los intereses del régimen y de su movimiento político- les llegó el rumor de la discordia.

NOTAS INDISCRETAS…

La respuesta que ayer le dio el Presidente a la DEA estadounidense y su memorando interno en el que alertan sobre el peligro de que los cárteles del narcotráfico mexicanos postulen a sus abogados como candidatos a jueces, ministros y magistrados, aprovechando la reforma judicial que se pretende aprobar en septiembre, confirma claramente que el mismo López Obrador sabe del riesgo que representa su idea populista y demagógica de cambiar a la Suprema Corte actual y al Poder Judicial de la Federación, para que sus nuevos integrantes sean electos por el voto popular. Porque el mandatario mexicano reconoció de entrada que sí existe el peligro del que advierte la DEA, pero lo que no le gustó es que la agencia antidrogas de los Estados Unidos, con la que tiene una confrontación abierta, opinara sobre un tema que, dice, sólo le compete a los mexicanos. “¿Quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quién les autorizó a meter su cuchara en nuestros asuntos?”, dijo ayer el Presidente en su conferencia matutina. Y es que las alertas que lanzaron en la DEA no son sólo una ocurrencia y tienen todo el sentido en un país donde el narco y sus capos ya se infiltraron en el sistema electoral y hoy dominan incluso niveles completos de gobierno, como las presidencias municipales, además de financiar campañas para gobernadores estatales. Pero además, la advertencia de la agencia antidrogas también tiene que ver con la experiencia de Bolivia, el único país del mundo que hoy elige a sus ministros, jueces y magistrados por el voto popular. Luego de que se aprobó ese mecanismo, también vía una reforma constitucional, en el gobierno de Evo Morales, la DEA documentó que los productores de la cocaína boliviana postularon a la mayoría de los candidatos a ministros que hoy conforman el Poder Judicial boliviano. De ahí que adviertan que ese mismo fenómeno se puede repetir en México. Pero como dijo el Presidente, ¿quiénes son ellos y que saben de los poderosos tentáculos del narcotráfico en el mundo?….Se baten los dados. Repite la Serpiente.